La crisis migratoria en Ceuta ha obligado a aplazar la comisión bilateral sobre migración entre Canarias y el Estado para tratar los asuntos pendientes relativos a la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. El encuentro, que estaba previsto que se celebrara hoy miércoles, tendrá lugar el próximo 7 de septiembre debido a que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, viajará a Ceuta para seguir de cerca la situación que se está viviendo en la ciudad autónoma.

Sí se mantiene la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia este jueves, en la que se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta. Canarias, que asistirá –ocho regiones más han confirmado su participación–, aprovechará para insistir en la designación del representante de los menores migrantes durante la fase de triaje, una de las novedades del pacto de la UE.
Esta comisión nace del intento fallido de celebrar la Conferencia Sectorial de Inmigración prevista para julio de este año, a la que las regiones del PP dieron plantón acusando al Gobierno de España de «deslealtad institucional y de llevar a cabo una «política migratoria opaca e irresponsable». De esta forma, el encuentro fue suspendido por falta de cuórum.

En dicha reunión entre las comunidad autónomas se iba a hacer un balance del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes y se darían más detalles sobre la aplicación del pacto de la UE que, a día de hoy, sigue en el aire.

Así, ese mismo día, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, emplazó a la consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Candelaria Delgado, a una reunión bilateral Canarias–Estado hoy miércoles. Pero la gestión de la crisis migratoria en Ceuta derivada de la entrada masiva de miles de migrantes a la ciudad autónoma el pasado 30 de julio ha ido modificando de fecha diversos aspectos.

Así, en septiembre se analizará el informe elaborado por los servicios jurídicos del Estado sobre la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, y se trasladará información sobre las cumbres europeas que se han celebrado para abordar dicho pacto.

Uno de los frentes abiertos entre el Gobierno regional y el central es la designación del representante que debe acompañar a los niños y niñas que han emigrado en solitario durante la primera fase de su llegada a las costas. Precisamente, a última hora del lunes los servicios jurídicos del Ejecutivo canario revisaban un nuevo escrito que el archipiélago va a remitir al Gobierno de España para que aclare a quién corresponde esta competencia.

El Ejecutivo regional entiende que esa obligación corresponde al Estado, porque el triaje se desarrolla «todavía bajo competencias estatales», antes de que el menor quede bajo tutela autonómica. Por contra, la Delegación del Gobierno en Canarias defendió en su día que la figura presente durante esa fase no puede ser la fuerza policial que lleva la gestión del Centro de Atención Temporal de Extranjeros en el que esté el menor en el momento en el que llega, por lo que «quedaría claro» que la región es la que debe estar presente.

Además de esta cuestión, en la reunión bilateral que se celebrará a principios de septiembre también se tratarán diversos aspectos, como el análisis de un informe sobre la situación migratoria actual y la planificación ante las llegadas de personas migrantes, de manera irregular, por vía marítima, aérea, y terrestre al territorio nacional durante los próximos meses, detallan fuentes de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno canario.

Por otro lado, en el encuentro también se estudiará cómo está funcionando la nueva regulación de extranjería que permite la regularización extraordinaria de personas migrantes y cuánto impacto económico está teniendo en el archipiélago.

Como tema pendiente incluido en el orden del día por el Gobierno de España se encuentra el debate del nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, que arrancó con una dotación de 500 millones de euros para el primer año, en el que se incluyen 16 medidas con el objetivo de avanzar en la integración e inclusión, trabajo digno, orden, regularidad, derechos y obligaciones, entre otras, de las personas migrantes que llegan al territorio español en búsqueda de un futuro mejor.