María Elósegui (San Sebastián, 1957) magistrada desde hace ocho años del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en representación de España, mantiene que «la situación reciente que estamos viviendo no corresponde para nada a un fenómeno migratorio, es algo artificial que obedece a un nuevo fenómeno que se ha comenzado a denominar por la Unión Europea instrumentalización de la inmigración». Elósegui ofrece la visión jurídica sobre la crisis migratoria en Ceuta y aborda otros asuntos judiciales tras participar en un curso de verano de EHU.

–¿Como magistrada del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo qué le parece la petición de algunos partidos para que el Gobierno español expulse a los migrantes llegados a Ceuta?

–Los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son bastante claros. Primero, no existe un derecho a emigrar en el Convenio que se aplica a 46 países ni siquiera un derecho al asilo. Por tanto, la primera cuestión es que los Estados tienen derecho a defender sus fronteras y el acceso debe hacerse de modo legal y por los puntos oficiales establecidos. Es importante resaltar que se puede y se debe pedir visados, que parece que es algo que se olvida. España es pionera y ofrece la posibilidad de pedir un pase también en las embajadas de los países de origen. Una vez que las personas han entrado ilegalmente sólo los que quieren pedir protección internacional, es decir asilo y refugio, tienen derecho a unos procedimientos administrativos para que se estudie su situación. Eso no quiere decir que no puedan ser expulsados, pero una vez que están dentro, no se puede hacer una devolución en masa.

–¿Pero en el caso de los menores?

–Lo mismo ocurre con los menores no acompañados, pero eso no excluye que a esos menores se les pueda devolver a sus familias de origen si se les localiza en el país de origen, y si eso no es posible, que se busque algún familiar en otro país de la Unión Europea. Esto último lo ha hecho Grecia en múltiples ocasiones. También hay que ver si esos menores provienen de situaciones de necesidad o son enviados por sus familias como ‘caballos de Troya’ para que luego reagrupen a la familia.

–El Gobierno español trabaja en el traslado de 500 niñas migrantes a la península. El Ejecutivo de Euskadi, sin embargo, apela a la reagrupación de los menores con sus familias. ¿Esta es la vía a seguir?

–Hay que ver caso a caso, pero si se encuentra a las familias de origen y son de países que no están en guerra, lo lógico es repatriar a esos menores.

–¿La crisis de Ceuta es la demostración de que la emigración es la gran cuestión que deben afrontar hoy las sociedades occidentales?

–La situación reciente que estamos viviendo no corresponde para nada a un fenómeno migratorio, es algo artificial que obedece a un nuevo fenómeno que se ha comenzado a denominar por la Unión Europea ‘instrumentalización de la inmigración’. Me atrevería a decir que ha sido fabricado por las autoridades marroquíes en este caso, como se hizo también en 2021. Cuando ha habido realmente fenómenos migratorios reales, Europa ha respondido dando asilo a esas personas.

–¿En qué casos?

–Alemania acogió a un millón de sirios. Polonia ha acogido a un millón de ucranianos. Un fenómeno diferente es la inmigración económica huyendo de la pobreza. Para ello los países de la UE deben hacer una política legislativa ordenada y a largo plazo, sin usar la inmigración como un elemento politizado.

–¿Qué quiere decir cuando habla de instrumentalización de la inmigración?

–La UE define la instrumentalización de la inmigración como una situación en la que un tercer país o un actor no estatal hostil alienta o facilita el flujo de migrantes irregulares hacia las fronteras exteriores comunes. Su fin es desestabilizar políticamente o ejercer presión geopolítica sobre la UE. El Tribunal de Estrasburgo probablemente acabe dando su propia definición.

–¿En el caso de las llamadas ‘devoluciones en caliente’, qué permite la legislación y qué no permite, a la vista de la situación vivida en Ceuta?

–En el caso peculiar de Ceuta y Melilla la legislación española ha previsto la posibilidad del ‘Rechazo en frontera’ en las dos vallas de esas ciudades. El derecho de asilo, como es sabido, está especialmente vinculado con el principio de «no devolución» que opera, hoy día, como una garantía aplicable a toda la legislación en materia de extranjería, y cuya finalidad es impedir la devolución de una persona a un territorio en el que su vida, integridad o libertad corran peligro. Lo importante es proteger la dignidad de la persona.

–¿El interés superior de los menores debe garantizarse siempre conforme al Derecho Internacional y la ley española o existen herramientas jurídicas que podrían ser activadas en manos de la ultraderecha?

–Ni la ultraderecha, ni los antisistema de izquierdas, como los chalecos amarillos en Francia, pueden activar nada que vaya contra el derecho internacional, el Convenio del Consejo de Europa, la Constitución, y el marco jurídico vigente. En todo caso, los cuerpos y fuerzas de Seguridad deberán prestar especial atención a las categorías de personas especialmente vulnerables.

–Vox dice que impugnará en los tribunales cada expediente de traslado si el Gobierno central procede con la distribución territorial de los menores, por ejemplo.

–Estas cuestiones no deberían judicializarse, sino que deben resolverse con diálogo entre los partidos políticos, pero todo el mundo es libre de utilizar las vías judiciales cuando considere que le ampara el derecho. Son cuestiones de Estado en las que debería haber unidad.

–Las sentencias del procés catalán de octubre de 2019 fueron recurridas ante el TEDH. ¿Están a las puertas de resolverse?

–Hasta ahora se han resuelto ya muchos temas importantes referentes al procés, como la sentencia de Costa i Roselló, o la prisión preventiva de tres de los condenados en el procés, Sánchez y Picanyol, Turull i Negre y Junqueras Vies. En ninguno de esos casos se ha condenado a España, sino que se ha dicho que ha actuado correctamente. Lo que está pendiente es esperable que se resuelva ya pronto.

–¿La polarización lo contamina todo, también al poder judicial?

–En España, el poder judicial está formado por jueces de carrera, funcionarios del Estado que han accedido por oposición, capacidad y mérito. En Estrasburgo recibimos unas 100 demandas al mes contra España. A estas alturas he visto más de 8.000 expedientes y en muy pocos casos encontramos que se hayan hecho las cosas mal. Teniendo una visión de lo que ocurre con la judicatura de 46 países europeos, creo que la judicatura española es ejemplar.