El Gobierno elevó ayer la crisis de

Ceuta

al máximo nivel de coordinación casi un mes después de que más de 72.000 personas atravesaran la frontera desde Marruecos, pero todavía desconoce cuántos migrantes permanecen realmente en la ciudad autónoma.

«No lo sabemos. Ni nosotros ni el Gobierno de Ceuta»

, admiten sin rodeos fuentes de Moncloa.

El Ejecutivo trabaja con una estimación que sitúa en torno a 5.000 las personas que aún siguen en Ceuta

, frente a cálculos superiores manejados desde la propia ciudad. Pero nadie puede cerrar la cifra. Hay migrantes que continúan dispersos, otros que continúan escondidos y algunos que regresan voluntariamente a Marruecos sin que resulte sencillo mantener una fotografía exacta de una población que no ha dejado de moverse durante las últimas semanas. Esa es precisamente una de las tareas que afrontará la nueva fase de la crisis.

El Gobierno aprobó ayer por primera vez la declaración de

situación de interés para la Seguridad Nacional

y puso al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como autoridad funcional para coordinar todos los recursos.

El objetivo inmediato será concentrar a quienes siguen dispersos, identificarlos, filiarlos y comenzar a resolver individualmente su situación administrativa. El mando único se creó 26 días después de que la frontera saltara por los aires. Y Moncloa tiene una explicación para justificar por qué no lo hizo antes:

Juan Jesús Vivas pidió inicialmente que el Estado asumiera el mando

, pero dejó de reclamarlo cuando el Gobierno le planteó qué suponía realmente entregar el control de la crisis.

Fuentes gubernamentales reconstruyen aquellos primeros días de agosto

asegurando que desde Madrid se preguntó a la ciudad si estaba reclamando realmente que el Gobierno central tomara las riendas. Una vez Moncloa explicó las condiciones –coordinar las labores de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, agilizar la toma de decisiones y el uso de los recursos–, estas mismas fuentes aseguran que después «no se volvió a hablar del tema».

Moncloa admite que Vivas nunca respondió literalmente que no quisiera el mando único. Es la interpretación que el Gobierno hace de lo sucedido porque el presidente ceutí, según el relato de Moncloa, dejó de pedirlo. Aunque la petición de Vivas reapareció con claridad la semana pasada y Sánchez terminó aceptándola. El Ejecutivo rechaza, en cualquier caso, que esos 26 días hayan supuesto un problema de coordinación. Es más:

preguntado sobre si Ceuta se encontraría ahora en una situación similar aunque el mando único se hubiera activado el 2 de agosto

, apenas dos días después de la avalancha, responden afirmativamente.

«Nosotros no creemos que haya habido un problema de descoordinación con el Gobierno de Ceuta»

, sostienen. La paradoja es que el Gobierno ha justificado precisamente la declaración aprobada ahora en la necesidad de «reforzar la coordinación» entre administraciones. Torres contará con un comité especializado en el que estarán representados la ciudad autónoma, los ministerios implicados, el

CNI

y el Departamento de Seguridad Nacional.

El Gobierno también ha cambiado el lenguaje sobre las devoluciones. Durante los primeros días de la crisis, diferentes miembros del Gobierno insistieron en que quienes habían entrado irregularmente regresarían a Marruecos. Casi un mes después, Moncloa introduce un matiz. «Nuestro objetivo es que todas las personas que entraron ilegalmente puedan retornar», aseguran las fuentes, antes de reconocer inmediatamente los límites de esa pretensión:

«Habrá personas que legalmente tengan derecho a quedarse. Y habrá menores no acompañados, que son una cuestión que este país tiene que asumir y abordar».

La diferencia no es baladí.

El Ejecutivo aspira a devolver a todos aquellos cuya situación jurídica permita hacerlo, pero admite que una parte permanecerá en España. Especialmente compleja resulta la situación de los menores, cuya repatriación no puede realizarse mediante una expulsión ordinaria y exige tramitar individualmente cada expediente atendiendo al interés superior del niño.

La crisis coincide con una reforma profunda del marco migratorio que el Gobierno dio a conocer ayer. Interior impulsó dos anteproyectos de ley con una nueva norma de Asilo y una modificación de la Ley Orgánica de Extranjería para adaptar la legislación española al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Moncloa insiste en que ambos proyectos son anteriores a la avalancha de Ceuta y rechaza que hayan sido improvisados para responder a lo ocurrido el 30 de julio.

Estos textos ya habrían pasado por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios antes de que estallara la crisis. «No tienen nada que ver», insisten sobre cualquier relación causal con Ceuta. El problema vendrá ahora en el Congreso.

Las dos reformas tienen rango de ley y el Ejecutivo tendrá que reunir una mayoría parlamentaria que actualmente no tiene garantizada. Moncloa admite que todavía habrá que negociar los textos con los grupos y que algunas formaciones que sostienen habitualmente al Gobierno mantienen posiciones muy diferentes sobre inmigración, asilo y retornos.

Ceuta se ha convertido en el principal problema político de Sánchez.

Y Moncloa prevé que la crisis se prolongue hasta el 31 de diciembre. El mando único, dirigido por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, centralizará la coordinación de los ministerios y administraciones implicadas, reforzará la seguridad urbana y fronteriza y ordenará la respuesta migratoria, desde la identificación y atención de quienes permanecen en Ceuta hasta la tramitación de los retornos.