Gipuzkoa será solidaria, pero con condiciones. La portavoz y diputada foral de Gobernanza, Irune Berasaluze, afirmó ayer que Gipuzkoa «está dispuesta a acoger» menores migrantes procedentes de Ceuta. La cifra de cuántos de los varios miles de niños y adolescentes, que permanecen en la ciudad autónoma, llegarán a Gipuzkoa es aún toda una incógnita. Depende de muchos factores. De entrada, el Gobierno central no ha dado aún un dato concluyente de cuántos menores hay en estos momentos en Ceuta. Y mucho menos, de cuántos serán repatriados con sus familias. La voluntad de las partes implicadas en la crisis ceutí es que todos los menores regresen a sus casas, extremo que se antoja casi imposible y tarde o temprano será inevitable su traslado a la Península.

El Gobierno foral de Gipuzkoa, que tiene actualmente bajo su tutela a 900 menores, de los que entre 180 y 200 son menores extranjeros no acompañados, ya ha abierto la puerta a que algunos de esos jóvenes que llegaron a la ciudad española del norte de África puedan ser acogidos en centros guipuzcoanos.

El Gobierno foral, liderado por la diputada general, Eider Mendoza, pone condiciones para la llegada al territorio de más menores migrantes. Berasaluze reclamó ayer al Gobierno central un «plan estructural», «consensuado» y en el que «participen» todas las administraciones implicadas. Gipuzkoa exige, de esta forma, que se escuche a todas las administraciones que tienen «algo que decir en esta cuestión». «No puede ser que improvisemos de nuevo una solución para acoger a todos estos menores», señaló. «Tiene que ser un plan que dé respuesta a este problema que vamos a tener», insistió.

Gipuzkoa afirma que su red de protección de menores está «tensionada». Pero a diferencia de Bizkaia, la administración guipuzcoana no llega a asegurar que trabaja por encima de su capacidad asistencial. La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, advirtió días atrás de que los recursos del territorio vizcaíno están «muy por encima de sus posibilidades», ya que acogen a 584 personas y «su capacidad ordinaria es de 345». En el Gobierno foral de Gipuzkoa evitan fijar cuál sería el umbral a partir del cual estaría por encima de sus posibilidades. Según el decreto del Gobierno aprobado el año pasado para el reparto de menores de Canarias, Ceuta y Melilla, cada autonomía debe tener una capacidad de acogida de 32 menores por cada 100.000 habitantes. Aplicado al caso de Gipuzkoa, para una población de más de 700.000 personas, el ratio se situaría en torno a 220. Para Bizkaia, 350.

El Gobierno central, de momento, agota todas las posibilidades para que los menores que han llegado a Ceuta, tal y como le reclaman las autonomías del PP y hasta la UE, puedan volver a Marruecos con sus familias.

Pero en paralelo, trabaja ya en un plan para trasladar a la Península a unas 500 menores. Busca eso sí fórmulas para esquivar el rechazo de las autonomías del PP. Una de las vías sería que su cuidado y acogida pasara a manos de organizaciones de protección a la infancia sin necesidad de que la tutela se trasladara a las autonomías.

El Gobierno Vasco y el Ejecutivo foral de Gipuzkoa desconocen si la intención de la administración central es «derivar esta cuestión o que se gestione a través de las ONGs». «No hemos recibido comunicación alguna», afirmó Berasaluze. El Gobierno Vasco también lamenta que el Ejecutivo central no se haya puesto en contacto aún con las autonomías.

La posición guipuzcoana respecto a la acogida de menores de Ceuta va en la línea de la que ha expresado estos últimos días el Gobierno Vasco. Euskadi «va a seguir siendo solidaria», afirmó el director de Infancia, Txema Ezkerra. «Lo que pasa es que no estamos dispuestos a hacerlo en cualquier condición», señaló. Eso sí, la administración autonómica se ha mostrado más contundente y hasta desafiante con el Gobierno central: «Euskadi no aceptará más derivaciones de menores impuestas y sin garantías», afirmó la consejera de Bienestar, Nerea Melgosa.

Navarra, como Gipuzkoa, también ha mostrado su voluntad de acoger menores. La presidenta del Gobierno foral, María Chivite, aseguró ayer que Navarra cumplirá con sus obligaciones de acogida solidaria, apeló a que el resto de comunidades autónomas hagan lo propio ante las responsabilidades legales existentes y reclamó que se deje de «deshumanizar» la situación de los niños y niñas que se encuentran en Ceuta sin acompañamiento familiar.