La ofensiva lanzada por España para obtener ayuda europea en la lucha contra la inmigración ilegal puso ayer en acción a tres ministros, los de Justicia, Interior y Asuntos Sociales, que volvieron a batirse con sus colegas comunitarios en un escenario difícil, pero que empieza a dar sus primeros frutos. Todos los miembros de la UE admitieron, por fin, que es precisa una mayor solidaridad ante el problema de la inmigración con los países más afectados y apoyaron una iniciativa de la presidencia finlandesa que propone utilizar fondos comunitarios para sufragar parte de los costes que asumen los Estados que reciben inmigración ilegal. Las negociaciones desplegadas por los ministros de Rodríguez Zapatero en Tampere (Finlandia) fueron precedidas, sin embargo, de declaraciones muy poco solidarias, casi inamistosas, de los representantes de Austria y Alemania. Ambos insistieron en el recurrente argumento del ‘efecto llamada’ de la regularización de inmigrantes realizada por España en 2005, pero en el caso del alemán, que era el titular de Interior del Estado de Baviera, se desentendió del problema con una grosera referencia a que «España no se hundirá» por la llegada de 25.000 inmigrantes ilegales. Los comisionados españoles también tuvieron que escuchar severas críticas por la falta de información a sus colegas europeos respecto de procesos de regularización masiva como el emprendido la pasada primavera.

La doctrina europea parece que comienza a fraguar un embrión de futura legislación comunitaria única en inmigración, basada en una política de cooperación entre los países miembros, una rápida repatriación de irregulares para evitar el ‘efecto llamada’ y un refuerzo del control de las fronteras exteriores. Con todo, estaremos ante medidas parciales en tanto no se apruebe una política común europea sobre inmigración, unificando leyes y procedimientos, dotada del correspondiente presupuesto para hacer frente a los costes cada vez más elevados del control de fronteras, identificación y repatriación. Mientras la estrategia común no sea realidad, el Gobierno español está en su derecho de exigir medios materiales y recursos económicos, así como la implicación de otros socios comunitarios en las complicadas negociaciones con países africanos para alcanzar acuerdos de repatriación que han de acompañarse de una política de compensaciones a los que colaboren en la regulación de flujos de inmigrantes. Si el paso dado ayer en Tempere se consolida como iniciativa comunitaria, se habrá avanzado de forma decisiva en el objetivo de sustituir el tráfico de seres humanos por una migración ordenada y humanitaria.