En la orilla sur del Estrecho, el mar no entiende de tratados internacionales, pero la política sí. Durante unas horas de infarto, decenas de miles de personas, en su mayoría ciudadanos marroquíes, se concentraron ante Ceuta e ingresaron en territorio español. Cerca de 70.000 fueron retornados o devueltos en las jornadas posteriores bajo los mecanismos de cooperación transfronteriza, mientras las imágenes de la crisis recorrían Europa y Estados Unidos. Una crisis entre España y Marruecos se había convertido, en cuestión de horas, en munición para una batalla política internacional sobre inmigración, fronteras y decadencia europea.

Pero antes de aceptar ese relato conviene hacerse una pregunta mucho más sencilla: ¿cómo llegaron decenas de miles de personas al mismo punto de la frontera prácticamente al mismo tiempo? La inmensa mayoría eran marroquíes. No estamos, por tanto, ante una llegada masiva desde el Sahel provocada por una sequía ni ante un episodio que pueda explicarse directamente por el cambio climático. La primera explicación hay que buscarla mucho más cerca: en las relaciones entre Marruecos y España y en la utilización de la presión migratoria como instrumento geopolítico.

El precedente es demasiado reciente para ignorarlo. En mayo de 2021, en plena crisis diplomática por la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, Marruecos relajó el control fronterizo y alrededor de 8.000 personas entraron en Ceuta en apenas unas horas. Rabat demostró entonces que podía trasladar inmediatamente una tensión diplomática a la frontera europea. Marruecos tampoco inventó este mecanismo. Turquía ha utilizado durante años su capacidad para contener refugiados como instrumento negociador con la Unión Europea. Bielorrusia lo hizo de forma todavía más explícita en 2021, facilitando la llegada de ciudadanos de Oriente Próximo para conducirlos posteriormente hacia las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia. Cuando la inmigración se convierte en una de las principales preocupaciones electorales europeas, controlar una de sus puertas de entrada proporciona una extraordinaria capacidad de presión.

La pregunta es qué pudo desencadenar esta vez la crisis. Y aquí reaparece inevitablemente el Sáhara Occidental. España no llega a este episodio desde una posición neutral. En marzo de 2022, Pedro Sánchez dio un giro histórico a la política española al considerar la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara como la base «más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto. El movimiento alteró una posición española mantenida durante décadas, formalmente vinculada al proceso de descolonización y a una solución dentro del marco de Naciones Unidas, y supuso una extraordinaria victoria diplomática para Rabat.

Desde entonces, el Gobierno español no ha rectificado aquel giro. Pedro Sánchez y su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, han consolidado una política hacia Marruecos basada en preservar una relación estratégica que abarca migración, seguridad y economía. El argumento es conocido: conviene mantener canales abiertos y buena vecindad con Marruecos. Sin embargo, la estrategia de Sánchez ha demostrado no funcionar: una cosa es la cooperación pragmática entre países vecinos y otra muy distinta una sumisión diplomática que pretenda desplazar nuestra política fuera del abrigo del Derecho Internacional y de los cauces de las Naciones Unidas. A la vista está que las concesiones de calado no blindan las fronteras ni garantizan la estabilidad prometida; únicamente le confirman a Rabat el éxito de su chantaje.

Porque aquel cambio tuvo consecuencias. Argelia, principal apoyo regional del Frente Polisario y adversario estratégico de Marruecos, reaccionó con enorme dureza y suspendió el Tratado de Amistad con España. Madrid lleva desde entonces intentando recomponer una relación especialmente importante en materia energética y geopolítica. El reciente acercamiento político y económico a Argel tiene importancia precisamente por eso. Arthur Snell, exdiplomático británico y experto en análisis geopolítico, ha planteado que esa aproximación española a Argelia puede formar parte de la explicación de lo ocurrido ahora en Ceuta. No sabemos si fue el detonante y probablemente tardaremos en conocer todas las piezas, pero sería extraño analizar esta crisis ignorando el triángulo Madrid-Rabat-Argel.

Hay además una paradoja que España debería tomarse muy en serio. Si el giro de Sánchez sobre el Sáhara pretendía garantizar una relación más estable con Marruecos y reducir precisamente la capacidad de Rabat para utilizar la migración como mecanismo de presión, lo sucedido obliga a preguntarse qué se consiguió realmente. España realizó una concesión política de enorme trascendencia para Marruecos. Si cuatro años después la frontera puede volver a convertirse en instrumento de presión cuando aparecen discrepancias, el problema no es solamente qué quiere Rabat, sino si nuestra estrategia hacia Rabat está funcionando.

