Pedro Sánchez encuentra cada vez más dificultades para defender su modelo migratorio en Europa. La crisis de Ceuta ha convertido en urgente una batalla que llevaba tiempo larvándose en Bruselas: la Unión ha desplazado su política hacia un mayor control de las fronteras y más énfasis en los retornos mientras el Gobierno intenta mantener un perfil diferenciado, especialmente cuando están implicados menores. Fuentes gubernamentales consultadas por este diario inciden en que están dispuestos a dar la batalla.

La distancia se ha agrandado en 48 horas. Primero, la Comisión defendió que quienes permanezcan irregularmente en Ceuta deben ser devueltos a Marruecos y recordó que esta premisa alcanza también a los menores siempre y cuando se cumplan las garantías exigidas por la legislación, en la que prima el interés superior del menor. Pero Bruselas también contradijo al Gobierno sobre la ayuda solicitada para afrontar la emergencia migratoria. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, aseguró el martes que España había pedido fondos europeos para financiar la acogida temporal de los migrantes. La Comisión precisó ayer que no ha recibido ninguna solicitud formal del Ejecutivo.

El portavoz comunitario de Asuntos Internos, Markus Lammert, explicó que únicamente existen «contactos informales» con las autoridades españolas sobre la manera en que podría articularse esa petición. La pelota, según Bruselas, continúa en el tejado español. La Comisión ha ido incluso más lejos. Asegura que está esperando desde el comienzo de la crisis para ayudar a España y recuerda que mantiene disponibles «en la máxima medida posible» los recursos de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea que Interior negó por segunda vez.

El Ejecutivo mantiene un pulso dialéctico con Bruselas sobre qué hacer con los menores migrantes que continúan en la ciudad. Existe, sin embargo, un matiz: Bruselas no ha ordenado a España devolver automáticamente a los menores. Cualquier retorno debe estudiarse individualmente, respetar el interés superior del niño y garantizar que será entregado a su familia, a un tutor o a una institución adecuada. Tampoco existe ninguna prohibición comunitaria para trasladarlos a la Península.

Pero el mensaje político que manda Bruselas es difícil de obviar y es el que el Gobierno combate intencionadamente. Juventud e Infancia prepara junto al Gobierno ceutí el traslado urgente a la Península de alrededor de 500 niñas especialmente vulnerables para estudiar individualmente su situación.

El departamento que dirige de la ministra Sira Rego viene defendiendo desde el comienzo de la crisis que la prioridad debe ser el interés superior del menor. La reagrupación familiar puede producirse en Marruecos, pero también en España o en otro país europeo dependiendo de dónde se encuentre la familia y de las circunstancias de cada caso.

Por tanto, no existe una rebelión jurídica de España contra Bruselas.

Aunque sí hay una diferencia política sobre dónde poner el acento: la Comisión se fija en el retorno y el Gobierno español insiste en la protección, la acogida y el análisis individualizado para los menores. No obstante, la propia Saiz trató de evitar una confrontación abierta asegurando que España cumplirá «toda la normativa comunitaria». El problema para Sánchez es que Bruselas no está improvisando su posición por Ceuta.

Europa lleva años desplazando su centro de gravedad migratorio en esa dirección. El control de las fronteras exteriores y la eficacia de las devoluciones ocupan ahora un lugar central en la política comunitaria. Y la transformación ha llegado hasta la socialdemocracia.

La demostración más incómoda para Sánchez se encuentra en Dinamarca. La primera ministra, Mette Frederiksen, lleva años aplicando uno de los modelos migratorios más restrictivos de Europa occidental y se ha convertido en uno de los principales referentes de quienes reclaman reducir las llegadas irregulares y acelerar los retornos. La crisis de Ceuta ha terminado acercando todavía más a Frederiksen a Giorgia Meloni.

Y eso ha provocado una reacción directa del PSOE. Javier López, vicepresidente socialista del Parlamento Europeo, y Peppe Provenzano, responsable de Exteriores del Partido Democrático italiano, enviaron una carta al presidente del Partido de los Socialistas Europeos, Stefan Löfven, para denunciar el «eje» formado por los gobiernos danés e italiano y exigir una votación interna que fije la posición de la familia socialista en materia migratoria. El PSOE solo sumó a los socialistas italianos. Pero Sánchez va a la ofensiva porque antepone erigirse en baluarte de la izquierda europea para ganar repercusión. Y para mantenerse como alternativa ideológica a la derecha nacional.

Sánchez se encuentra ante una Europa diferente de la que existía cuando llegó a Moncloa. Entonces podía situar parte del debate migratorio en una división reconocible entre una izquierda favorable a políticas de acogida e integración y una derecha que reclamaba fronteras más duras. Esa frontera ideológica se ha difuminado.