Mediodía, ola de calor en Rosengård, distrito de Malmö. A la puerta de un restaurante de comida rápida, un joven saca una pistola y descerraja varios tiros contra uno de los comensales, delante de la abundante clientela. La fiscal Anna – Sara Karlsson informará después que el sicario es un menor y que ha sido reclutado por un hombre de 20 años, también detenido, que se gana la vida captando chavales para los clanes criminales a través de miles de anuncios en aplicaciones cifradas para cometer «delitos violentos graves, especialmente encargos de asesinato, pero también de ventas de droga«.

En 2025, se produjeron en Suecia 84 homicidios relacionados con este mecanismo, 42 con armas de fuego. Desde 2016 se han registrado casi 2.800 tiroteos, con 385 muertos y 930 heridos. La mayoría de los incidentes con disparos y explosiones están vinculados a conflictos entre redes criminales, clanes familiares o grupos organizados con estructura jerárquica, que se dedican a la droga, la prostitución, los robos, el blanqueo y la extorsión. El uso de armas automáticas, artefactos y sicarios jóvenes es característico de estas organizaciones, que se hacen con el control de barrios enteros en los que imponen su propia ley.

La Policía sueca tiene identificados al menos a 40 clanes, desde los Alikhan, establecido en Gotemburgo y originario del Kurdistán iraquí, al igual que los Barzani, hasta las bandas de origen somalí como Musa o Ali/Aden. Otros son de procedencia balcánica, como los Krasniqi o los Berisha, que trafican además con armas, o árabe, como Al – Salem o Al – Hasan. También los hay de ascendencia turca, como el clan Yildiz, que controla importantes redes económicas informales.

Las autoridades suecas estiman que alrededor de 480.000 de sus habitantes viven en barrios en los que prima una administración paralela de justicia, que administran los clanes y que está caracterizada por «las llamadas normas de honor, la baja confianza en la sociedad y la segregación», en palabras de la ministra de Educación e Integración, Simona Mohamsson. «Esto confirma mi opinión de que la mayor amenaza para la libertad contra la sociedad sueca se escribe ’clan’», resume la situación.

El investigador Mathias Wahlsten ha sido comisionado por el Gobierno para mapear y analizar estas estructuras sociales paralelas y habla de un «desafío social complejo». Reconoce que ha encontrado dificultades para determinar cuán extendidas están y si el problema está aumentando o disminuyendo. «Lo que sí puedo decir es que se ha hecho cada vez más evidente», admite. La Policía informa sobre unos 17.500 miembros activos de redes criminales y otras 50.000 personas vinculadas a los clanes que las dirigen.

Estas «familias extensas» terminan imponiendo por la fuerza una sociedad paralela en la que imparten justicia y ofrecen sus propios mecanismos de solidaridad social, dejando en papel mojado las leyes suecas en distritos enteros. Se hacen, por ejemplo, con bolsas de viviendas en propiedad que asignan después según su criterio a necesitados afines, de los que se garantizan así lealtad y sobre los que ejercen una supuesta protección. «En última instancia, se trata de la capacidad de las personas para vivir vidas libres e independientes», explica Wahlsten.

La llegada de los clanes se produjo en tres grandes oleadas migratorias. En los años 80 y 90, procedentes de las guerras en Oriente Medio y los Balcanes (Líbano, Irak, Bosnia, Kosovo), bandas bien consolidadas se fueron instalando en en barrios marginales de Gotemburgo, Malmö y Estocolmo. Entre 2000 y 2010, se produce un gran proceso de reunificación, con redes familiares completas que trasladan actividades delictivas ya existentes en sus países de origen. Entre 2014–2016, en coincidencia con la crisis de refugiados, llegan nuevas familias desde Siria e Irak que comienzan a competir con las anteriores por los territorios en los que establecen negocios pantalla y en los que controlan el narcotráfico, la prostitución y la extorsión a los establecimientos de actividad legal.

La investigación de Wahlsten muestra que las estructuras sociales paralelas imponen por la fuerza normas y estructuras de poder colectivistas y patriarcales, al tiempo que dinamitan el contrato social. Cuentan con sus propios sistemas bancarios y de pagos, medios de vida, incluso educación y canales alternativos de información pública, lo que permite a sus miembros vivir completamente al margen de la sociedad sueca y su sistema legal. Ha detectado además que ciertas redes criminales familiares han logrado establecer infiltraciones sistemáticas en actividades públicas.

«La democracia y las leyes suecas deben aplicarse en todo el país. Combatir las estructuras sociales paralelas consiste en defender el derecho de cada persona a la libertad y a las oportunidades de vida en Suecia», defiende la ministra Mohamsson. «Las niñas y niños jóvenes no deberían estar limitados por el honor, la opresión y la violencia. El Gobierno cuenta ahora con una base de conocimientos profunda que puede contribuir a fortalecer el trabajo del Gobierno hacia estructuras sociales paralelas», confía en su política.

El ministro sueco de Justicia, Gunnar Strömmer, quiere que el mero hecho de participar o estar estar asociado con una banda criminal sea castigado por la ley, con la creación de un nuevo delito. La Policía estima que alrededor de 700 personas serán condenadas a prisión cada año si la ley se convierte en realidad. El hecho es que las prisiones del país están ya al máximo de su capacidad y las autoridades penitenciarias están encontrando dificultades para aplicar el acuerdo al que llegaron en junio con Estonia para alquilar 600 plazas externas de prisión. La semana pasada, cuando llegó el primer avión con 37 condenados a bordo, las autoridades estonias rechazaron a la mitad por su extrema peligrosidad.

«No basta con procesar estos delitos tan socialmente amenazantes, sino que debemos prevenirlos en una fase más temprana», afirma la comisaria nacional de Policía Petra Lundh, «y, sobre todo, detener la afluencia de niños y jóvenes que están preparados para asumir misiones violentas». La edad media de los delincuentes activos de bandas es de 28 años. De ellos, el 81% son ciudadanos suecos y la mayoría, hombres.

«La Policía centra gran parte de su trabajo en combatir estas redes familiares, que se han convertido en un problema importante», señala el subcomisario de Policía Nacional Mats Löfving, que subraya que «debemos entender que esta criminalidad y sus imposiciones afectan a las zonas y a las personas particularmente vulnerables del país».