El contexto internacional, además, ha cambiado. La extrema derecha estadounidense proporcionó a Marruecos durante el mandato de Donald Trump una victoria al reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Rabat sabe ahora que dispone en Washington de un respaldo extraordinariamente importante. Al mismo tiempo, el sector ultraconservador norteamericano mantiene una relación difícil con España y contempla con abierta hostilidad buena parte del proyecto político europeo. Por eso resulta significativo el uso inmediato de lo sucedido en Ceuta para golpear al modelo europeo.

La incógnita rusa resulta todavía más delicada. Durante la crisis circularon mensajes asegurando que la frontera española estaba abierta, acompañados de información práctica sobre cómo atravesarla, y redes de desinformación aprovecharon posteriormente las imágenes para proyectar una Europa desbordada. Rusia posee una larga experiencia explotando precisamente este tipo de fracturas sociales y políticas.

No existe evidencia suficiente para afirmar que Moscú organizara la operación o colaborara con Rabat. Pero tampoco conviene descartar la hipótesis sin investigarla. Rusia obtiene un beneficio evidente de cualquier crisis que divida a Europa, fortalezca a los partidos contrarios a la integración europea o debilite a un país que ha apoyado a Ucrania. Además, Moscú, históricamente próximo a Argelia, ha dado señales de aproximación a Marruecos en torno al Sáhara mientras ambos países estrechan determinadas relaciones económicas y energéticas.

Estamos, por tanto, ante una posibilidad que merece atención, no ante un hecho demostrado: que intereses marroquíes, estadounidenses y rusos hayan convergido circunstancialmente alrededor de una crisis que perjudica a España y debilita a Europa. En la guerra híbrida contemporánea ni siquiera es necesario que todos los actores se sienten alrededor de una mesa. A veces basta con que cada uno aproveche la oportunidad creada por los demás.

Hay además una cuestión incómoda que debemos discutir especialmente en Canarias. La verdadera pugna se desplaza hoy a la delimitación de las zonas económicas exclusivas, las aguas territoriales y los yacimientos mineros del subsuelo marino frente a las costas insulares. La capacidad de influencia de Rabat en estos y otros asuntos resulta favorecida cuando encuentra al otro lado interlocutores dispuestos a asumir progresivamente sus marcos geopolíticos. En Canarias los encontramos en distintos ámbitos: en sectores políticos y académicos, pero también en patronales y empresas interesadas en oportunidades comerciales en la región.

Tener relaciones de vecindad no equivale a actuar como altavoz del vecino. La cuestión del Sáhara Occidental sigue encuadrada en Naciones Unidas y remite a un proceso de descolonización pendiente de resolución. Una cosa es favorecer vías diplomáticas razonables y otra dar por bueno que los hechos consumados sustituyan al Derecho Internacional. En Canarias se ha instalado la peligrosa costumbre de llamar «realismo» a lo que no es más que una política de hechos consumados. Y no podemos entregar la posición histórica sobre el pueblo saharaui ni el respeto a la legalidad por un plato de lentejas: ni por acuerdos comerciales, ni por fotografías institucionales, ni por la falsa ilusión de que la complacencia nos garantizará tranquilidad.

Pero quedarse únicamente en Marruecos sería cometer otro error. Porque detrás de esta crisis concreta existe una transformación mucho mayor de nuestro entorno geográfico. Al sur de Marruecos y del Sáhara se extiende una de las regiones más inestables del planeta. El Sahel encadena golpes de Estado, guerras, expansión yihadista, pobreza, inseguridad alimentaria, desplazamientos y una creciente presencia de potencias extranjeras.

Y ahí sí entra de lleno el cambio climático. La Organización Meteorológica Mundial viene advirtiendo del aumento del estrés hídrico y de los fenómenos extremos en África. Los análisis del Council on Foreign Relations sobre clima y conflicto en el Sahel apuntan a una realidad bastante más compleja que el tópico del «refugiado climático»: sequías, degradación del suelo y alteraciones de las lluvias erosionan medios de vida, agravan la competencia por agua y pastos y actúan sobre conflictos políticos, étnicos y territoriales que ya existían.

