De nuevo, los menores migrantes no acompañados, en el centro de la refriega política. El número de los niños y adolescentes que pululan por las calles de Ceuta desde que cruzaron la frontera en avalancha es una incógnita. Pero dos cifras pueden servir para calibrar la emergencia: la ciudad autónoma, a quien corresponde su tutela, tiene acogidos a distintos espacios a 1.376 menores, pero la Policía Nacional ha filiado a 2.168 chavales. Es decir, casi 800 migrantes que no llegan a los 18 años han sido identificados, pero no están aún bajo el paraguas de los servicios de acogida. Y a esos habría que sumar, los que siguen sin tan siquiera censar por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Mientras que cientos de menores vagan solos por las calles en condiciones insalubres y con la necesidad urgente de recibir tres comidas al día, el Gobierno y la oposición recrudecido el frente sobre su futuro –retorno o acogida– como si se tratase de una decisión colectiva.

Ayer, veinte días después de la entrada masiva, se empezó a agilizar el traslado a centros de niñas y adolescentes que continúan hacinadas en campamentos improvisados por vecinos de barrios de la periferia como El Príncipe. Seis nuevos centros, que serían la primera fase de un plan de choque para sacar a las adolescentes de la calle. La segunda fase, según informó el Ministerio de Juventud e Infancia, pasaría por trasladar a la Península a estas chicas, unas 500 aunque el número puede variar durante el proceso, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas. Su cuidado y acogida pasaría a manos de organizaciones de protección de la infancia. Sin embargo, el Gobierno de Ceuta, en boca de su presidente, Juan Vivas, negó estar al tanto del plan. “Ni se nos ha planteado”, afirmó en la rueda de prensa junto al líder de la oposición, Alberto Núñeez Feijóo, que apostó por que “todos, todos, todos” los inmigrantes retornen a su país.

El Partido Popular, en sintonía con Vivas, se apoya en unas declaraciones del portavoz de la Comisión Europea sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, que respaldó el “rápido” retorno de los inmigrantes, incluidos los menores no acompañados. Además, celebró la intención del Gobierno de España de que “nadie” que permanezca en Ceuta sea trasladado a la Península. Hasta que ayer, la ministra Sira Rego, de la cuota de Sumar en el Gobierno, puso sobre la mesa su idea de reubicar por otras comunidades autónomas a 500 chicas. Génova se respalda en el nuevo reglamento europeo – más duro, en línea con la ola antiinmigración en suelo comunitario – que recoge como condición para realizar estas devoluciones que el país miembro debe asegurarse que el menos se entrega a su familia o un centro de acogida del Estado de retorno. Y Marruecos, dice, está dispuesto a ello.Pero, ¿está el deseo de dos países por encima de la voluntad del menor? El artículo 35 de la Ley de Extranjería establece que las devoluciones de menores no pueden ser ni en masa, ni inmediatas, ni automáticas. Para empezar, la norma establece que se debe solicitar un informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen con carácter previo a la apertura del procedimiento de repatriación. Una vez abierto, se tiene que escuchar al menor, previo otros informes de los servicios de protección y del Ministerio Fiscal. Y luego, la administración resolverá – retorno o permanencia – “de acuerdo con el principio del interés superior del menor”.

Según fuentes policiales, no sería descabellado que la cifra de menores ascienda, finalmente, a los 3.000. Basta multiplicar ese número por todos los informes a realizar para intuir el mayúsculo reto al que se enfrenta el Estado.

El Tribunal Supremo dictó en enero de 2024 la devolución exprés a medio centenar de menores que llegaron durante la entrada masiva de 2021 fue ilegal por su “absoluta inobservancia” de las prescripciones de la Ley de Extranjería. Aquella operación, que lideró el Ministerio del Interior, se saldó con la exvicepresidenta de Ceuta y la Delegada del Gobierno inhabilitadas por prevaricación. El Supremo estableció que los retornos debían haberse ajustado a la legislación española y que sus garantías no podían solo basarse en el acuerdo de 2007 entre España y Marruecos para la vuelta concertada de menores.

El Ministerio de Juventud e Infancia va a dar la batalla para que no se lleve a cabo ninguna devolución ilegal, aunque su capacidad de maniobra está limitada, puesto que la tutela de los que entraron están en manos del Gobierno ceutí, que insiste en la reagrupación familiar, pese a que hasta antes de la avalancha ponía el foco en el reparto entre comunidades autónomas. Muchas de ellas lideradas por compañeros de su partido que se oponían al reparto.

El laberinto es largo y, como advirtió ayer Unicef, “cada día que pasa es un día más de vulneración de los derechos de la infancia migrante en Ceuta”.