El anteproyecto de la nueva Ley de Asilo y de reforma de la Ley de Extranjería ha encendido todas las alarmas en todas las asociaciones y organismos no gubernamentales que trabajan con las personas migrantes. También en Euskadi, donde la crisis migratoria cobra especial relevancia por las restricciones que durante los últimos años ha impuesto el Estado francés en la muga, entre Irun y Hendaia. Entre ellas las devoluciones en caliente realizadas por los cuerpos policiales galos, denunciadas en innumerables ocasiones por las asociaciones que trabajan en la localidad fronteriza del Bidasoa por violar las leyes del espacio Schengen. Las nuevas reformas anunciadas por el Gobierno central, tras la crisis generada en Ceuta por la entrada de 70.000 personas migrantes en apenas dos días, fueron ayer criticadas por La Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi(CEAR) tras advertir «graves retrocesos».

CEAR considera que el borrador aprobado representa un riesgo «muy grave» para los derechos humanos y el derecho de asilo en España, alejándose de una «política basada en la protección de las personas». Desde la delegación vasca de la organización recordaron ayer que el Ejecutivo central «ha optado por endurecer los criterios dentro del margen que otorga la normativa comunitaria, alineándose con las posturas más restrictivas de la Unión Europea». El borrador supone, según la entidad, una «oportunidad histórica perdida» para liderar una Europa garantista. E instan al Gobierno central a rectificar el texto antes de su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados para evitar que sea recordado como el texto «más involucionista» del periodo democrático.

Además, explican que las reformas supondrán un «endurecimiento de vías y plazos». La organización lamenta que la propuesta realizada por el Gobierno central «debilite la posibilidad de solicitar asilo desde embajadas y consulados, dejando esta vía al criterio discrecional de las delegaciones». Asimismo, denuncia la «imposición no obligatoria de trámites acelerados en frontera ante países considerados ‘seguros’», una fórmula, añaden, «que reduce las garantías procesales de los solicitantes».

CEAR también denuncia a través de un comunicado una «ampliación de la privación de libertad». El texto abre la puerta a prolongar las retenciones iniciales de 72 horas a un máximo de 7 días bajo autorización judicial. En los procedimientos de frontera, explican, los plazos podrían extenderse de 8 a 14 días, manteniendo el internamiento máximo de 60 días pero permitiendo reingresos de hasta 120 días si se formaliza la petición de protección. CEAR advierte además de la supresión de los criterios por razones humanitarias de la ley y de las trabas impuestas a la reagrupación familiar de los refugiados, a quienes se les exigirán requisitos económicos y de vivienda si la solicitan pasados doce meses.

El Consejo de Ministros del pasado martes declaró la «situación de interés para la seguridad nacional» en Ceuta –una fórmula regulada en la Ley de Seguridad Nacional de 2015 aprobada en la etapa de Mariano Rajoy que permite establecer un mando único para reforzar la coordinación entre las administraciones en caso de emergencia o crisis– y formalizó la creación de un mando único para abordar la grave situación, una medida inédita hasta la fecha acordada tras la celebración de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional.

La responsabilidad de ese mando único –que se mantendrá, en principio, hasta el próximo 31 de diciembre– con el que el Gobierno pretende ofrecer «una respuesta integral» a la emergencia casi un mes después de la entrada masiva recaerá en el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Según las cifras ofrecidas tras el Consejo de Ministros, entre el 90% y el 95% de las personas que accedieron a la ciudad autónoma durante los últimos días del mes de julio –un volumen que el Ejecutivo central cifra en decenas de miles– ya han vuelto al país vecino mediante las actuaciones de control iniciales. Sin embargo, entre el 5% y el 10% del total de las personas llegadas continúa en la ciudad autónoma.