Cuando el Estado falla, aquellos que desean reducir el papel del Estado, y por tanto de las instituciones democráticas, ven reforzado su argumentario. Y el Estado, en la crisis de Ceuta, no ha dado la respuesta óptima y efectiva que esperaban, primero, los ciudadanos de la ciudad autónoma y, después, el resto de españoles que observan lo que sucede con asombro, incredulidad y fuertes dosis de indignación. El Estado es la suma de todas las administraciones, pero es el Gobierno central el que debe liderar y asumir la responsabilidad principal ante cualquier crisis de esta magnitud, más aún sabiendo que los recursos de Ceuta para afrontarla eran totalmente insuficientes. Al margen del debate sobre el papel de Marruecos, o de los servicios de Inteligencia y de Interior en aquel día en el que miles de inmigrantes se saltaron la valla de la frontera, y que deberán explicar los ministros en el Congreso, lo realmente grave es que el Estado no ha sido capaz de prever las consecuencias humanas y humanitarias. La percepción extendida es que el Gobierno ha ido siempre un paso por detrás de los hechos que han ido emergiendo por la concentración de seres humanos en condiciones lamentables, con problemas tanto sanitarios como de seguridad.

Siempre he creído que el Estado falló con la dana valenciana, hace dos años. Falló, por incompetente, la Generalitat Valenciana, pero falló también el Gobierno por su incapacidad de dar una respuesta rápida a la dramática situación que sufrían centenares de miles de valencianos que se sintieron totalmente olvidados durante cuatro eternos e insoportables días. Y nunca entendí cómo el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tomó la iniciativa ante la falta obvia de recursos de la administración valenciana, movilizando todo el músculo del Gobierno ante tal tragedia. Lo peor vino después, pues el Gobierno de España y el de la Comunidad Valenciana actuaron cada uno por su lado, sin ningún mecanismo, ni voluntad, de colaboración institucional. Era la mejor manera de mostrar el fracaso del Estado compuesto, que es la configuración que se diseñó con la Constitución Española. Un fracaso que no se puede achacar a los mecanismos que ya están presentes en la legislación española; es un problema político. Y cuando la política se superpone a la arquitectura institucional pensada para responder a situaciones de emergencia, el desastre y el dolor están garantizados.

El PSOE y el PP, así como otras fuerzas políticas, deberían meditar sobre cómo esta intolerable falta de reacción y de colaboración institucional, unida a la bronca partidista que siempre va asociada, va a acabar dando alas a quienes sacan tajada electoral cuando la democracia se muestra incapaz de dar respuesta a los ciudadanos. Después vendrán los lamentos y las crisis, pero es ahora cuando algunos se lo están poniendo fácil. A Vox le han puesto la alfombra hacia el éxito.