«Queremos justicia por lo que Myanmar nos ha hecho. Queremos volver a nuestro hogar», reclamó ayer Sayed Ullah, presidente del Consejo Unido de los Rohinyás en declaraciones a Efe. Miles de familias recordaron a sus muertos en Bangladesh, a donde huyeron en 2017 de la ofensiva militar que dejó al menos 25.000 muertos y 725.000 desplazados, y reclamaron un camino de vuelta a Myanmar.

Nueve años después del éxodo, en Cox’s Bazar, el mayor asentamiento de refugiados del mundo, viven más de 1,2 millones de personas en situación precaria. Tras sobrevivir al genocidio en Myanmar, miles tratan ahora de escapar hacia Malasia, Indonesia y Tailandia. Según Acnur, en 2025 se contabilizaron más de 900 rohinyás muertos o desaparecidos en el mar. Ese año, más de 6.500 personas intentaron dejar Cox’s Bazar.

La trata de personas se ha convertido en un negocio lucrativo para reclutadores y bandas criminales en el campamento. Las autoridades bengladesíes luchan por contener el tráfico ilegal, pero los rohinyás quieren escapar a cualquier precio. «A nadie debería sorprenderle», asegura Ullah.

La conmemoración de ayer estuvo marcada también por una nueva disputa sobre la identidad y el derecho de retorno de los refugiados. Las autoridades birmanas volvieron a referirse este mes a los rohinyás como «bengalíes», un término utilizado durante décadas por Myanmar, de mayoría budista, para presentarlos como inmigrantes procedentes de Bangladesh.

Myanmar informó de que Bangladesh había remitido una lista de 828.824 desplazados y que 308.797 habían sido verificados como antiguos residentes del estado occidental de Rakhine. Los portavoces comunitarios acusan a la Junta birmana de manipular este censo para reducir al mínimo el número de personas con derecho a regresar sin concederles plenos derechos civiles.

Pero cualquier opción de regreso tropieza con una nueva guerra. Tras arrebatar amplias zonas de Rakhine a la Junta Militar, el avance de la guerrilla del Ejército de Arakán ha dejado a los rohinyás atrapados entre dos fuegos.

La ONU y organizaciones de derechos humanos han documentado nuevos desplazamientos, detenciones, reclutamiento forzoso y otros abusos, y la intensificación de los combates ha provocado nuevas llegadas de rohinyás a Bangladeh y complicado aún más los intentos de repatriación, tras dos fracasos ante la negativa de los refugiados a regresar sin garantías.