Punto de partida. Este jueves tiene lugar en Madrid la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia.

Por primera vez desde que tuvo lugar la invasión en Ceuta del pasado 30 de julio.

El objetivo de la convocatoria es aprobar un primer crédito de 25 millones de euros para la ciudad autónoma. Así se acordó en una reunión previa, que tuvo lugar a mediados de agosto, en la que las comunidades del PP impidieron establecer en el orden del día un posible reparto de los menores no acompañados que lograron cruzar la frontera en el asalto masivo y que nunca regresaron de vuelta a su país de origen.

A pesar de que el Gobierno, por boca del jefe de Exteriores, anunció que la prioridad era el retorno de «todos» los ilegales, mayores y menores, va pasando el tiempo y la realidad termina por imponerse. La ley dice lo que dice y la posibilidad de devolver a los niños como si fueran un correo averiado torna difícil.

Porque las normas no han cambiado y, por lo tanto, la legislación nacional y los convenios internacionales protegen siempre el interés superior del menor.

Por mucho que España selló con Marruecos un acuerdo en 2007 para prevenir la emigración ilegal de menores no acompañados que, la única vez que se quiso aplicar acabó en tragedia.

Lo recordaba ayer en las páginas de LA RAZÓN

la que fue vicepresidenta primera de Ceuta, y responsable del Área de Menores,

Mabel Deu

, condenada a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.

Cuando en 2021 tuvo lugar un ensayo de lo que ha sucedido ahora y entraron en Ceuta unos diez mil inmigrantes, ella y la entonces delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, fueron las encargadas de ejecutar las órdenes del Gobierno central y procedieron a la expulsión de los menores inmigrantes. Hasta que intervino la Justicia y frenó en seco el procedimiento.

Ahora, las autoridades al mando de la crisis corren el mismo riesgo. Si se vuelven a acometer «devoluciones en calientes», el desenlace puede ser el mismo. Y nadie quiere terminar empurado. De las palabras a los hechos, media la ley. Por lo que las promesas de

José Manuel Albares

y

Fernando Grande – Marlaska

fueron castillos en el aire. No se pueden cumplir. No es posible. La única alternativa es un procedimento largo y tedioso.

Toca identificar a cada menor lo primero. A partir de ahí: investigar sus circunstancias familiares, en colaboración con las autoridades diplomáticas de Marruecos, determinar si existe una familia con la que pueda reunificarse o unos servicios de protección que puedan hacerse cargo de él. Luego, si el país de origen lo acepta, llega el siguiente paso: estudiar si el retorno es la mejor opción. Porque, en caso de que no esté garantizada su protección, le toca permanecer en nuestro país.

Para más inri: si el menor tiene más de 16 años, puede alegar el proceso. El colofón es una audiencia en la que deberían participar la Fiscalía, el tutor del menor y los responsables gubernamentales.

Es decir, que con los medios actuales se antoja inviable un retorno acelerado de los más de 2.000 menores que hay filiados. Si cada devolución ha de hacerse de forma individualizada, el horizonte temporal se prolonga meses y meses. Puede que hasta años.

El dilema es que, esta vez, a diferencia de otras crisis, el gobierno de Ceuta se opone a un traslado de los menores a la península. Porque cree que alimentaría el «efecto llamada». Por otro lado, los gobiernos populares, todos, que son la mayoría, han dicho que no hay ningún reparto que abordar.

«Hablamos de retornos, no de repartos»

,

aseguró este lunes

el portavoz nacional del PP,

Borja Sémper.

A la posición de los populares hay que sumarle la presión de Vox.

A la reunión de hoy faltarán tres administraciones: Extremadura, Aragón y Castilla y León

, porque los responsables del área de menores, que son los vicepresidentes de Vox, han dicho que nanai. Que no piensan acudir a la cita para abordar una cuestión a la que se oponen sin necesidad de debatir nada. Punto de partida para una batalla que va para largo. Porque la única fórmula que contempla el Gobierno es la distribución de los niños. Y las comunidades se niegan.