Polémica apertura exprés de un centro de inmigrantes en Almería
Los alcaldes se enteraron por las redes sociales de la llegada del contingente a Purchena
La Razón, , 24-08-2026La reapertura exprés del antiguo centro de menores de Cuesta Blanca, ubicado en el término municipal de Purchena, como recurso de acogida de inmigrantes adultos, ha desatado la batalla política y social por la gestión migratoria en Almería. Se trata de la decisión de un Gobierno con «mucha inquina y mucha ideología por hacer daño a una comarca gobernada al 80% por alcaldes del PP», según aseguró la diputada nacional de esta formación, Maribel Sánchez Torregrosa. El hecho ha provocado una profunda indignación entre los ayuntamientos de la comarca, que «no fueron informados» de la llegada de 49 personas adultas, solicitantes de protección internacional, procedentes de Canarias y que hasta ahora permanecían en otro centro de acogida de la provincia de Málaga. Bajo esta premisa de «ocultación desleal», el PP ha formalizado la petición de dimisión inmediata del subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín. Argumentan que «su obligación no es enterarse después ni llamar a los alcaldes y pedir disculpas cuando el problema ya está encima de la mesa; su obligación es anticiparse, informar y coordinar», sentenció tajante Sánchez Torregrosa.
De hecho, la polémica no radica únicamente en el cambio de uso del centro, sino en las formas operativas de la puesta en marcha de un complejo que cerró sus puertas a finales de 2020, tras años funcionando como recurso para menores tutelados por la Junta de Andalucía. «En este momento no sé cómo está el edificio, tema de seguridad, de salubridad», explicó el alcalde purchenero, José Luis Serrano, avisando asimismo del «requerimiento que le hemos hecho a la asociación Engloba, que ha hecho el contrato de arrendamiento con la empresa gestora y que
tampoco ha informado de que se había producido ese cambio». «Yo ahora mismo no sé qué es lo que hay realmente, qué es lo que trasladé al subdelegado», confirmó el regidor, informando de que tuvieron constancia de la nueva actividad cuando «comenzaron a circular de forma masiva vídeos y fotografías en redes sociales» que mostraban la llegada de ciudadanos de origen subsahariano a pie de carretera.
Para el municipalismo de la zona, la falta de una notificación oficial previa supone una quiebra flagrante de la lealtad institucional. Aunque carecen de competencias en materia de fronteras y asilo, recuerdan ser los que, en última instancia, deben dimensionar y garantizar «la seguridad, la asistencia y el correcto funcionamiento de los servicios públicos en pueblos que apenas superan los miles de habitantes», como declaró el alcalde de Olula del Río, Antonio Pascual. A su juicio, la decisión «debería haberse comunicado previamente a los municipios del entorno». Desde las filas populares se califica lo sucedido no como un mero «despiste administrativo», sino como una estrategia deliberada de gobernar «de espaldas a los municipios».
A esta indignación por la falta de transparencia se ha sumado de forma beligerante la diputada nacional de Vox por Almería, Rocío de Meer,
calificando la situación de como «insostenible»
debido a la falta de recursos y presupuesto en la provincia y sentenciando que no van a aceptar «ni uno más, ni por tierra, ni por mar ni por aire». «No los queremos aquí», exclamaron desde Vox, oponiéndose «frontalmente a que se destine un solo euro de los españoles a sostener económicamente este tipo de recursos de acogida».
Sin embargo, aunque el subdelegado del Gobierno mantiene silencio público al respecto, el senador Antonio Martínez Rodríguez ha salido al paso de la polémica para defender con vehemencia la gestión del Ejecutivo y acusar al Partido Popular y Vox de «mentir y agitar de manera irresponsable el miedo» entre la población de la zona con el único objetivo de arañar rédito electoral a costa de un drama humanitario. A través de un comunicado, Martínez detalló que el contingente de 49 personas trasladado a Purchena no responde a ninguna crisis de menores ni a una
«oleada descontrolada»
, sino a adultos solicitantes legítimos de asilo y protección internacional, afeando que la derecha use palabras incendiarias como «invasión».
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