La ofensiva lanzada por España para obtener ayuda europea en la lucha contra la inmigración ilegal puso ayer en acción a tres ministros, los de Justicia, Interior y Asuntos Sociales, que volvieron a batirse con sus colegas comunitarios en un escenario difícil pero que ayer empezó a dar sus primeros frutos. Todos los miembros de la UE admitieron, por fin, que es precisa una mayor solidaridad ante el problema de la inmigración con los países más afectados y apoyaron una iniciativa de la presidencia finlandesa que propone utilizar fondos comunitarios para sufragar parte de los costes que asumen los estados que reciben inmigración ilegal. Las negociaciones desplegadas en Tampere (Finlandia) fueron precedidas sin embargo de declaraciones muy poco solidarias, casi inamistosas, de los representantes de Austria y Alemania. Ambos insistieron en el recurrente argumento del efecto llamada de la regularización de inmigrantes realizada el año pasado, pero en el caso del alemán, que es el titular de Interior del Estado de Baviera, se desentendió del problema con una inadecuada referencia a que España no se hundirá por la llegada de 25.000 ilegales, cuando su país recibió más de 400.000 en un año.

La doctrina europea parece que comienza a fraguar un embrión de futura legislación comunitaria única en inmigración basada en una política de cooperación entre los países miembros, una rápida repatriación de irregulares para evitar el efecto llamada y un refuerzo del control de las fronteras exteriores. Con todo, estaremos ante medidas parciales en tanto no se apruebe una política común europea sobre inmigración, unificando leyes y procedimientos y dotada del correspondiente presupuesto para hacer frente a los costes cada vez más elevados del control de fronteras, identificación y repatriación de los ilegales.