Pedro Sánchez ha decidido adelantarse y anunciar que comparecerá a petición propia en el Pleno del Congreso de los Diputados el próximo 3 de septiembre para rendir cuentas sobre la grave crisis que vive Ceuta. Aunque en un principio el Gobierno barajaba el 9 de septiembre, finalmente la presión de los grupos parlamentarios hará que el jefe del Ejecutivo acuda a la Cámara Baja la próxima semana. La decisión llega 27 días después del cruce masivo de unas 80.000 personas a nado a través de la frontera de la ciudad autónoma y tiene como objetivo principal informar sobre la respuesta adoptada por el Gobierno ante la emergencia derivada de lo acaecido el pasado 30 de julio.

Moncloa se adelantaba así a la reunión que ha mantenido esta mañana la Diputación Permanente, el órgano parlamentario que regula la actividad parlamentaria fuera del periodo de sesiones ordinario y que estaba convocado con el fin de votar la comparecencia obligatoria del presidente, además de otras solicitudes presentadas por el Partido Popular, que trata de redoblar la presión sobre el líder del PSOE. Si Sánchez no hubiese registrado su comparecencia y la propuesta de los populares hubiese salido adelante con el eventual respaldo de alguno de los socios habituales del bloque de investidura, el presidente del Gobierno tendría que haber acudido a la Cámara Baja antes del 1 de septiembre.

No obstante, la confirmación de que Sánchez dará explicaciones en sede parlamentaria la próxima semana no ha satisfecho, como era previsible, al principal partido de la oposición. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha cargado minutos antes de entrar en la Diputación Permanente contra el jefe del Ejecutivo. «Hemos sabido que varios grupos parlamentarios estaban dispuestos a apoyar la petición de comparecencia de Pedro Sánchez antes del periodo ordinario de sesiones, y eso ha hecho que hoy por la mañana dijeran que Sánchez iba a venir el día 9 y luego dijeran que el día 3», explicó.

Algo que el propio portavoz en el Congreso del PSOE, Patxi López, al ser preguntado por el adelanto de la comparecencia del presidente, confirmaba al decir que «había grupos que pensaban que había que adelantar y se ha adelantado», restando importancia a la modificación de la fecha. Muñoz también recordaba que su formación pidió que Sánchez acudiera al Congreso ya el día 31 de julio, en plena entrada masiva de personas a través de la frontera de Ceuta. «Pedro Sánchez ha estado de vacaciones, ha vuelto un día, ha provocado una guerra civil en el Gobierno y parece que se quiere volver a ir de vacaciones», lamentaba.

Además, durante la mañana trascendió – según publicaba ABC – que el presidente del Gobierno retomaba su descanso estival apenas 48 horas después de celebrar el Consejo de Ministros y el Consejo de Seguridad Nacional para trasladarse hasta Andorra junto a Begoña Gómez, lo cual también fue objeto de fuertes críticas por parte del PP. «Quiero pensar que ahora que nos hemos enterado todos los españoles que se quería ir con la bici, cancelará esas vacaciones», sostenía Muñoz.

Aunque no solo el PP afeó a Sánchez la demora a la hora de rendir cuentas en la Cámara Baja. Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, también apuntaba antes de la permanente que la comparecencia que el Gobierno pretendía registrar para el 9 de septiembre llegaba «muy tarde», además de acusar a los socialistas de padecer un particular «síndrome de Estocolmo» con el rey de Marruecos, Mohamed VI.

Un descontento, el del principal socio del PSOE en la coalición, al que sumaba también el de Podemos o los grupos nacionalistas catalanes y vascos. Fuentes del PNV insisten en que lo lógico es que Sánchez hubiera comparecido antes que nadie, y no después de las comparecencias de varios ministros que se están produciendo esta misma semana. Todo ello, aclaran los peneuvistas, «sin esperar a los plenos ordinarios del mes de septiembre, pero sin necesidad de desagendar las comparecencias de los ministros ya convocadas».

La Diputación Permanente de la Cámara debía debatir 14 iniciativas registradas por el PP para pedir que comparezcan de forma urgente Sánchez y 10 ministros, la mayoría de los cuales se han adelantado y han solicitado hacerlo de forma voluntaria. El martes fue el turno de la de Defensa, Margarita Robles – cuya intervención provocó fuertes reproches entre la oposición por «no aclarar nada» – y la ronda continuará mañana con los titulares de Presidencia, Félix Bolaños, Política Territorial y Sanidad, Mónica García.

