El Gobierno de Ceuta y el PP se muestran rotundos. «No». El plan anunciado por el Ministerio de Juventud e Infancia para trasladar a la península a 500 niñas que cruzaron la frontera en el asalto masivo del pasado 30 de julio ha caído peor que mal en el equipo de

Juan Jesús Vivas

, que se opone frontalmente a la medida.

El motivo: los dirigentes de la ciudad autónoma sostienen que la única prioridad en este momento debe ser el retorno de «todos» los inmigrantes que entraron de manera ilegal desde Marruecos y que, todavía hoy, permanecen en la ciudad. «Todos», insisten las fuentes consultadas.

«Mayores y menores»

, repiten.

Además, en el PP recuerdan que fue el propio régimen alauí, por boca de su ministro de Justicia, el que expresó el deseo de

«recuperar a sus niños y menores que se encuentran en España»

y, con desdén y desaire, criticó los «obstáculos judiciales y administrativos» en nuestro país.

Ahora, ante el anuncio del departamento que dirige

Sira Rego

, los populares recogen el guante de Marruecos y emplazan al Gobierno a acordar los términos para el retorno de los inmigrantes.

Entretanto, el gobierno ceutí muestra su estupor por el posible traslado de las niñas. Porque supone un augurio que en nada se parece a su principal demanda. Las autoridades locales aseguran que si se empiezan a repartir a granel los inmigrantes será tanto como avalar la forma en la que han entrado. O, peor aún, cargará de esperanza a los que piensan seguir su ejemplo.

Y, por tanto, aumentará todavía más la vulnerabilidad de un territorio que no está exento de padecer otra

«violación de la integridad territorial»

, como calificó

Pedro Sánchez

la invasión que tuvo lugar hace 21 días.

La presión sobre la frontera sigue siendo altísima. La amenaza sigue estando ahí. La diferencia es que ahora el país vecino se cuida de proteger el fuerte para evitar un episodio de características similares al que tuvo lugar hace tres semanas. Pero basta que afloje la mano para que ocurra de nuevo. Por eso, uno de los objetivos tanto del gobierno ceutí como del PP es

«desincentivar»

la inmigración con medidas drásticas.

De ahí la petición extraordinaria que trasladó Vivas hace días –y que respaldó su partido–, de suspender temporalmente el Derecho de Asilo. O la oposición frontal a este primer traslado, que afectaría únicamente a un centenar de niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, susceptibles de sufrir agresiones sexuales o de caer en redes de trata.

Este miércoles, Juan Bravo, vicesecretario popular, subrayó en los micrófonos de Antena 3 que

«el interés superior del menor es estar con su familia»

y que «el mejor lugar en el que pueden estar los menores» es en «su entorno». Además, recordó que dos ministros, el de Interior y el de Exteriores, anunciaron que los menores regresarían a sus lugares de origen.

El dirigente popular, por otra parte, cuestionó que el Gobierno esté velando por el interés superior del menor, como defiende el Ministerio de Juventud e Infancia.

«Si hay petición de Marruecos para que vuelvan los niños

, si Europa ha dicho que por favor vuelvan los niños y los no niños, los que han entrado de manera irregular, ¿qué más necesita el Gobierno?», recalcó Bravo.

El PP se aferra también a las directrices de Bruselas y reclama el cumplimiento del Pacto de Migración y Asilo comunitario, que reconoce a Marruecos como país seguro. Por lo que el único camino que ve posible es

«agilizar los expedientes de retorno»,

porque es «la solución más fácil» y porque, añadió el vicesecretario popular Bravo, «eso es humanidad».

El Gobierno, a sabiendas de que un reparto de menores en este momento equivaldría a una batalla sin cuartel con las comunidades autónomas, ha apostado por acometer el traslado del medio millar de menores a través de una fórmula novedosa.

En concreto, ha apostado por una fórmula legal, amparada en un decreto ley, para que

«organizaciones de protección a la infancia acojan y cuiden de los perfiles más vulnerables».

Es decir: no habría necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas. Aun así, los territorios se encuentran vigilantes y anticipan una contienda política que ya han comenzado a librar el gobierno ceutí y el PP contra Moncloa.