Marruecos acusa ahora a España de malos tratos a los que entraron por la fuerza en Ceuta

Rabat contraataca con un informe de su organización de derechos humanos en el que se denuncian todo tipo de delitos

La Razón, J.M. Zuloaga es periodista desde hace más de 50 años, especializado en información sobre el terrorismo de ETA primero y sobre el yihadista en la actualidad, 19-08-2026

La Organización Marroquí para los Derechos Humanos (OMDH) ha presentado su informe sobre las presuntas violaciones de derechos humanos sufridas por inmigrantes irregulares en Ceuta y Melilla el pasado mes de julio,

y anunció su intención de apelar a las instituciones internacionales para que denuncien dichas prácticas.

Según Nawfal Bouamri, presidente de dichaa entidad, "los 40.000 migrantes irregulares fueron víctimas de diversas formas de violencia,

incluyendo palizas y lesiones, así como de la privación deliberada de alimentos y agua. Sus derechos humanos no fueron protegidos de conformidad con los convenios internacionales".

El presidente de la organización también condenó la retórica de odio y racista de la derecha española que acompañó esta crisis. “Instamos a la parte española a que ponga fin a la retórica de odio y xenófoba contra los inmigrantes marroquíes y su país”.

En cuanto a los menores, el presidente de la OMDH lamentó que las autoridades de Ceuta aún no hubieran facilitado su número ni su nacionalidad. Asimismo, deploró, basándose en testimonios de testigos presenciales, que las autoridades de este enclave decidieran enterrar el martes 60 cadáveres en un cementerio musulmán y otros 20 en otro, separándolos únicamente según el color de su piel.

Los inmigrantes eran de diversas nacionalidades: marroquíes, argelinos, tunecinos, egipcios, sudaneses, yemeníes e incluso afganos. Bouamri pidió la identificación precisa de los cuerpos y una comunicación rápida con las familias. Insta a España a abrir una investigación independiente sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos.

La OMDH insta finalmente a la parte española a poner fin a todas las campañas de propaganda y discursos racistas que fomentan la discriminación contra los migrantes en general, así como contra las personas que han cruzado la frontera hacia las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla.

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