El clima rara vez explica por sí solo que alguien abandone su casa. Lo que hace es multiplicar riesgos. Una sequía reduce una cosecha; la pérdida de la cosecha destruye ingresos; la pérdida de ingresos aumenta la competencia por los recursos; esa competencia opera sobre sociedades con instituciones débiles, conflictos previos y presencia de grupos armados. Al final de esa cadena puede haber desplazamiento, violencia o migración. Y la mayoría de quienes se desplazan ni siquiera llega a Europa: se mueve dentro de su propio país o hacia el país vecino.

Pero basta con que una pequeña proporción continúe hacia el norte para que las consecuencias políticas en Europa sean enormes. Esa es una de las ideas más interesantes que plantea Snell en su libro ‘Elemental’: el cambio climático no necesita provocar migraciones de cientos de millones de personas hacia Europa para alterar nuestra política. Puede bastar con incrementar la presión sobre determinadas rutas para alimentar sociedades donde la inmigración ya se ha convertido en uno de los principales combustibles electorales.

Y aquí aparece una contradicción extraordinaria. Vox construye buena parte de su discurso sobre la amenaza migratoria mientras combate políticas climáticas y cuestiona la cooperación con los países africanos. Pero si de verdad preocupa la presión migratoria futura, pocas estrategias resultan más cortoplacistas que abandonar precisamente las políticas que ayudan a reducir algunas de sus causas: seguridad hídrica, agricultura resiliente, acceso a la energía, creación de empleo, adaptación climática, educación y fortalecimiento institucional.

No se puede exigir que la gente permanezca en sus países y, simultáneamente, considerar un despilfarro contribuir a que pueda construir allí un futuro. Podemos discutir cuánto invertir, cómo hacerlo y exigir resultados a la cooperación. Lo incoherente es denunciar las consecuencias mientras se ridiculizan las políticas destinadas a reducir algunas de sus causas.

El populismo estadounidense ofrece el ejemplo más extremo de hasta dónde puede llegar esta política del miedo. Durante el debate presidencial de 2024, Donald Trump afirmó sobre los inmigrantes haitianos de Springfield que «se están comiendo los perros» y «se están comiendo los gatos». Era falso. Pero eso era casi secundario para el funcionamiento político del mensaje: había construido en unos segundos una imagen perfecta para convertir al inmigrante en una amenaza irracional y aterradora. Un bulo de diez segundos tiene mucha más capacidad de movilización que una explicación sobre pobreza, guerras, mercados laborales, demografía, sequías o inestabilidad política.

Ese mecanismo de simplificación —transformar fenómenos complejos en imágenes de pánico capaces de producir indignación y votos— cruza el Atlántico con absoluta facilidad. Cambian los protagonistas, pero la receta es idéntica. Y resulta especialmente peligroso para Canarias porque no observamos estas transformaciones a miles de kilómetros de distancia, sino cerca de nuestras costas.

Por eso Canarias se beneficia de promover cauces de colaboración e interlocución en su entorno africano. Fomentar proyectos compartidos en agua, energías renovables, agricultura adaptada, desarrollo académico e inversión productiva no responde a la caridad, sino a una visión práctica del mapa. Fortalecer el tejido socioeconómico en los países de origen y tránsito ayuda a vertebrar la región y previene tensiones futuras.

Se trata, al fin y al cabo, de mantener una relación fluida y realista entre vecinos: cooperar en los asuntos de interés mutuo sin renunciar a defender los criterios propios cuando existan discrepancias. Rechazar que se utilicen flujos de personas como palanca de presión, actuar con coherencia en el marco de las Naciones Unidas respecto al Sáhara y mantener un equilibrio adecuado con Argelia forman parte de esa misma visión.

La frontera, en definitiva, empieza mucho antes de Ceuta. Empieza en el Sahel cuando una familia pierde su cosecha; en las relaciones entre Argel y Rabat; en el futuro todavía pendiente del Sáhara Occidental; en las campañas de desinformación que convierten una crisis en arma política; en Washington cuando se utilizan las imágenes de Ceuta para alimentar el pánico sobre Europa; y también en Canarias cuando decidimos si la relación con nuestro entorno se aborda desde la cooperación serena o desde el temor a incomodar.

Porque una política exterior volcada exclusivamente en evitar fricciones acaba entregando a la otra parte una ventaja excesiva: la posibilidad de condicionar las decisiones propias mediante la simple amenaza de un desacuerdo.

Ceuta acaba de recordárnoslo. Canarias debería tomar nota.