Una vez comenzada la sesión extraordinaria, Muñoz denunció la «falta de liderazgo» y la «inacción» de Sánchez tras el episodio del pasado 30 de julio en la ciudad ceutí. La dirigente popular reprocha al presidente haber mantenido casi un mes de vacaciones antes de convocar el Consejo de Seguridad Nacional y activar la Ley de Seguridad Nacional, además de señalar el caos institucional generado dentro del propio Gobierno, ejemplificado en los enfrentamientos públicos entre la ministra de Defensa y el ministro del Interior tras la creación del mando único, así como en los descuadres de cifras de menores e inmigrantes.

El tono de la portavoz de los conservadores tras el parón estival fueron especialmente duras y sus críticas no solo estuvieron dirigidas al jefe del Ejecutivo. En el plano parlamentario, acusó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de actuar de forma partidista para blindar a Sánchez, evitando convocar la Diputación Permanente a principios de agosto a diferencia de otros países europeos. Muñoz recordó que la solicitud de comparecencia registrada a última hora por el Ejecutivo no responde a un acto voluntario de transparencia, sino a una maniobra para evitar que la oposición le obligase a dar explicaciones en el Pleno.

Asimismo, la dirigente del PP centró su discurso en defender a la población y a las autoridades de Ceuta, rechazando tajantemente que el Ejecutivo intente desviar responsabilidades hacia el presidente autonómico, Juan Jesús Vivas. La portavoz subraya que la protección de las fronteras es una competencia exclusiva de Moncloa y reprocha al PSOE y a sus socios que tilden de «racistas o xenófobos» a los vecinos que expresan temor ante el colapso social y la crisis de seguridad. Para el PP, las contradicciones oficiales en los datos demuestran el intento del Gobierno por ocultar la verdadera dimensión de la crisis.

Finalmente, Muñoz enmarcó lo ocurrido en Ceuta como «el mayor fracaso de esta democracia» y aprovechó la ocasión para exigir responsabilidades políticas inmediatas, dimisiones en el Gobierno y la convocatoria urgente de elecciones generales. Vox, por su parte, se mostró incluso más contundente tildando lo acontecido en la frontera ceutí como la «peor traición perpetrada por un presidente del Gobierno». «El Gobierno tendrá que aclarar desde cuándo lo sabía y por qué no hizo nada para evitar la invasión», dijo Pepa Millán, portavoz de Vox en la Cámara Baja, quien añadió que Moncloa «ha tardado 26 días en convocar un Consejo de Seguridad Nacional para aprobar un decreto que termina de convertir a Ceuta en un macroceti y en rehén del chantaje al que está sometido Sánchez».

La cita en la Diputación Permanente también sirvió para estrenar el curso político en el Congreso y testar el apoyo de los aliados parlamentarios del Ejecutivo a Sánchez tras todo lo sucedido. Sumar, aunque minutos antes hubiese mostrado su enfado con la fecha de la comparecencia de Sánchez, sí que se alineó durante el debate con la tesis del Gobierno respecto a Ceuta en el primero de los debates – que pedía la comparecencia de Marlaska por el proceso de regularización de migrantes – .

Enrique Santiago, portavoz de la formación magenta, negó la existencia de un «efecto llamada» derivado de la regularización extraordinaria y calificó la presión fronteriza como una acción híbrida de presión ejercida por Marruecos. También defendió la imposibilidad legal y ética de realizar expulsiones colectivas sumarias, exigiendo expedientes individuales con plenas garantías judiciales y el traslado inmediato a la península de quienes permanecen en Ceuta.

La comparecencia del jefe del Ejecutivo se producirá en un clima de alta tensión política tras las divergencias públicas entre los ministerios de Defensa e Interior sobre las alertas previas de inteligencia emitidas antes de la emergencia migratoria. Algo que, junto a la dejación de funciones de la que Génova acusa a Sánchez en lo relativo a la crisis de Ceuta, el principal partido de la oposición quiere aprovechar para ensanchar la grieta en el seno del Gobierno y trasladar la sensación de que el fin de ciclo del actual Ejecutivo, al que ven colapsado, está más cerca.