La Conferencia Sectorial de Infancia, que se celebró este jueves y que se prolongó durante dos horas y media, concluyó sin poder abordar ni votar ninguna de las cuatro propuestas de reparto de menores migrantes no acompañados desde Ceuta hacia otras comunidades autónomas. La ausencia de Extremadura, Aragón y Castilla y León —territorios en los que la gestión del área depende de Vox, que se niega a sentarse con el Gobierno y exige la devolución de todos los migrantes que llegaron a la ciudad autónoma a finales de julio— inhabilitó procedimentalmente el debate, al exigirse la presencia de la totalidad de las autonomías para incluir dicho punto en el orden del día. No obstante, sí aprobaron, por unanimidad de todos los ejecutivos regionales que asistieron a la reunión de manera telemática o presencial, la partida de 25 millones de euros a la que el Consejo de Ministros dio el visto bueno esta semana, destinada a la atención de estos jóvenes, aunque varias regiones la tildaron de «insuficiente».

Tras la reunión, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, detalló que el Gobierno continúa trabajando en la posible reunificación familiar con el país de origen como primera opción, aunque recordó que hay 600 expedientes en manos de Marruecos «sin responder» desde antes de que se produjese la avalancha de personas a finales de julio. La dirigente justificó la urgencia de buscar soluciones en Península con las cifras de la crisis sobre la mesa: Ceuta alberga en su sistema a 1.500 menores – una cifra que es susceptible de seguir aumentando en los próximos días o semanas, a medida que se vayan identificando a aquellos que permanecen escondidos o vagando por las calles – , de las que, aproximadamente, 700 serían niñas y entre las que hay un peso elevado de menores de 13 años.

Pese a las insistencias de Rego en aligerar el sistema de Ceuta para poder dar solución lo antes posible a los menores, a los que calificó como «víctimas» de lo sucedido, los consejeros populares mantuvieron un discurso de cisma y crítica contra el Gobierno. La Comunidad de Madrid, que ya había expresado su rechazo frontal a recibir más menores, tras el encuentro, volvió a insistir en que la única salida a esta crisis migratoria pasa por la devolución de todos los menores a Marruecos, haciéndose eco de las recientes palabras lanzadas por el Ejecutivo del país magrebí. «Ya han dicho que su sistema de acogida está más que lista», señaló la consejera madrileña, Ana Dávila, quien tildó de «absolutamente ilegal» intentar votar la propuesta fuera del orden del día y tachó los 25 millones de «insuficientes» al estimar que solo darán para dos meses de atención.

Una crítica económica que compartieron desde Baleares y la Comunidad Valenciana. La consellera Elena Albalat advirtió de que «la respuesta al caos no puede ser trasladar el problema» y exigió una actuación «caso a caso» centrada en la reunificación. En esta postura coincidieron Castilla y León —que avisó de que recurrirá «expediente por expediente» si no se garantiza el trámite de retorno o la acreditación de edad— y la portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, que acusó al Ejecutivo de aplicar un «rodillo» sin tener datos reales. Por su parte, la consejera canaria Candelaria Delgado solicitó que el Estado aplique el Pacto Europeo de Migración para hacer el triaje fuera de Ceuta – repartiendo los menores por otras comunidades – y reclamó recuperar la partida de 100 millones de euros para traslados estatales que el ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, prometió hace un año en el Congreso, durante el debate para la aprobación de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que permite la derivación de niños en situaciones de contingencia.

Frente al freno mayoritario de los populares, Navarra supeditó cualquier colaboración a que existiera un reparto «equilibrado» entre todos los territorios, pero ratificó la necesidad de que las autonomías adopten una postura «solidaria» para lograr una solución «conjunta y coordinada». La consejera navarra, Carmen Maeztu, reprochó al PP la construcción de «muros en vez de puentes» y alertó del riesgo de trata que sufren las más de 600 niñas que se encuentran en estos momentos en Ceuta. Desde Cataluña, el conseller Raúl Moreno, que acudía con una postura abierta a que se pudiese dar un debate sobre lo que está ocurriendo en Ceuta, defendió la necesidad de articular los distintos mecanismos de colaboración entre administraciones, aunque evitó pronunciarse sobre si su territorio estaría dispuesto a acoger alguno de los menores que salgan de la ciudad. Sí pidió al PP «altura de miras» para no imitar la posición «deshumanizadora» de Vox.

Asimismo, la consejera de Bienestar Social de Castilla – La Mancha, Bárbara García Torijano, recordó que «los niños no son invasores» y respaldó el crédito de 25 millones, solicitando explorar alternativas que no sobrecarguen unos sistemas autonómicos ya «tensionados», aunque puso sobre la mesa que su región no tiene capacidad para acoger a más menores. Por su parte, el lehendakari Imanol Pradales evitó adelantar si Euskadi acogerá a más jóvenes al advertir de que su red asistencial está «absolutamente tensionada» —con unos 1.000 menores atendidos pese a estar dimensionada para algo más de 600—, aunque defendió que debe prevalecer el «interés superior del menor» y reclamó una evaluación individualizada que priorice el retorno familiar seguro antes de acometer cualquier derivación.

Ante la presión migratoria en Ceuta, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, reclamaba la «intervención total» al defender que la ciudad no cuenta con los recursos necesarios para afrontar dicho reto. Frente a ello, la ministra Rego recordó que la tutela legal corresponde a las autonomías, por lo que el Ejecutivo no podría asumir legalmente este aspecto de la crisis unilateralmente. No obstante, puso sobre la mesa un paquete de cuatro alternativas que ahora las comunidades deberán estudiar.

Entre los mecanismos puestos sobre la mesa por el Ministerio está la aplicación de las vías de acogida recogidas en la ley de extranjería, así como convenios bilaterales entre comunidades. A estas opciones se suma la activación de programas de acogimiento familiar —se han detectado «bastantes» casos de familias que se ofrecen— y un plan para la derivación de 500 niñas. Este último, es el operativo más urgente en el que trabaja el departamento de Rego. Y pese a que Vivas denunció hace unos días que no tenía constancia, la ministra recalcó que el siguiente paso lo tiene que dar el Gobierno ceutí, que es quien tiene la tutela de las menores y, por tanto, el único con capacidad para decidir su futuro.