Son ya seis los países europeos que han anunciado devoluciones a Italia de solicitantes de asilo que llegaron al Viejo Continente a través de las fronteras italianas. Estas expulsiones, que llevaban años congeladas y podrían afectar ahora a unos 10.000 personas, según una estimación del diario ‘La Repubblica’, se han reactivado con la entrada en vigor, el pasado 12 de junio, del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. El acuerdo fue aplaudido inicialmente por el Gobierno de Giorgia Meloni, al considerar que suponía un giro en la política de Bruselas para situarse en su línea restrictiva frente a la inmigración irregular, pero está volviéndose en su contra.

Tras Alemania, Suiza, Austria, Finlandia y Suecia, este viernes se sumó Países Bajos. «Las devoluciones deben hacerse nuevamente conforme a las normas del Pacto Europeo. Por eso estamos iniciando este proceso con Italia», informó Julia Huisman – de Vries, portavoz del Ministerio de Justicia y de Seguridad neerlandés, en declaraciones a la agencia Lapresse. Roma sólo pretende aceptar a los extranjeros que llegaron a territorio europeo después del 12 de junio, cuando entró en vigor el acuerdo.

El continuo goteo de países que mandarán de vuelta a Italia a los solicitantes de asilo obligó a Meloni a romper su silencio de estos últimos días, en los que está disfrutando de sus vacaciones. Negó que se esté produciendo un «efecto bumerán» y consideró que el pacto europeo asegura una «mejor tutela» para los Estados de recepción, al marcar «un punto de inflexión positivo» con los llamados ‘dublineses’. Con ese nombre se conoce a los migrantes afectados por el Tratado de Dublín, que determina que las peticiones de asilo deben gestionarse por regla general en la primera nación europea de llegada.

Italia lleva años dejando salir a los extranjeros de su territorio y, además, negándose a recibir a los solicitantes de asilo que otros países europeos trataban de devolverle después de que hubieran continuado su viaje desde las costas italianas. Esa situación, no obstante, ha cambiado con la entrada en vigor del nuevo pacto.

Según Meloni, desde 2023 su país ha rechazado aproximadamente 80.000 solicitudes de admisión de otros Estados miembros. La justificación se basaba siempre en el gran número de llegadas de irregulares, aunque lo cierto es que la cifra ha bajado de manera drástica en los últimos años tras los acuerdos suscritos con Libia y Túnez para que controlen mejor sus fronteras. Los desembarcos fueron 157.000 en 2023, pero cayeron a 66.000 tanto en 2024 como en 2025, según los datos del Ministerio del Interior. La reducción en los flujos en lo que llevamos de 2026 hace prever una disminución todavía mayor al final del ejercicio.

La primera ministra defiende el acuerdo europeo porque contempla la posibilidad de establecer en terceros países centros de retorno o deportación para extranjeros. Esos campamentos eran una de las grandes promesas de la primera ministra, cuyo Gobierno construyó hace dos años en Albania dos instalaciones para ese fin, pero la Justicia ha impedido su funcionamiento hasta ahora. La oposición de izquierdas interpreta los controles a las conexiones con España en puertos y aeropuertos, establecidos tras la crisis de Ceuta, como una estrategia propagandística del Ejecutivo para desviar la atención de sus errores en materia migratoria. Por el momento, no hay visos de que esas medidas vayan a levantarse.