A. Clements/E. Villalba
Madrid – El baile de cifras sobre extranjeros no comunitarios residentes en
Madrid, que arrancó con los datos aportados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) el pasado mes de julio, amenaza con afectar a las
cuentas municipales. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz – Gallardón, explicó
ayer que el desfase de 100.000 inmigrantes , no contabilizados por el
Estado pero que sí figuran en el Padrón Municipal de 2005, costará a la
economía del Consistorio hasta cinco millones de euros. El motivo es que
dejarían de percibirse las ayudas que desde el Ejecutivo central se
prestan a los ayuntamientos por cada residente: la administración local
recibe 50 euros por cada extranjero.
La causa del desfase sería el
elevado número de ciudadanos extranjeros no comunitarios sin autorización
de residencia permanente en Madrid, pero que no han renovado su
inscripción en el padrón, según explicó ayer el alcalde. Desde el
Consistorio madrileño se sostiene que el hecho de que haya 100.000
inmigrantes menos en los datos del INE no responde a que ya no vivan en
Madrid sino a otros motivos.
El alcalde aludió a los problemas de
horario de los trabajadores extranjeros que no habrían acudido a renovar
su inscripción en el padrón. Aunque la legislación vigente obliga a
renovar cada dos años, de manera presencial, los datos en el censo, muchos
ciudadanos no lo han cumplido.
Perjuicios para todos
Además de los daños económicos que el desfase de cifras significaría para
el Ayuntamiento y la Comunidad (que también recibe fondos estatales),
Ruiz – Gallardón recordó que la baja en el padrón también tiene efectos
negativos para los propios ciudadanos que pierden su antigüedad en el
padrón.
Por su parte, el responsable de Servicios a la
Ciudadanía del PSOE en el Ayuntamiento, Pedro Zerolo, achacó al equipo de
Ruiz – Gallardón, la falta de renovación en el censo de los inmigrantes
residentes en Madrid ya que tan sólo remitieron una carta a los afectados
para informarles, pero «no realizaron una campaña informativa en los
medios de comunicación ni se contactó con asociaciones».
Ahora, y para facilitar la renovación de la inscripción a los
extranjeros residentes, el Ayuntamiento abrirá cinco oficinas municipales
todos los sábados y domingos de septiembre y octubre, en horario de 9:00 a
14:00. Los centros son los de Chamartín, Latina, Puente de Vallecas,
Ciudad Lineal y la oficina central de la plaza de la Villa.
El
Ayuntamiento también tiene previsto lanzar una campaña informativa para
hacer llegar a este colectivo la obligatoriedad (e importancia) de renovar
su inscripción: folletos en organizaciones que trabajan con inmigrantes y
cartas a los afectados.
En este sentido, el alcalde insistió en que
se trata de un trámite sencillo y rápido. Tan sólo hay que entregar un
impreso firmado (que también se ha enviado a los domicilios de los
ciudadanos afectados) y presentar un documento de identificación personal.
Voto de los transexuales
Por otra parte, la Asociación
Madrileña de Transexualidad Clínica aseguró ayer que el Ayuntamiento de
Madrid permitirá a los transexuales utilizar su nombre social para votar y
presentarse como candidatos a las elecciones como representantes vecinales
que se celebrarán el 19 de noviembre. Su nombre oficial, es decir, el que
figura en el padrón municipal, sólo se utilizará a efectos legales de
comprobación. Según la asociación, la medida se adoptó ayer y el
Ayuntamiento ya ha dado aviso a las Juntas Municipales de Distrito para
aplicar la medida.
Aunque explicaron que llegaron a este acuerdo con
el Director General de Inmigración, Tomás Vera, después de reunirse en las
últimas semanas, el consistorio negó que se hubiese llevado adelante esta
medida. Según el portavoz de la asociación, Andrés de la Portilla, este
hecho «constituye un ejemplo de integración democrática y un avance dentro
de la lucha por la aceptación de un colectivo condenado a la marginación
social y legal».
De la Portilla insistió en que casi el 90% de
los transexuales está en el paro por su condición sexual y vive
situaciones de marginación. Con esta medida, el consistorio se anticiparía
a la Ley para la Identidad de Género que quería aprobar el PSOE en el
Congreso en este mismo sentido.