El tira y afloja entre España y Marruecos después de la tragedia de Ceuta afecta ya a los periodistas y medios de comunicación que informan desde el país vecino. Un funcionario marroquí informó a los corresponsales de los dos entes públicos españoles ubicados en Rabat, RTVE y la agencia Efe, de que se tenían que ir de “manera inmediata” de Castillejos, frontera con Ceuta, el 15 de agosto, cuando las fuerzas del orden estaban actuando para frenar una nueva entrada irregular de personas a España. Todo ello “sin explicaciones ni justificación”, según explicó una de las afectadas, Arantxa Marculeta de TVE.

Ni tan siquiera pudieron desempeñar su labor informativa en la localidad cercana de Tetuán, donde fueron interpelados de nuevo por las autoridades que les dijeron que “no podíamos estar allí”, “que no podíamos trabajar en esa ciudad” y “que nos teníamos que ir”, detalló Marculeta en su canal. De esta manera, tuvieron que regresar a Rabat, donde está la sede de sus corresponsalías.

La prensa marroquí incidió en la “reciprocidad”, como una respuesta a los problemas que tuvo la televisión pública marroquí 2M para trabajar en Ceuta. Aseguran que realizaron el trabajo con móviles. “Las autoridades marroquíes tomaron dicha decisión por revancha de la expulsión de los periodistas marroquíes de la ciudad de Ceuta como los de la cadena 2M”, detalló a Público el periodista y antropólogo Rachid Raha.

Sin embargo, Marculeta aseguró que lo de sus compañeros de la televisión marroquí se trata de “un problema burocrático, de papeles, para poder pasar la cámara, el equipo técnico, a territorio español”.

Condecorado el censor
El encargado de las acreditaciones y los permisos para que la prensa española trabaje en Marruecos es Mustafa Amdjar, director de Comunicación y Relaciones Públicas en el Ministerio de Juventud, Cultura y Comunicación, vinculado a algunos medios de comunicación en español financiados y apoyados desde Rabat para trasladar su mensaje a la opinión pública española.

Las expulsiones de corresponsales españoles para que cesen su actividad en Marruecos proceden de este departamento. En los últimos tiempos la lista de españoles a quienes se les obligó a dejar de informar dentro del país es considerable: Carla Fibla de la Cadena Ser, Luis de Vega de Abc, Ignacio Cembrero de El País y la que firma este artículo, cuando trabajaba como corresponsal de la Cadena Ser.

En mayo de 2023 el embajador de España en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, condecoró a Amdjar con la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil del Reino de España.

En 2016, Mustafa Amdjar había comunicado a los periodistas autorizados a trabajar en Marruecos que para renovar la acreditación anual tenían que firmar un documento que les juzgaba como periodistas nacionales por el Código de la Prensa y Publicaciones marroquí. De esta manera, pueden ser condenados internamente por simplemente transgredir alguna de las tres líneas rojas: el rey, el islam y la unidad territorial.

Líneas rojas en el Código de Prensa
A pesar de que este documento, aprobado por el Parlamento en 2016, supuso un avance respecto al de 2002 porque eliminó las penas de prisión, los periodistas acaban en la cárcel con cargos prefabricados, como ocurrió con Hajar Raissouni que fue acusada de mantener relaciones prematrimoniales y de interrupción de su embarazo. Salió de prisión unos meses más tarde gracias al indulto extraordinario del rey Mohamed VI tras la gran movilización internacional para su liberación.

Además, el Código de la Prensa continúa permitiendo al Gobierno suspender publicaciones o sitios web, tanto marroquíes como internacionales, mediante orden judicial si “atentan contra el islam, la institución monárquica, la integridad territorial o el orden público”.

De tal manera que el artículo 1 del Código de Prensa de Marruecos de 2002 garantiza la libertad de publicación, pero el artículo 41 castiga con pena de prisión de tres a cinco años todo discurso, reunión pública o pancartas en contra del rey, la religión islámica, el régimen monárquico o la integridad territorial. Así las tres líneas rojas quedan claramente definidas.

Indulto real a periodistas
Es paradójico que cuando Mohamed VI subió al trono en 1999 no había ningún periodista en la cárcel y que cuando cumplió 25 en el reinado en 2024 tuvo que indultar a varios, entre ellos a Omar Radi, encarcelado por sus investigaciones que desvelaron corrupción.

Amnistía Internacional documentó que las autoridades marroquíes vigilaron y espiaron con Pegasus en varias ocasiones a Radi, que al final terminó en prisión. “Lo han convertido en blanco de represión, pues las autoridades buscan silenciar las voces disidentes”, documentó la organización.

Una vez indultados han seguido sufriendo presiones y muchos de ellos se ven obligados a dejar su país. En las últimas conclusiones del Proyecto Pegasus, se señala expresamente a Marruecos como un Estado que utiliza el malware malicioso israelí para espiar a los periodistas.

Por supuesto, la tecnología no está reñida con las prácticas de vigilancia habitual. Durante las entrevistas para esta investigación, los periodistas marroquíes explicaron que “la DGST (Dirección General de Vigilancia del Territorio) corrompía a sus entornos o incluso al que les vendía tabaco o al camarero de turno para que les sentaran en una mesa determinada que era la que tenía los micrófonos instalados en el bar”.

De hecho, detrás de esta investigación de un conglomerado de medios internacionales está el periodista marroquí Hicham Mansouri, que sufre secuelas físicas y psicológicas tras su paso por la cárcel.