Las familias de los que murieron durante el asalto a Ceuta y cuyos cadáveres han sido identificados, se enfrentan ahora a dos problemas.Un primer intento de entrega de un cuerpo fue frenado por las autoridades fronterizas magrebíes s

in que se haya dado ninguna explicación por dicho rechazo; y, en cualquier caso, deben pagar a la funeraria 2.500 euros.

El proceso administrativo de repatriación requiere la cumplimentación de la documentación necesaria para el traslado de los restos, expedida por las autoridades españolas, así como la obtención de los permisos correspondientes del consulado marroquí. Sobre el terreno, el responsable del equipo forense en Ceuta confirmó la realización de las autopsias a aproximadamente 82 migrantes cuyos restos fueron recuperados en territorio español. En muchos casos, estos procedimientos requirieron análisis de ADN para confirmar con precisión las identidades.

El gobierno local de Ceuta anunció que había completado todos los trámites y procedimientos administrativos necesarios para la repatriación, pero recalcó que aún esperaba la aprobación de la parte marroquí.

Ante estas dificultades, organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamamiento directo a las autoridades de ambos países, instándolas a asumir la plena responsabilidad y cubrir todos los gastos relacionados con la repatriación de los restos. Las familias afrctadas se ven obligadas a recaudar importantes sumas de dinero para garantizar el entierro de sus seres queridos en su tierra natal tras recibir la noticia de su fallecimiento.