Al otro lado del teléfono,

Mabel Deu

interrumpe la conversación con LA RAZÓN. «Perdona, es que se está armando un caos aquí. Ahora hay una manifestación que va para la Delegación del Gobierno». A las cinco de la tarde y en directo, nos retransmite la situación de la última protesta. «Claro, después de las declaraciones de la ministra Robles y lo que ha dicho sobre el CNI y que avisaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,

se está moviendo por redes una convocatoria para que la gente vaya a pedir la dimisión del delegado».

Esta vez, le toca observar la crisis derivada de la invasión que tuvo lugar hace casi un mes en su ciudad, Ceuta, desde su ventana. Como la mayoría de sus paisanos, que se ven obligados a guardar confinamiento para evitar situaciones de inseguridad, pasa la mayor parte del tiempo en su casa.

Nada que ver con el papel que desempeñó hace cinco años, cuando fueron unos diez mil los inmigrantes que cruzaron la frontera –y aquello ya pareció el fin del mundo–. Entonces, le tocó ser testigo y protagonista como vicepresidenta del gobierno local y la encargada del Área de Menores.

En 2022, luego de que la Justicia le abrió una investigación por la devolución de medio centenar de niños a Marruecos, dejó las competencias de Menores. En mayo de 2023, abandonó la corporación local y, dos años más tarde, recibió el golpe: la Audiencia Provincial de Cádiz la condenó, junto a la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos, a nueve años de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos. Porque no

«se ajustaron a procedimiento legal alguno»

en la repatriación de los niños.

El «lío», rememora, empezó en agosto. A mediados de mes. En el transcurso de un día normal. Después de alcanzar un consenso con el Ejecutivo de

Pedro Sánchez

, las dos administraciones competentes habían resuelto cumplir con un convenio suscrito entre España y Marruecos en 2007 sobre la emigración ilegal de menores no acompañados y que nunca antes se había aplicado.

Desde mayo, mes en el que entraron a Ceuta los diez mil ilegales, el objetivo fue siempre el mismo que ahora: descongestionar la ciudad con una repatriación efectiva de los magrebíes. Mayores y menores. «El presidente del Gobierno vino a Ceuta. Igual, igual. El ministro Marlaska, que era el mismo, igual.

Dijeron que todos tenían que retornar y ya nos pusimos a trabajar de la mano de la Delegación y con el apoyo del Gobierno de España».

Con mayor facilidad, pudieron acometer la expulsión de los inmigrantes adultos. Cuestión aparte fueron los menores. Transcurridos tres meses, en pleno verano, permanecían más de 1.000 menores de edad. En aquel momento, ya se había iniciado –no sin polémica– el plan de retorno aprobado por la Moncloa y requerido formalmente por Ceuta.

«Hubo declaraciones del Rey de Marruecos diciendo que tenían que retornar todos sus menores.

Nos pusimos a trabajar en el convenio marco y el Gobierno fue el que, jurídicamente, estuvo trabajando con Interior

, con Extranjería y Fronteras, y con Exteriores», describe Mabel Deu.

Pero todo se frenó una mañana. Ya habían logrado devolver al país vecino unos cincuenta y cinco menores. En tierra de nadie, dentro de la frontera entre Ceuta y Marruecos, una mañana en la que procedían a hacer lo propio con otro grupo –solían llevar una quincena al día–, cinco de los niños sorprendieron a la vicepresidenta, que supervisaba todo el proceso, con una maniobra:

«Sacaron un papelito del bolsillo. Había una solicitud de ‘habeas corpus’.

Era un papel que le habría dado quien fuera, con la misma letra en distintas tintas, unas azules, otras negras». Acto seguido, llamó al inspector de frontera para aclarar la situación. «Llamó al juzgado y los llevamos a la comisaría. La jueza dijo que no estaban detenidos y podían irse tranquilamente».

Pero nunca se fueron. A los pocos días, llegó la denuncia de la asociación Coordinadora de Barrios a la Delegación del Gobierno. Y llegaron las cautelarísimas. Y el calvario judicial, con una primera citación que acabó en condena, pendiente de recurso.

Un lustro después, la historia tiende a repetirse. La diferencia es que ahora los que permanecen en la ciudad a día de hoy son tantos como los que entraron. Y la semejanza es que hogaño, como antaño, el Estado cuenta con los mismos recursos para protegerse de una

«invasión».

Hasta ayer, martes, el Gobierno se había negado a reformar la ley que, según la Justicia, incumplieron su delegada y la vicepresidenta ceutí en aquel retorno fallido. A falta de conocer la letra pequeña, parece indicar que Pedro Sánchez ha atendido los ruegos de Juan Jesús Vivas y de la oposición, con un endurecimiento de su política migratoria. Un cambio legal que, anticipa Mabel Deu, será en balde.

«No van a volver».

Precisamente porque el riesgo al que se enfrentan las autoridades encargadas de capear la crisis actual es el mismo: una condena judicial.

«Fíjate. Cinco años después y ¿qué ha pasado? Nada. Que han entrado, en vez de 15.000, unos 80.000 o 90.000.

Todo sigue igual. Esto ha sido una invasión en mayúsculas.

Después de un primer intento en 2021, sigue habiendo una debilidad en la frontera, sin medios ni recursos suficientes para evitar transgresiones de esta índole. No se han tomado medidas para volver a la normalidad».