Las alarmas saltaban pasadas las 7.30 horas de este miércoles, cuando un agente medioambiental daba el aviso tras avistar una embarcación sospechosa que se aproximaba a la costa de Cartagena.

Una nueva lancha rápida – también conocida como

patera – taxi

, las mismas que se utilizan para el transporte de droga – arribaba a la

cala Dentoles, en el Parque Regional de Calblanque,

con un total de 50 personas a bordo. Hasta el lugar se desplazaban unidades de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil que, poco después, conseguían interceptar a estos inmigrantes tras su entrada irregular en la Región.

Se trata de la tercera embarcación de estas características que llega en la última semana a aguas de la comunidad autónoma. La primera arribaba a media mañana del miércoles de la semana pasada a la denominada cala del Barco con

62 personas a bordo

, una situación que generaba tensión e inseguridad entre los bañistas y veraneantes que se encontraban disfrutando de una jornada de playa, que huían despavoridos ante la sorpresiva situación.

La segunda tocaba tierra el pasado sábado en cala Dorada con 49 ciudadanos de origen argelino que desembarcaban tratando de introducirse en territorio murciano. Por tanto,

en menos de siete días, 161 inmigrantes han llegado a la costa cartagenera.

La alcaldesa de Cartagena,

Noelia Arroyo

, ha calificado esta situación como “muy grave”, “inaceptable” e “inasumible”, a la vez que ha acusado a la delegación del Gobierno de “negar” y tratar de “normalizar” la situación.

Además, la primera edil de la Ciudad Trimilenaria ha criticado duramente que el Ejecutivo nacional desoiga la petición del Gobierno regional de

dotar de más y mejores medios

a la Guardia Civil para poder combatir a las mafias que introducen inmigrantes en la Región, que, en su opinión, se ha convertido en “un coladero”.

Arroyo ha asegurado que “hemos visto cómo la única embarcación que tiene la Guardia Civil está averiada y nos han dicho que nos van a mandar una que los propios sindicatos han advertido que no reúne las condiciones para poder atajar el problema”.

En la misma línea se ha expresado el senador del Partido Popular,

Francisco Bernabé,

quien ha calificado como “una auténtica vergüenza” la respuesta de la delegación del Gobierno en la Región y del ministerio del Interior. Bernabé ha afirmado que “lo que hace el señor delegado del Gobierno,

Francisco Lucas

, es enviarnos un barco de más de 20 años de antigüedad y que apenas alcanza los 30 nudos, cuando las pateras y las narcolanchas van a más de 60, es decir, por encima del doble”.

En opinión del senador popular, esta presión migratoria que está sufriendo la Región de Murcia es consecuencia de “la política de fronteras abiertas y de papeles para todos” que estaría practicando el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La pregunta que se hacen muchos ciudadanos es

qué pasa con esos inmigrantes que entran de forma irregular en nuestras costas.

Fuentes policiales aseguran a LA RAZÓN que la casuística es variada. Una vez que son detectados en el mar por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), los primeros en actuar son Salvamento Marítimo y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y, posteriormente, ya en tierra, las unidades de Seguridad Ciudadana de la Benemérita. Después, son interceptados y atendidos por el personal de Cruz Roja y estas personas pasan a ser competencia de la Policía Nacional, que los traslada a un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), a efectos de identificación y cuya estancia no puede superar las 72 horas.

A los mayores de edad se les inicia un expediente de expulsión en virtud de la

Ley de Extranjería,

aunque hay otros que se ponen en manos de abogados especializados para solicitar Protección Internacional, lo que paraliza el trámite de expulsión a la espera de una resolución. En el caso de los menores, su tutela corresponde a la Comunidad Autónoma, que está obligada a darles cobijo en los diferentes centros que hay repartidos por la Región.

Críticas del PSOE

La portavoz del Partido Socialista murciano,

Carmina Fernández

, ha acusado al Gobierno regional de “crear alarma social” a cuenta de la inmigración, ya que, a su juicio, el Ejecutivo autonómico estaría utilizando este asunto como “arma electoral”.

Además, la diputada socialista ha calificado como “un paripé para hacer propaganda” la carta que el presidente López Miras ha enviado a

Pedro Sánchez

para pedirle un refuerzo de los efectivos de la Guardia Civil en la Región que se encargan de velar por la seguridad en las costas murcianas.

Fernández también ha calificado como “hipócrita” la postura del jefe del Ejecutivo murciano, que está pidiendo más control y coordinación en materia migratoria, ya que, de momento, no se ha reunido con el delegado del Gobierno para abordar soluciones conjuntas ante la oleada de lanchas rápidas que están llegando al litoral murciano.