COLPISA/MADRID
El Ministerio de Asuntos Exteriores no ha logrado aún que fructifiquen sus gestiones para repatriar a los asiáticos que llegaron a Tenerife en un ‘barco negrero’ hace una semana. Los policías que custodian a los casi 200 inmigrantes consideran que esas personas viven en «un limbo jurídico». Siete días después de su desembarco, los ocupantes del buque ‘Al Mari’ permanecen en una nave de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz pese a haber superado el período legal de 72 horas de custodia, tras el que deberían ingresar en un centro de internamiento o pasar a disposición judicial.

Se trata, en su mayoría, de inmigrantes procedentes de Pakistán, aunque también podría haber entre ellos ciudadanos de India y Sri Lanka. Las fuentes policiales consultadas afirmaron que su traslado a un centro no se ha producido porque, «en teoría, están siendo identificados» para ser devueltos a sus países de origen. El pasado viernes, tras ser desembarcados, el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que se habían hecho «gestiones con el embajador de Pakistán en Madrid», Hasan Sarmad, con quien se había «llegado a un acuerdo para que, en cuanto estén identificados, los que sean paquistaníes sean devueltos».

Los policías consultados aseguraron que el embajador estuvo «al principio» pendiente de este tema, del que ahora sólo se ocupa un traductor. La Embajada subraya que sólo acogerá «a los que se pueda demostrar, de manera fehaciente, que son paquistaníes». Una tarea complicada, pues «ellos, obviamente, no quieren decir de dónde son». Exteriores admitió que el caso es difícil porque «no hay un tratado de repatriación» con Pakistán.

Por otra parte, el Gobierno se prepara para una larga negociación con Senegal, a quien trata de convencer de que impida la salida de oleadas de inmigrantes. Pese a la ofensiva diplomática española, el Ejecutivo del país africano rechaza suscribir un acuerdo de repatriaciones y no ha logrado reducir la salida de cayucos desde su litoral más meridional.