El choque entre el poder legislativo y el ejecutivo ha escalado un nuevo peldaño en pleno mes de agosto. El PP ha decidido llevar ante el Tribunal Supremo la negativa sistemática de varios ministros a rendir cuentas en el Senado en relación con la tensa crisis migratoria que padece Ceuta. El grupo parlamentario que dirige Alicia García ha interpuesto un recurso contencioso – administrativo ante la Sala Tercera del Alto Tribunal solicitando medidas cautelarísimas para frenar lo que califica como una «maniobra obstruccionista» y un acto de «rebeldía» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Con este movimiento estratégico, el primer partido de la oposición busca que el Supremo dicte una orden provisional de obligado cumplimiento antes de que expire agosto forzando a la Moncloa a fijar la presencia de los miembros del Gobierno en el Senado antes de que finalice el mes, evitando así que expire el periodo estival con un vacío absoluto de control parlamentario.

El origen de este choque institucional radica en la negativa de los ministros Fernando Grande – Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles a comparecer en agosto en la Cámara alta para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis de Ceuta, que sigue lejos de recuperar la normalidad tres semanas después de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes. El Gobierno comunicó su intención de desviar dichas explicaciones al Congreso para «evitar duplicidades». 

Desde la perspectiva del PP, cada jornada que transcurre sin la presencia de los ministros en el Senado profundiza una anomalía democrática que cercena la capacidad de fiscalización de la oposición. El núcleo del recurso interpuesto sostiene que el Gobierno no posee la potestad de decidir de forma unilateral a qué Cámara se somete o qué controles elude. Argumentan que una comparecencia voluntaria o explicaciones genéricas en el Congreso no pueden invalidar ni sustituir jamás una comparecencia reglamentaria exigida de manera formal por la Cámara que preside Pedro Rollán.

Según arguyen los populares, esta negativa a rendir cuentas vulnera el derecho fundamental de los senadores reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución porque impide ejercer de manera efectiva una de las funciones esenciales del parlamentario, que es controlar al Gobierno. En el texto, los servicios jurídicos del PP subrayan que el Senado no se encuentra en una posición de subordinación frente al Congreso al mismo tiempo que exponen que únicamente la Cámara que dirige Francina Armengol sea quien otorgue o retire la confianza al Gobierno no significa que pueda monopolizar las comparecencias, preguntas, solicitudes de información o demás mecanismos constitucionales de control.

Por todo ello, los populares solicitan al Supremo que ordene provisionalmente al Gobierno cesar en su conducta y dejar de eludir las comparecencias reclamadas por el Senado; acudir a las sesiones todavía pendientes; adoptar en un máximo de 24 horas las decisiones necesarias para posibilitar las comparecencias de los restantes ministros antes de que termine agosto; comunicar inmediatamente a la Cámara alta la disponibilidad de los ministros para poder convocar las sesiones; y, abstenerse de condicionar las comparecencias en el Senado a su sustitución por comparecencias promovidas por el propio Gobierno ante el Congreso.

Aunque los populares confiaban en que el Supremo resolviese rápido y pudiese obligar al ministro del Interior, Fernando Grande – Marlaska a acudir este jueves a la segunda comparecencia fijada en el Senado, no ha sido así. Al abrir la sesión, el presidente de la comisión de Interior, el senador popular Fernando Martínez Maíllo enfatizó que la «nueva silla vacía» del ministro, quien ya faltó el día 12 a otra convocatoria en la comisión, supone que «teniendo la oportunidad de rectificar, no ha querido rectificar» prologando un «acto de insumisión, rebeldía y desobediencia que realmente es intolerable en democracia».

La pelota está ahora en el tejado de la justicia, que deberá decidir si aprecia los requisitos de urgencia para aplicar las medidas solicitadas por la oposición. Si el Supremo atiende la petición urgente y dicta la orden en un plazo de 24 horas, el Gobierno se verá en la tesitura de modificar de inmediato sus agendas estivales para desfilar por la Cámara alta antes del 31 de agosto. En caso contrario, si el tribunal opta por la prudencia procesal o rechaza la vía de la urgencia, el Ejecutivo anotará una victoria táctica, aunque el desgaste político en los tribunales seguirá abierto de cara al nuevo curso político.