El Gobierno amplía la capacidad de acogida de migrantes, de manera temporal y urgente, en Ceuta, reculando, eso sí, en su pretensión de utilizar los polideportivos tras la presión vecinal y del propio presidente ceutí. Lo hace al tiempo que siguen sin ofrecer una imagen concreta sobre el censo real de la crisis desatada en la ciudad a finales de julio. Aunque la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró este martes durante su comparecencia que el 90% de los migrantes ya han salido de la ciudad, el Ejecutivo, tras casi un mes desde que se produjo la entrada masiva de extranjeros, no concretó la cifra exacta de los que permanecen en el territorio. En medio de esa falta de radiografía exacta, el ministro de Política Territorial, que asumió este miércoles de manera formal la dirección del mando único, Ángel Víctor Torres, anunció la creación de 2.000 nuevas plazas de acogida, que se sumarán a las 1.800 habilitadas la semana pasada.

El objetivo de estos nuevos espacios es sacar de la calle a los miles de migrantes que continuaban malviviendo a la intemperie —como ocurrió en la playa de El Trampolín, reocupada pocas horas después de su desalojo ante la falta de plazas de acogida habilitadas por las administraciones— para proceder a su filiación y poder abrir el expediente que decidirá si son susceptibles de solicitar asilo o algún tipo de protección internacional o si serán devueltos a sus países de origen. Torres se mostró firme, tras la reunión mantenida entre diez ministerios, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y varios consejeros, en que el objetivo es «devolver a todos los que cruzaron la frontera desde principios de julio», pero matizó que estas operaciones deben realizarse «conforme a la ley, con análisis individualizados». «Hay que ver si tienen derecho a asilo, si no iniciar su expediente de devolución y también comenzar con las gestiones de menores», explicó.

No obstante, el número de plazas habilitadas no va en consonancia con el de personas que permanecen en las calles, playas y montes de Ceuta, que continúa siendo una de las grandes incógnitas – más allá de la polémica sobre si los servicios de Inteligencia alertaron o no de la posible entrada masiva de migrantes. Esta gestión a ciegas colmó la paciencia del Gobierno regional. Su presidente, Juan Jesús Vivas, denunció que la ciudadanía estaba «cansada» y «harta» de vivir bajo una situación de anormalidad sin que el Ejecutivo aportase «una solución real y concreta». Vivas cargó con dureza contra la falta de respuestas y reclamó actuaciones inmediatas para recuperar la normalidad en la frontera sur.

Un mes después de la entrada masiva, el Gobierno continúa sin ofrecer el dato exacto del 10% de migrantes que permanecen en Ceuta. Un descontrol que se traslada al número de menores. Torres situó el número de jóvenes identificados en 1.410, pese a que hace una semana el Ministerio del Interior ofreció un balance en el que establecía el número de filiaciones en 2.100 y que el titular de Economía, Carlos Cuerpo, elevó el lunes la cifra hasta los 2.900. Todo ello mientras desde el Ministerio de Infancia y Juventud reconocen que todavía les es imposible tener una imagen fiel del escenario dado que muchos menores siguen vagando por las calles o escondidos en el monte.

Tras más de dos horas de reunión del mando único —que se repetirá este viernes bajo la presidencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez—, el Gobierno rectificó su intención inicial de requisar pabellones deportivos, tal y como preveía el decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Moncloa cedió así ante el rechazo de los vecinos, que salieron a manifestarse por segundo día consecutivo, y ante el pulso directo de Vivas, quien horas antes del encuentro había advertido: «Si quieren utilizarlos, me tendrán que sacar de allí. Torres confirmó que las instalaciones deportivas no se utilizarán para la acogida: «Los polideportivos van a salir. No queremos alterar el día a día de los ceutíes», aclaró el ministro, precisando que el decreto solo los incluyó como espacios «susceptibles y flexibles» ante una emergencia puntual.

Durante su comparecencia, Torres insistió en que el compromiso del Ejecutivo es que «retornen todas las personas que se quedaron en Ceuta», pero subrayó que para que esto se pueda hacer «lo antes posible» primero debe haber espacios donde se pueda proceder a su filiación. En este sentido, explicó que está estudiando, junto a Vivas, la acotación de nuevos espacios alternativos desde el «consenso» y el «diálogo» para poder identificar a los migrantes antes de iniciar los expedientes correspondientes.