Tres semanas después de la entrada masiva de más de 70.000 de migrantes en Ceuta, la ciudad autónoma sigue sumida en un complejo vacío legal y en una asfixiante emergencia humanitaria sin que las críticas al Ejecutivo arrecien por su «ineficaz», «ausente» e «indolente» gestión de la crisis. Sin visos a una salida clara ni temprana, y ante el desafío que implica la emergencia, Pedro Sánchez designará al ministro Ángel Víctor Torres para articular y coordinar la respuesta de los distintos departamentos que están actuando sobre el terreno, aunque se resiste a la puesta en marcha de un mando único como le reclaman las autoridades locales y el PP. En la elección del presidente ha pesado la experiencia en cuestiones migratorias del titular de Política Territorial tras sus cuatro años al frente del Gobierno de Canarias y que fue el impulsor de la última reforma de la ley de extranjería.

La respuesta de Pedro Sánchez y su Ejecutivo ante el repunte de la presión migratoria en Ceuta se ha movido en un delicado equilibrio entre la acción humanitaria, la firmeza fronteriza y el funambulismo diplomático con Marruecos. El despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sumado al retorno espontáneo de miles de marroquíes tras comprobar las duras condiciones en Ceuta y a un operativo de expulsión rápida coordinado con Rabat contuvieron el impacto inmediato en el perímetro fronterizo, pero dejaron al descubierto las costuras de un sistema asistencial saturado, especialmente en lo relativo a los menores no acompañados.

Sobre el papel, el Gobierno defiende su gestión como un ejercicio de responsabilidad institucional y coordinación europea pero en la práctica revela importantes fisuras en la ejecución. La falta de medios, el colapso en las calles y en los servicios de la ciudad, la lentitud burocrática para agilizar los retornos y el trámite de los expedientes migratorios han puesto a Sánchez y a sus ministros en el disparadero. Las críticas, incluso, le llegan a nivel interno. Desde el PSOE de Ceuta acusan al presidente de no haber afrontado la situación con la contundencia necesaria y lamentan que las visitas ministeriales hayan dejado buenas intenciones pero ninguna solución concreta.

La dependencia de la colaboración de Rabat ha condicionado cada movimiento de Madrid. El uso de la ayuda financiera y los acuerdos bilaterales han servido como parches temporales, pero no han desactivado una bomba de relojería social y política que el principal partido de la oposición utiliza como ariete contra el Palacio de la Moncloa. Los populares acusan a Sánchez y a su Gobierno de improvisación, debilidad exterior y de provocar un «efecto llamada» debido a la falta de contundencia en el control de las fronteras.

Ante las presiones desde todos los flancos, el Ejecutivo ha decidido pisar el acelerador y ha comenzado ya a buscar soluciones para enderezar la crisis. En menos de 72 horas, aprobó el traslado de 500 niñas a la península – sin contar con el Gobierno local ni las comunidad autónomas – , decidió habilitar cuatro espacios para albergar a 1.500 migrantes en la ciudad autónoma y llevar a cabo el desalojo policial de la playa de El Trampolín, donde se encontraban casi 4.000 inmigrantes . Medidas a las que se suma ahora la designación de Torres, quien deberá coordinar, entre otros asuntos, los dispositivos de acogida, el reparto de los más vulnerables, así como la tramitación de los expedientes de retorno.

La presión del PP es implacable y exige la expulsión inmediata de «todos» los migrantes que cruzaron la frontera a finales de julio, sin distinguir entre «mayores ni menores». Desde Génova se acusa a La Moncloa de «inacción» y «abandono» institucional, señalando que el ritmo de tramitación de expedientes de devolución es desesperadamente lento para una infraestructura local colapsada. A las voces de Feijóo y su comité de dirección se ha sumado la Comisión Europea, quien avala formalmente que España puede retornar a Marruecos a los migrantes irregulares basándose en la Directiva de Retorno comunitaria aprobada en junio. Bruselas recuerda además que este marco legal ampara también la devolución de los menores extranjeros no acompañados, siempre que se realice mediante procedimientos individuales y con las debidas garantías legales, descartando así las expulsiones automáticas o colectivas.

Este doble frente ha colocado al Gobierno en una posición sumamente delicada. En el Ministerio de Juventud e Infancia defienden que una repatriación masiva y exprés de estos niños y adolescentes, tal y como la plantea la oposición, supondría una ilegalidad flagrante. El Ejecutivo recuerda con insistencia el precedente de 2021, cuando la devolución apresurada de más de 500 menores en Ceuta desembocó en severas condenas judiciales por prevaricación contra las autoridades de entonces al considerar que infringieron la ley de extranjería y la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

Frente a la exigencia de expulsiones totales del PP y el paraguas normativo brindado por Bruselas, el Ministerio de Infancia trata de acelerar planes alternativos, como el traslado de niñas vulnerables a diferentes comunidades. No obstante, el choque institucional continúa agravándose. Mientras las organizaciones no gubernamentales alertan sobre la desprotección y la falta de información de los derechos de asilo a pie de playa, Ceuta continúa siendo el tablero de juego donde se dirime el futuro, los límites legales y la soberanía de las fronteras españolas y europeas.