La agresiva agenda antiinmigratoria que Donald Trump puso en marcha el mismo día de su segunda investidura acaba de recibir un nuevo revés judicial. Un tribunal de Nueva York invalidó el pasado viernes la suspensión de visados impuesta a principios de año por el presidente de Estados Unidos a 75 países. La sentencia concluye que la medida resulta «contraria a la ley» y que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias legales con esta iniciativa. La tramitación de las visas para inmigrantes, subraya el fallo, de 61 páginas, corresponde a los funcionarios consulares de las respectivas embajadas y no a un miembro del Gobierno de Washington.

La prohibición se encontraba en vigor desde el pasado enero, cuando la Administración Trump decidió que impedir la tramitación de visados a ciudadanos de decenas de países (75 suponen más de un tercio del mapa mundial) era la mejor manera de evitar una mayor «carga pública» a Estados Unidos. Los inmigrantes procedentes de las naciones incluidas en la lista negra representan «un alto riesgo de depender de la asistencia social o de convertirse en una carga para las finanzas públicas», defendió entonces el Departamento de Estado. Entre los vetados aparecían enemigos declarados de Washington, como Irán o Cuba, pero también algunos de sus aliados, como Jordania y Egipto. Rusia, Brasil, Tailandia, Marruecos, Uruguay, Somalia o Nigeria, entre otros, se vieron asimismo afectados.

La resolución judicial que la magistrada Jeannette Vargas, nombrada para el puesto por el expresidente Joe Biden, firmó el pasado viernes incide en el carácter discriminatorio de la suspensión de los trámites para la obtención de visados para ciudadanos de estos países. La Administración Trump, argumenta la jueza federal, ordenó denegar el documento basándose solo en el lugar de origen del solicitante, sin tener en cuenta si cumplía o no con el resto de requisitos. Y ahora, con esta sentencia, todas las visas rechazadas bajo esta política quedan revocadas, lo que puede afectar a miles de personas.

Las asociaciones de defensa de inmigrantes evidenciaron su satisfacción con el fallo –que puede ser apelado por el Ejecutivo de Washington– porque «las leyes no pueden utilizarse para justificar la discriminación», apuntó Joanna Cuevas, del National Immigration Law Center, que recibió la decisión judicial como «una victoria» para el colectivo extranjero y sus familias. De hecho, detalló el sábado el diario ‘The New York Times’, detrás de la demanda contra la orden de prohibir la emisión de visados a 75 países se encuentran cinco colombianos y seis estadounidenses con familia en naciones (Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía) afectadas por la medida.

No es la primera vez que la Justicia desarma parte de la política antiinmigratoria de Trump, que ha recibido varios varapalos. Hace sólo un par de meses, en junio, un juez federal anuló la tasa de 100.000 dólares fijada para los visados de trabajo –utilizados generalmente para el sector tecnológico– y la Corte Suprema suspendió el decreto que eliminaba la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados.