Desde el pasado 30 de julio, cuando entraron en Ceuta más de 70.000 personas de forma irregular, se ha creado y mantenido en el tiempo una situación dramática humanitaria con miles de personas viviendo en situaciones extremadamente precarias y sin ninguna acogida digna y apropiada por parte del Estado español, que ha dejado a miles de personas viviendo en un “vacío legal”, expuestas a la violencia sexual y sin alojamiento, alimentos ni saneamiento adecuados durante casi tres semanas”. Estas son las dos conclusiones de un informe de urgencia realizado sobre el terreno por la oenegé de derechos humanos Human Rights Watch.

Estas dos conclusiones las ha adelantadio la directora asociada para Europa de HRW, Judith Sunderland, en una entrevista en La Ser, en la que ha denunciado que el Estado español no ha dado los pasos debidos para hacer un triaje de estas personas para identificarlas y empezar los procedimientos legales para analizar los casos individuales y ver qué se puede hacer con ellas.

Sunderland también ha advertido que si bien la mayoría de personas son marroquíes hay un número importante de personas que proceden de otros países de África con conflictos y que tienen derecho a pedir asilo. De hecho, ha señalado que este derecho también asiste a las personas de origen marroquí si así lo plantean. “Cada persona tiene derecho a pedir asilo y una análisis individualizada”, ha indicado la directora adjunta para Europa de HRW, quien ha denunciado que “nadie ha recibido información sobre sus derechos”.

Sunderland también ha criticado las voces de la Unión Europeas que en los últimos días han abogado por devolver a todos estos migrantes a Marruecos. “Es absolutamente censurable cualquier llamamiento a expulsiones masivas sin ningún examen individual de las personas”, ha apostillado para recordar que las expulsiones masivas están prohibidas “absolutamente” por la Convención Europea de Derechos Humanos “rige en España y por lo tanto en Ceuta”. “Es lamentable oír a portavoces hablar así y sobretodo de menores no acompañados”. En este sentido, Sunderland ha incidido en que en el caso de los menores “rige absolutamente” el “mayor interés del niño”.

“A pesar de la difícil situación, España debe movilizar rápidamente los recursos suficientes para garantizar una gestión humana y ordenada de la crisis, en beneficio tanto de los migrantes como de los residentes de Ceuta”, señala el informe realizado a partir de un viaje de investigación de cuatro días a la ciudad autónoma, del 15 al 18 de agosto, basado en entrevistas a 76 migrantes, incluyendo 42 entrevistas individuales (37 adultos y 5 menores no acompañados) y conversaciones grupales o breves con 34, entre ellos 4 menores no acompañados.

La organización destaca que mientras el ministro del Interior, Fernando Grande – Marlaska, cifró en 5.000 los migrantes que permanecen en Ceuta, organizaciones locales elevan la cifra hasta los 10.000 e incide en que la instalación de cuatro campamentos de tiendas de campaña en Ceuta con capacidad para 1.500 adultos y los traslados a estos centros “no serán suficientes para cubrir la demanda”.

El informe indica que muchas personas entrevistadas especularon que el Gobierno “retrasó la ayuda para convencer a las personas de que regresaran a Marruecos”.

Además de describir las precariedad en la que están viviendo esas personas la organización denuncia que “la escasez de duchas y aseos obliga a la gente a utilizar parques, solares baldíos y el mar”.

Según la ONG hasta el 20 de agosto, no había constancia de que las autoridades españolas hubieran iniciado ningún procedimiento legal ni evaluación individual de adultos. Si bien los marroquíes parecen constituir la mayoría de las personas que llegaron a finales de julio, Human Rights Watch también habló con hombres y niños de Chad, Senegal, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen, Argelia, Siria y Egipto. Muchos habían pasado años en arduos viajes y expresaron su deseo de solicitar asilo en España. ”Quiero solicitar asilo”, dijo Mohamed, un joven sudanés de 20 años. “Pero aún no tenemos ninguna información”.

Asimismo, según HRW, muchas mujeres marroquíes hablaron de haber escapado de la violencia doméstica. Fátima, de 47 años y originaria de Tetuán, nadó hasta Ceuta con su hijo de 11 años para huir de su exmarido maltratador. ”Dejé mi país no porque tenga hambre, sino porque mi marido es drogadicto; nos pega a mí y a mi hijo”, dijo. Mostró una larga cicatriz en el brazo donde, según contó, la cortó con un cuchillo. Según ella, sus intentos de denunciarlo a la policía marroquí fueron inútiles. Fátima acudió a la policía de Ceuta, pero le dijeron que fuera al barrio de los almacenes, donde cientos de personas duermen a la intemperie “hasta que se encuentre una solución”.

Según las normas de la Unión Europea vigentes desde mediados de junio, España debería haber examinado a todas las personas, incluyendo controles de seguridad y salud, y una “verificación preliminar de vulnerabilidad” para identificar a las personas apátridas, supervivientes de tortura u otros tratos inhumanos o degradantes, y personas con “necesidades especiales”, de conformidad con la legislación de la UE.

No está claro – señala el informe – si España recurrirá a los procedimientos acelerados de asilo en frontera, lo que podría conllevar rechazos rápidos, entre otras razones porque los solicitantes de asilo estuvieron previamente en Marruecos, país que la UE considera un “tercer país seguro” donde deberían haber solicitado protección internacional.

Los ciudadanos marroquíes, incluidas mujeres que alegan temor a la violencia doméstica, corren el riesgo de regresar debido a un acuerdo de readmisión con España que los considera un “país de origen seguro”, alerta la ONG, que recuerda que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en España ha instado a las autoridades a proporcionar información sobre el derecho de asilo e identificar las necesidades de protección mediante una evaluación adecuada. Los migrantes que no necesitan protección internacional pueden optar al Programa de Asistencia Humanitaria de España.

Por otro lado, explica el informe, cuatro médicos de urgencias declararon haber atendido a un total de dos mujeres y seis niñas, entre ellas una marroquí de 14 años y una niña de 11 años de un país africano no identificado, por agresión sexual y violación. Una mujer marroquí de 25 años afirmó a HRW que un hombre hispanohablante la violó la noche de su llegada; no ha denunciado la violación a la policía. La Fiscalía de Ceuta informó haber recibido 13 denuncias de agresión sexual entre el 30 de julio y el 17 de agosto, siendo la mayoría de las víctimas personas no residentes de la ciudad.

La situación de los menores no acompañados es especialmente preocupante, según Human Rights Watch. No existen estadísticas fiables sobre cuántos podrían encontrarse en la ciudad. En cualquier caso el 18 de agosto el Ministerio del Interior comunicó que la policía había registrado a 2.168 menores no acompañados.