La Sierra Oeste ha vuelto a arder esta semana cuando todavía se está reconstruyendo.

Aldea del Fresno y Villamantilla tuvieron que ser confinadas mientras el Gobierno de la Comunidad de Madrid avanzaba en nuevas ayudas para las zonas afectadas. Las imágenes devolvieron a la zona el humo, las carreteras cortadas y los dispositivos de extinción apenas unas semanas después del mayor incendio en la región.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, estaba en el escenario, recorriendo los municipios arrasados, como tantas jornadas durante este mes de agosto donde ha encadenado anuncios para la reconstrucción. Los últimos, un millón de euros para autónomos y pequeñas empresas que hayan sufrido daños, con apoyo financiero para recuperar equipos tecnológicos y servicios asociados, y medio millón de euros en nuevas ayudas al sector vitivinícola. En la Puerta del Sol sitúan ya en más de cincuenta las medidas adoptadas desde el incendio. «Queda mucho recorrido por delante, pero vamos a seguir planteando propuestas todos los días para hacer una recuperación inédita», dijo la presidenta después de anunciar también acciones de promoción de productos y refuerzo del enotursimo. «Intentamos llegar a todos los rincones después de este terrible incendio», afirmó durante una visita a la zona.

La Comunidad prepara además una campaña extraordinaria de otoño para llevar visitantes a la Sierra Oeste y recuperar la actividad de los municipios.

La sucesión de ayudas empezó con un paquete de 58 medidas, incluyendo hasta 20 millones del Plan de Inversión Regional

para actuaciones urgentes, ayudas a autónomos, empresas, comercios y explotaciones ganaderas, avales, bonificaciones fiscales y apoyo a los ayuntamientos. Después llegó un plan de 30 millones para vivienda, con inmuebles de la Agencia de Vivienda Social, realojos y ayudas para alquiler y reparación de las viviendas dañadas.

La presidenta ha decidido suspender sus vacaciones y permanecer en Madrid durante este proceso y cada visita a la sierra acaba teniendo una segunda derivada. El ático de Chamberí y su nuevo domicilio sortean el foco de las ayudas, los daños o la recuperación de los negocios. Ayuso ya respondió en una de sus visitas: «Yo no trabajo para mis adversarios, que están de vacaciones». «Estamos dejándonos la piel, ayudando a la gente que lo está pasando tan mal». Y añadió: «Yo no trabajo ni para Pedro Sánchez ni para lo que organizan».

Las vacaciones del presidente del Gobierno en La Mareta han recrudecido la crítica en un momento de máxima tensión en Ceuta y con la llegada de 245 inmigrantes en sólo una noche a Lanzarote, a poca distancia de la franja de seguridad de la residencia oficial del presidente, la única playa blindada. Ayuso ha preguntado cuánto cuestan las estancias del presidente en el palacio; ha cuestionado su ausencia mientras se suceden los problemas de Ceuta y ha señalado a varios ministros por su viaje al eclipse de Yebes.

Esta semana volvió sobre Ceuta con una referencia que se ha repetido como fotografía del verano del presidente del Gobierno. «Tras 16 días de esta invasión tolerada por el Gobierno y por Sánchez mientras sigue de vacaciones con sus chanclas en La Mareta, tranquilo allí, Ceuta está al borde del colapso».

Las chanclas frente a las botas sobre el terreno ha querido escenificar la dirigente popular mientras avanza las cifras de la reconstrucción. La sierra, las vacaciones de Sánchez y Ceuta han ocupado el discurso del Ejecutivo regional mientras la izquierda explotaba otro «caso»: la presidenta se va a vivir a un piso de alquiler.

Frente a la ausencia de reales decretos, tan del gusto de Moncloa, para poner fin a la situación en Ceuta, o de medidas para devolver la normalidad en la ciudad, la izquierda ha preferido centrar sus críticas en impulsar una nueva polémica con el domicilio particular de Ayuso.

«Sánchez no sólo es un irresponsable, sino que también es un traidor»

, avanzó la popular en relación con el «abandono» de los ceutíes y la situación de alerta máxima en la ciudad.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha dejado pasar la ocasión para cargar de nuevo esta semana contra la mandataria madrileña, entrando de lleno en la precampaña de cara a las elecciones autonómicas de mayo del 27. En una entrevista con Ep, ha considerado que la gestión de la compra del ático por parte de la Comunidad «debería» pasarle factura a la presidenta en la próxima cita electoral y que la adquisición oficial y la utilización de fondos públicos para ello es propio de una «república bananera».

Los ataques contra Ayuso se recrudecen justamente la semana en la que otra incidencia en Cercanías deja tirados a los usuarios madrileños. Los trenes acumularon demoras en las líneas C – 2 y C – 8 por un robo de cable y problemas de señalización en Alcalá de Henares. Las incidencias de la red forman parte ya del día a día de los madrileños que, resignados, soportan retrasos habituales. La parada del Hospital Ramón y Cajal es una de las habituales donde las demoras trastocan muchas veces las citas médicas previstas.

El PSOE y el Gobierno mantienen la presión sobre la mandataria madrileña mientras Sánchez se baña alejado de los hacinamientos, la sarna, la vulnerabilidad de la población y a la espera del otoño judicial que le espera por los casos en torno a una presunta financiación irregular de su partido. La ministra de Sanidad y aspirante a «echar a Ayuso» de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones, Mónica García, dedica tiempo a cargar contra la presidenta regional mientras la llueven las críticas por su gestión en Ceuta. «Madrid merece un gobierno que diga la verdad y una presidenta que ponga al Gobierno a resolver los problemas de todas y todos los madrileños en lugar de usar un cargo para comprar privilegios», dijo en sus redes sociales.

La ministra fue abucheada en su visita a Ceuta y criticada por los médicos por la falta de medios con los que cuentan para atender al elevado aumento de la población

a raíz de la avalancha de inmigrantes. Además, ha tenido que hacer frente al alud de críticas por defender la actuación de un sistema sanitario público – privado, su bandera principal contra Ayuso, cuando la sanidad de Ceuta depende directamente de su ministerio a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. En este caso no puede atribuir las medidas a una Comunidad, como hace con la de Madrid.