Las comunidades autónomas han garantizado al Ministerio de Sanidad que pondrán a su disposición los lotes de vacunas solicitados para hacer frente a las necesidades derivadas de la crisis migratoria en Ceuta. El compromiso se ha formalizado en el seno de la reunión extraordinaria de la Comisión de Salud Pública convocada de urgencia para este lunes por la mañana con un único punto en el orden del día: articular el mecanismo de solidaridad interterritorial para el suministro de material sanitario.

El objetivo de este operativo preventivo es dotar a la ciudad autónoma del stock necesario para inmunizar a las personas llegadas en las últimas semanas. Aunque desde el Ministerio de Sanidad se sigue insistiendo en que no nos encontramos ante un escenario de emergencia de salud pública, en total se prevé movilizar un contingente de hasta 15.000 dosis de triple vírica, y 10.000 de difteria – tétanos, 10.000 de varicela y 10.000 de polio.

Pese a confirmar su aportación, diversos consejeros autonómicos han expresado sus dudas sobre la vertiente operativa del traslado. El responsable de Sanidad de Cantabria, César Pascual, ha puesto el foco en la complejidad técnica de la operación, recordando que estos fármacos requieren mantener una cadena de frío estricta que no admite improvisaciones. En este sentido, ha reclamado que no se establezcan «17 logísticas paralelas» y que la coordinación de los envíos sea asumida íntegramente por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo responsable de la sanidad en los territorios autónomos.

En esa misma línea se ha pronunciado el consejero aragonés, Ángel Sanz, quien, tras reafirmar la vocación solidaria de su región, ha exigido a la cartera que dirige Mónica García una radiografía completa de las necesidades reales e instrucciones precisas sobre el reparto. La postura más beligerante la ha protagonizado la Comunidad de Madrid. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra la actitud de Moncloa al considerar que la petición de vacunas se ha planteado de «manera chantajista».

La secretaria de Organización del PP nacional, Carmen Fúnez, se ha pronunciado antes del término de la reunión entre comunidades y Sanidad para cargar contra la gestión de García ante la crisis migratoria y sanitaria, criticando la falta de información diagnóstica sobre las personas contagiadas. La dirigente popular ha advertido de que resulta imposible plantear un eventual confinamiento sin contar previamente con un diagnóstico firme que lo avale, recordando que las competencias directas de la administración central ahora mismo se reducen a la gestión de los centros hospitalarios de Ceuta y Melilla.

En este sentido, Fúnez ha remarcado que la activación de cualquier medida de aislamiento o confinamiento por parte de la Consejería de Sanidad ceutí requiere un informe técnico previo expedido por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en un plazo inferior a 24 horas. La secretaria de Organización ha denunciado que, hasta hace apenas tres días, el Ministerio ha mantenido una total ausencia de informes y de coordinación a la hora de trasladar los datos epidemiológicos clave a la ciudad autónoma.

Al problema sanitario desencadenado en Ceuta tras la entrada masiva de personas a finales de julio se le ha sumado una brecha de seguridad ciudadana que preocupa cada vez más a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En la comisaría de la Policía Nacional el trasiego es incesante durante las madrugadas: agresiones, denuncias cruzadas y detenciones se han convertido en la tónica habitual de un operativo policial desbordado. Los propios agentes advierten de que las rencillas entre los propios recién llegados irán en aumento a medida que se agoten sus recursos económicos y la estancia en la calle se prolongue sin una solución logística a la vista.

Uno de los principales focos de conflicto radica en las disputas internas y las luchas por la supervivencia entre los propios migrantes. Paralelamente, la ciudadanía ceutí manifiesta un creciente clima de inseguridad alimentado por episodios de violencia callejera y comportamientos intimidatorios en la vía pública. Un deterioro del orden público que ha encendido las alarmas de las autoridades locales, que ven cómo la saturación de las infraestructuras de acogida empieza a trasladar la tensión directamente a las calles.