La crisis que se está viviendo en Ceuta desde los pasados 30 y 31 de julio no es nueva. En el año 2021 ya se produjo una situación similar. Entre el 17 y el 18 de mayo de 2021, entraron en la ciudad autónoma unos 12.000 migrantes, de los cuales unos 1.500 eran menores. Las cifras que manejan las autoridades españolas en estos momentos son que en julio entraron en Ceuta en torno a 1.500 menores, aunque algunas organizaciones como Save the Children elevan la cifra a 4.000.

El PP y la ultraderecha han reclamado la repatriación de todos los migrantes que llegaron a nado a la ciudadad autónoma. «Ni mayores ni menores, han de regresar todos», afirmó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El Gobierno también ha asegurado que todos los migrantes que permanecen en la localidad norteafricana serán repatriados, aunque al mismo tiempo habla de que prepara ya un plan para trasladar a 500 menores a la Península. La ley española permite la repatriación de menores. Pero no la permite si se lleva a cabo de manera masiva. Lo estableció el Tribunal Supremo, en una sentencia del 22 de enero de 2024.

El fallo de la Sala Tercera del Alto Tribunal declaró «ilegal» la devolución de 55 menores llevada a cabo por las autoridades españolas en agosto de 2021. La sentencia señaló que la repatriación fue ilegal por la «absoluta inobservancia» de las prescripciones de la Ley de Extranjería, en el retorno de menores, que exigen un procedimiento administrativo individual, información sobre la situación de cada menor, audiencia del mismo si tiene madurez e intervención del Ministerio Fiscal, en este caso la Fiscalía de menores.

Según la sentencia, en 2021 se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores devueltos a Marruecos. Ello sucede, según el fallo, cuando se pone a una persona en serio riesgo de sufrir un padecimiento corporal o psíquico. «Lo que no puede negarse que ocurriera en este caso, cuando la administración no hizo ponderación alguna del interés de los menores ni mucho menos una comprobación de sus circunstancias individuales», afirma el fallo.

Por la repatración masiva y exprés de 55 menores, declarada ilegal, fueron condenadas la exdelegada del Gobierno y la exvicepresidenta de Ceuta. Las condenó la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, una sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo, a nueve años de inhabilitación especial para cargos públicos por un delito de prevaricación administrativa.

La legislación española protege al menor y la repatriación de un migrante debe cumplir una serie de protocolos, establecidos en la ley de extranjería. Lo primero de todo, si se localiza a un extranjero indocumentado, es determinar si es menor de edad. Mientras tanto, recibirá atención de los servicios competentes de protección de menores. Será la Fiscalía de menores quien dispondrá la determinación de su edad. Para ello, necesitará la colaboración de las instituciones sanitarias para realizarle las pruebas necesarias.

Confirmada la minoría de edad, la Fiscalía de menores pondrá al niño o adolescente a disposición de los servicios de protección de menores de la autonomía en la que se encuentre. A partir de ahí, la administración del Estado solicitará un informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática de en este caso Marruecos, con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación.

Cuando se le abra este expediente, se le escuchará al menor, y previo informe de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal, la Administración del Estado resolverá sobre su devolución. La repatriación al país de origen se efectuará mediante reagrupación familiar o a través de la puesta a disposición de los servicios de protección de menores. La ley española es muy garantista y protege a los menores. Su protección prevalece sobre su situación migratoria y establece que «de acuerdo con el principio de interés superior del menor», la repatriación se llevará a cabo, mediante reagrupación o bajo los servicios de protección de su país, «si se dieran las condiciones adecuadas para su tutela por parte de los mismos».

Durante la tramitación del procedimiento, deberá hacerse un informe sobre la situación de arraigo y estado psicológico y sobre la familia y condiciones de seguridad en su país de origen. La Delegación del Gobierno es quien tramita el expediente y quien dicta la resolución definitiva.