Día clave para el archipiélago en la gestión de la migración y, en concreto, en la atención de los menores migrantes no acompañados. Han pasado más de dos meses desde el 12 de junio, día en el que entró en vigor el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea y, todavía, no hay directrices claras de cómo se tiene que aplicar en los territorios que son frontera sur de la migración, como es el caso del archipiélago. Hay una cuestión en concreto que preocupa a las islas, y es la designación del representante de los niños y niñas durante la fase de triaje (momento del control en frontera).

Es por ello por lo que durante el tiempo de ruegos y preguntas de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que tiene lugar hoy con el tema central de Ceuta, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, aprovechará para elevar al Ejecutivo la cuestión sobre el representante que debe estar presente en el proceso de identificación de los niños y niñas que llegan a territorios como el archipiélago.
Precisamente, esa es una de las novedades que incluye el pacto migratorio de la UE, si bien, ha generado un debate entre los Gobiernos central y regional al no concretar de quién es la competencia para designarlo. Cabe recordar que en julio de este año la Delegación del Gobierno en Canarias elevó un requerimiento para que la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias designara, en un plazo de 15 días, a representantes temporales para los niños y niñas que han llegado en solitario a las costas de las islas durante la fase de triaje.

Así, durante este último mes ambos ejecutivos no han dejado de trabajar para dilucidar a quién corresponde esta cuestión. De hecho, los servicios jurídicos del Gobierno canario están a la espera de un informe de la Abogacía del Estado para tratar de clarificar un protocolo diseñado para velar por el interés superior del menor.

Y es que el Ejecutivo regional entiende que la competencia es estatal y es al Gobierno central a quien le compete nombrar a este representante por tratarse de actuaciones vinculadas al control fronterizo y a la entrada de personas migrantes en el país.

En la Conferencia Sectorial de Infancia que tiene lugar hoy el tema principal es Ceuta y la realidad migratoria que afronta la ciudad autónoma desde que el 30 de julio de este año decenas de miles de personas, entre ellas menores de edad, entraran a nado al territorio, una de las tragedias migratorias más importantes vividas en la península. En ella se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de estos chicos y chicas, así como la posible distribución de estos jóvenes entre las distintas comunidades autónomas.

Desde abril del año pasado existe en España un sistema de solidaridad obligatoria mediante el cual la responsabilidad de los chicos y chicas es compartida entre las regiones. Con la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, impulsada por el archipiélago y por el PSOE a nivel nacional, los niños y niñas que llegan solos a un territorio con su red de acogida saturada, como es el caso de Canarias o Ceuta, deben ser derivados a otras comunidades donde continuar su proyecto migratorio.

La idea es aliviar la presión de la región en la que se haya superado por tres su capacidad de acogida ordinaria y, así, poder garantizar una respuesta digna. De hecho, la ciudad autónoma lleva en contingencia migratoria desde agosto del año pasado y, tras los últimos acontecimientos, su situación ha empeorado. Se calcula que de las 80.000 personas que entraron de manera ilegal a la ciudada autónoma, 2.900 eran menores de edad y continúan en el territorio. Es competencia autonómica atenderles.

De momento, solo Andalucía, Cataluña, Murcia, Galicia, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Navarra y Canarias han confirmado su presencia en esta reunión técnica entre el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y los directores generales de Infancia de las regiones.