ENRIQUE SERBETO, ENVIADO ESPECIAL

TAMPERE (FINLANDIA). Los socios europeos de España son conscientes de que la afluencia de inmigrantes ilegales es un grave problema, pero no están dispuestos a ayudar con entusiasmo a resolverlo, a no ser que obtengan la garantía de que no se ofrecerán nuevas regularizaciones masivas. Uno tras otro, muchos de los ministros de Interior y Justicia de los principales países de la UE apostaron por una política decidida y rápida de deportaciones de los emigrantes ilegales, que lance un mensaje claro a las mafias. Varios de ellos hablaron refiriéndose a la política española como ejemplo pernicioso y algunos, como la holandesa Maria Cornelia Verdonk, vinieron incluso con un mapa para señalar hasta dónde llega la distribución de los emigrantes que han entrado en Europa desde el sur.

La reunión informal de ministros que se celebra en esta pequeña ciudad de Finlandia donde hace siete años un Consejo Europeo puso las bases del espacio común de seguridad y justicia, pretendía haber lanzado nuevas propuestas de largo alcance, como el inicio del debate sobre la toma de decisiones por mayoría en lugar de por unanimidad, pero también en este campo los países siguen presos de la pesadumbre institucional que ha dejado el fracaso en el proceso de ratificación del Tratado Constitucional. La política migratoria es en estos momentos una de las prioridades de la agenda europea, pero en ningún caso en el sentido en que esperaba el Gobierno español, que sigue cosechando los correctivos de sus socios por la decisión unilateral de regularizar a setecientos mil inmigrantes ilegales. «Tenemos que estar dispuestos a repatriar a los ilegales, porque si miles han conseguido entrar por esa vía, otros miles lo intentarán», dijo el ministro alemán del Interior, Wolfang Schaube. «Es necesario evitar a toda costa el efecto llamada, lo más eficaz respecto a los que caen en la delincuencia organizada es que tengan que volver». La ministra holandesa insistió en que los que entran ilegalmente «tienen que volver. Nosotros tenemos un procedimiento muy breve, pero España legalizó a setecientos mil en el pasado y esta gente sabe cómo están las cosas aquí y todo lo que hay que hacer para que se puedan quedar. Estamos dispuestos a colaborar, siempre y cuando se nos informe con antelación de las decisiones que quieren tomar otros países».

En la línea de lo que la canciller Angela Merkel le dijo al presidente del Gobierno, Schaube reiteró que España «puede contar con nuestro apoyo en este campo» de las repatriaciones lo cual es muy significativo teniendo en cuenta que Alemania presidirá la UE el próximo semestre. Pero en el fondo se trata solamente la parte formal de un discurso que en escenarios informales fue mucho más duro.

«Canarias no se hundirá»

Schaube entró en el edificio donde se celebra la reunión diciendo que «pedir dinero a los demás es el sistema más sencillo de resolver los problemas» y el ministro del Interior de Baviera, que representaba al conjunto de los «lander», que son los que tienen en Alemania las competencias en materia de inmigración, lo hizo diciendo que «las Canarias no se hundirán por 25.000 emigrantes, teniendo en cuenta que Alemania tuvo que asumir sola cuatrocientos mil» durante las guerras balcánicas.

El ministro finlandés Kari Rajamaki reconoció expresamente que desde que se adoptó el año pasado «ha habido voces críticas» con la decisión española porque «se trata de una política que queremos hacer conjuntamente y este tipo de decisiones deberían ser consultadas de antemano».

El ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, que asistía por primera vez a un Consejo comujnitario, no pasó de insistir con las buenas intenciones, igual que su colega Jesús Caldera, que se atrevió a decir en la sala de reuniones que los ministros harían bien «pensando en los efectos positivos de la emigración». El titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, más acostumbrado a estas reuniones, llegó a advertir veladamente en una rueda de prensa con fomentar el trasiego de ilegales desde Canarias hacia los países del norte de Europa, específicamente los de lengua francesa: «Hay que recordar que la mayoría de africanos que llegan a Canarias son de habla francesa y que aspiran a ir a otro país, en realidad quieren ir hacia el norte», más allá de la frontera de los Pirineos.

En este campo, Frattini fue también expresamente amenazador: «O compartimos el coste de esta situación o no habrá más remedio que compartir a los emigrantes, se quiera o no». Por ello, a la vista de esta situación, Alemania ha propuesto que se mantenga en manos de cada país la emigración legal y se empiece a estudiar la fórmula para hacer de la emigración ilegal un asunto europeo. Y para financiarlo, lo único que se les ha ocurrido es aumentar la dotación del fondo europeo de auxilio en caso de catástrofes, llamado «Fondo de Solidaridad», algo que España apoya con entusiasmo. ¿Hasta qué punto lo que pasa en Canarias es un desastre natural? La cuestión no deja de ser inquietante.