Agustín Markaide, expresidente de Eroski y analista económico, disecciona para DV las claves económicas de la última década en el bolsillo de los guipuzcoanos. Markaide advierte de que el futuro del territorio pasa por recuperar el poder adquisitivo sin lastrar la competitividad empresarial, apostando por una fiscalidad inteligente y la colaboración público – privada para blindar la cohesión social. Al pan, pan, y al vino, vino.

– ¿Se está empobreciendo la clase media guipuzcoana?

– Se ha empobrecido, de hecho. Pero ha sido sobre todo durante los años post – pandemia por el pico inflacionario. La crisis de inflación alimentaria tuvo como causa – origen la guerra de Ucrania que afectó a los cereales básicos, y los impactos recientes han tenido relación con la crisis energética por la guerra de Oriente Medio, afectando al petróleo y derivados, sin contar con la sequía que afectó al aceite de oliva o las crisis en las cadenas logísticas desde China o Suez.

– ¿Y la de la vivienda?

– Tiene un ciclo natural largo de resolución por el desajuste entre oferta y demanda. Hoy el esfuerzo para comprar una vivienda con un salario es parecido al de 2008, y sigue siendo mucho mayor en la capital que en otros municipios de Gipuzkoa. La demanda se ha activado por el incremento de población, sobre todo por la inmigración, y especialmente por la reducción progresiva del tamaño de las familias, lo que hace más cara por persona la inversión. La oferta, por su parte, ha tenido impactos que han reducido la disponibilidad de viviendas, como su destino al turismo.

– (…)

– Por otra parte, las medidas públicas sobre el mercado han beneficiado a los que ya tienen piso en alquiler, pero han desanimado a los propietarios, por lo que la oferta se ha reducido notablemente.

– Hay amenazas para el futuro.

– Sí, ya que existen causas estructurales a largo plazo como el estancamiento de la productividad, una alimentación más cara por ser más sostenible, y mayores costos ambientales y demográficos por el envejecimiento. Pero también hay esperanzas que pueden jugar a favor, como la revolución tecnológica y la IA para mejorar la productividad, y una mayor generación de valor por tener mayor población.

– ¿Cómo cambia el comportamiento del consumidor cuando la alimentación sube al doble de velocidad que la nómina?

– Los impactos son desiguales, afectando de forma diferente a empleados privados, empleados públicos, autónomos, pensionistas y otros trabajadores con empleo precario o sumergido. Si el empleo se estima como no estable, la acción de consumo es muy precavida y afecta a decisiones de equipamiento no cotidiano, desde cenar fuera o viajes hasta reformas, vivienda y compra de coche. Si el importe real de los ingresos a corto es escaso, se prioriza el día a día y se maximiza y restringe la ecuación de valor por dinero, afectando desde la compra de carne o pescado al uso del tiempo libre. Así, los pensionistas públicos, empleados públicos y empleados de grandes empresas o empresas muy competitivas tendrán mejores condiciones para mantener su ritmo de vida a medio plazo. Y otra cosa.

– Dígame.

– El consumidor se ha desplazado a otros aceites, a carnes y pescados más baratos, o ha optado por productos de marca de distribuidor. La alimentación ha pasado a ocupar un lugar no preeminente en la cesta de gastos familiares; de haber sido la mitad del gasto hace 50 años, ahora representa uno de cada seis euros.

– ¿Tienen las empresas guipuzcoanas margen de rentabilidad para subir los salarios de forma importante sin perder competitividad?

– Esa es la clave, y es el ‘canario en la mina’. En tiempos de crisis que impactan sobre el ciudadano normalmente la parte del valor añadido total de la economía que se destina a los salarios crece, como pasó en 2008 – 2011 o con el Covid, y cuando la situación se normaliza la retribución al capital se recupera. En este momento, la retribución al capital es más elevada que en el Covid, y, al menos aparentemente, hay margen para recuperar los niveles adquisitivos de los salarios. Pero hay que hacer lecturas más pormenorizadas que las que dictan las medias, porque en los datos que barajamos están influyendo de forma determinante los resultados de las empresas financieras y energéticas, muy beneficiadas por la subida de tipos de interés o de precios de la energía y, aunque son muy pocas empresas, son muy relevantes.

– Esta erosión del poder adquisitivo no afecta de la misma forma a mayores propietarios que a jóvenes sin independizar. ¿Cómo compromete esta brecha la cohesión social y el futuro económico?

– Hoy tenemos una alta concentración de riqueza acumulada en familias de mayor edad y con menos hijos que en generaciones anteriores, y esa riqueza se va a concentrar más a través de la donación o herencia. Las tres cuartas partes de la riqueza de Gipuzkoa se basa en la vivienda, y más del 90% de las familias guipuzcoanas de más de 65 años es propietaria. Pero los nuevos troncos familiares van a depender mucho más de sus propias condiciones y tendrán que soportar un peso notable del alquiler o de la hipoteca en comparación con las otras. La fiscalidad y el gasto público juegan un papel esencial para que esa brecha no se traduzca en una desigualdad de oportunidades en salud, educación o vida digna. La desigualdad afecta a la cohesión y con el tiempo crea guetos, lo que afecta a la seguridad.

– ¿Qué medidas son imprescindibles para corregir ese desequilibrio?

– En primer lugar, asegurar la competitividad permanente de la economía ‘abierta’ frente al exterior, por el efecto multiplicador que tiene sobre el resto de la economía para emprender, innovar e invertir. En segundo lugar, la anticipación y planificación; hay que atreverse a abordar los retos inevitables del inmediato futuro en clima o población, que necesitarán de recursos públicos ingentes. En tercer lugar, la vivienda también necesita de visión y acción a largo plazo: si la promoción económica pública se focaliza principalmente en la capital y su entorno, la demanda se polarizará dificultando el acceso, mientras que una acción sobre el conjunto de las comarcas de Gipuzkoa puede ofrecer alternativas más accesibles.

– ¿Alguna medida más?

– Sí, es clave la acción coordinada público – privada, siendo las cooperativas de vivienda un ejemplo. Por último, es imprescindible la gestión de la cohesión social, así como un gasto público y una fiscalidad pública competitiva.