La decisión del Ministerio del Interior de descartar, por el momento, la intervención de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) en la crisis migratoria de Ceuta encuentra ‘respaldo’ entre destacados mandos policiales. Algunos, consultados por este periódico, recelan de la utilidad de la agencia europea en la gestión de los flujos migratorios en situaciones de colapso (como la ocurrida ahora en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes del pasado mes de julio) al advertir de que la presencia de embarcaciones de la agencia europea en el océano puede provocar un «efecto llamada» entre las personas que se plantean emprender la ruta hacia España.

El departamento que dirige Fernando Grande – Marlaska señaló la semana pasada, de hecho, que solicitar la intervención de Frontex no figura actualmente entre las iniciativas previstas para afrontar la crisis migratoria de la ciudad autónoma. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto con el comisario de Interior europeo, Magnus Brunner, pusieron a disposición del ministro el despliegue de Frontex para participar en la resolución de la crisis ceutí.

En conversación con este periódico, fuentes del departamento ministerial aseguran que todavía están «valorando» si poner en marcha un «despliegue adicional de personal y medios técnicos», un «apoyo en controles fronterizos» y una «asistencia en materia de retornos», que es, precisamente, lo que ha ofertado el ejecutivo comunitario a través de Frontex.

Aunque lo cierto es que la normativa del reglamento europeo especifica que, en caso de que exista un reto «desproporcionado en las fronteras exteriores», la Agencia debe organizar, «coordinar» y desplegar el equipamiento de «reacción rápida» para gestionar la crisis, los mandos policiales consultados creen que su despliegue podría acarrear el efecto contrario al deseado en el control de los flujos migratorios.

Según explican, la «difusión» de la presencia de los barcos europeos puede provocar que algunas personas decidan emprender la travesía al confiar en que serán auxiliadas en caso de encontrarse en peligro. «Si se pone en marcha, se puede trasmitir un mensaje a los migrantes de que los barcos de Frontex les salvarán», apuntan.

No obstante, aclaran que la agencia europea (que ya participa en otras operaciones desarrolladas en España, incluida la denominada «Minerva» con presencia en Algeciras y Ceuta) no fomenta salidas de manera deliberada, sino que se trata de un efecto «indirecto» ante la presión migratoria sobre la ciudad autónoma.

Eso sí, también detallan que la percepción de que los migrantes decidan emprender la travesía de forma voluntaria hacia España puede ser aprovechada por las redes de tráfico de personas. «La agencia no nos favorece en ese sentido», apuntan.

En paralelo, hay otras fuentes gubernamentales consultadas por este periódico que ponen el foco, además, en las «controversias» que han rodeado a Frontex por presuntas violaciones de derechos humanos. Uno de los casos más significativos fue el del refugiado sirio Alaa Hamoudi, quien denunció al ente europeo por haber sido víctima de una devolución en caliente –que el Tribunal Supremo rechazó en Ceuta y Melilla en el caso de las llegadas a nado sin que haya disuasión física– en el mar Egeo después de llegar a la costa de Grecia para solicitar asilo en abril de 2022. Según su relato, las autoridades griegas lo devolvieron al mar y quedó durante 24 horas a merced del oleaje.

El elemento que puso a la agencia bajo el foco fue el hallazgo de indicios de su posible participación en aquella devolución, al haber contradicciones entre sus declaraciones y las evidencias registradas. El caso llegó, incluso, hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en diciembre de 2025 anuló la decisión que había rechazado inicialmente su demanda y concluyó que no se había garantizado adecuadamente el derecho del migrante a una tutela judicial.

El papel de la UE

En este contexto de ‘dudas’ sobre los posibles efectos negativos del despliegue de la agencia comunitaria, las fuentes policiales consultadas rechazan que la respuesta de la UE se limite al envío de más medios marítimos. Su principal apuesta pasa por concentrar los esfuerzos en reforzar la cooperación con los terceros países desde los que parten o por los que transitan los flujos migratorios.

En este sentido, citan expresamente a Marruecos y Argelia como actores esenciales para contener las salidas. Consideran, de hecho, que Bruselas dispone de una capacidad diplomática y económica mucho mayor que la del Gobierno español para negociar con ambos países. «La Unión Europea tiene mucha más fuerza que España sola», subrayan.

Por esta razón, los mandos policiales consultados reclaman a las instituciones comunitarias que se sienten con los gobiernos marroquí y argelino y les pidan que colaboren con España en el control de la inmigración irregular. Además, admiten que la relación entre Marruecos y Argelia dificulta esa cooperación coordinada y, por ende, coloca a España en una posición compleja a la hora de gestionar una respuesta «ágil» ante la entrada masiva de inmigrantes. «Lo que realmente necesitamos de Europa es que desempeñe un papel más activo como interlocutora», señalan. España, mientras, prevé que la crisis se alargue hasta el 31 de diciembre o incluso más.