El Gobierno trabaja ya en un nuevo plan para la reubicación de menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Ceuta en coordinación con su presidente Juan Jesús Vivas y que cuenta con el rechazo frontal del PP. Para la primera fase de este, cumpliendo con lo estipulado en el real decreto que el Ejecutivo aprobó hace justo un año – que prevé el traslado de estos niños desde territorios que se encuentran muy por encima de su capacidad de acogida a otras comunidades, de manera «vinculante y solidaria» – , el Ministerio de Infancia y Juventud que encabeza Sira Rego estima que serían cerca de 500 jóvenes, aquellos que tienen un perfil más vulnerable, los que pondrían rumbo a otras regiones.

El plan en el que trabaja el Ministerio de Juventud e Infancia, liderado por el secretario de Estado, Rubén Pérez, que se encuentra en la ciudad autónoma desde el domingo de la semana pasada, prevé tanto la acogida por parte de otros territorios cuyos sistemas de atención se encuentran menos tensionados y fuera de contingencia, el acogimiento familiar e, incluso, otras fórmulas que permitan agilizar el trato que necesitan estos jóvenes. Entre estas fórmulas, el departamento de Sira Rego trabaja en «una vía» para que las organizaciones de protección a la infancia «desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas». Es decir, Ceuta seguiría siendo la administración responsable de estas niñas, que hasta ahora se encontraban viviendo en campamentos improvisados en polideportivos por distintas asociaciones de vecinos de la ciudad, pero estarían localizadas en recursos propiedad de organizaciones.

Pero antes de que se produzcan dichos traslados a la Península, un plan que todavía no tiene fijados los plazos y que podría alargarse varias semanas, el Gobierno ya ha trasladado a cerca de un centenar de niñas a otro espacio más seguro a fin de evitar que puedan sufrir violencia sexual, trata o explotación.

La Policía Nacional ha identificado y puesto a disposición del Gobierno de Ceuta desde el 30 de julio, cuando comenzó la entrada masiva de entre 70.000 y 80.000 migrantes desde Marruecos, un total de 2.168 menores – de los que aproximadamente 800 cruzaron la frontera sin acompañamiento de un adulto – , según informaron fuentes del Ministerio del Interior este martes. No obstante, fuentes tanto del Cuerpo como de organizaciones humanitarias creen que la cifra de jóvenes que llegaron a la ciudad durante los dos últimos días del mes es superior debido a que muchos de los menores, sobre todo varones, se encuentran viviendo en las calles, sin haber sido identificados, y escondidos entre arbustos. Save the Children cifró la semana pasada en hasta 4.000 los niños y adolescentes que aún se encuentran fuera del sistema de acogida.

La necesidad «urgente», como han definido a lo largo de estas casi tres semanas de crisis migratoria los diferentes ministros que se han acercado hasta la ciudad para coordinar la gestión de la situación, de trasladar a estos menores a otros puntos del país viene recogida en el real decreto que el Gobierno aprobó en agosto del año pasado y que prevé la declaración de contingencia de los territorios cuando las necesidades de acogida se multiplique por tres. Ceuta, como Canarias, lleva en situación de contingencia desde que el Congreso dio el visto bueno a la medida.

La última actualización que el Ministerio de Infancia y Juventud realizó respecto a las plazas que puede albergar cada territorio establece en 29 los usuarios a los que pueden dar cabida en situación normal y hasta las 83 en circunstancias de saturación. A lo largo de los últimos meses, el Gobierno había hecho ya el traslado de cerca de 700 menores, según fuentes de organizaciones que trabajan con estos niños, pero la situación seguía siendo ya complicada antes de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. Justo antes, la cifra de menores extranjeros no acompañados que se encontraba en la ciudad se situaba en torno a las 400 y 500.

El plan del ministerio que dirige Rego llega en plena ofensiva del Partido Popular, que insta al Gobierno a que devuelva a estos menores de manera inmediata a Marruecos tal y como recoge la ley de extranjería. Una solución que también avala la Comisión Europea, quien este martes llamó a que «todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados», al tiempo que defendieron que «nadie que permanezca irregularmente en la ciudad será trasladado a la península».

La respuesta por parte de Génova no se ha hecho esperar. El primero en mostrar su rechazo al plan del Gobierno fue el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, quien defendió que «el interés del menor es estar con su familia, en su entorno» y recordó que «hay una petición de Marruecos para que los niños vuelvan». En una entrevista en Antena 3, el responsable económico del PP se apoyó en las palabras tanto del ministro de Interior, Fernando Grande – Marlaska, como de su homólogo de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, respaldando el retorno de los menores a su lugar de origen, así como en el aval de la UE, para cuestionar si el Ejecutivo de Sánchez vela realmente por el interés superior del menor. «Si hay petición de Marruecos y si Europa ha dicho que por favor vuelvan los niños y los no niños que han entrado de manera irregular, ¿qué más necesita el Gobierno?», se preguntó.

La tesis la replicó poco después la portavoz en el Senado, Alicia García. En su comparecencia en la Cámara, para avanzar la intención del partido de reprobar en el primer pleno de septiembre a cinco ministros por su plantón al Senado para evitar dar explicaciones por la gestión de la crisis, la senadora volvió a ratificar el rechazo del partido y añadió que «lo que nos convence es cumplir con el pacto de migración y asilo» y que «todos los inmigrantes ilegales que están en Ceuta sean retornados».

La postura de ‘Génova’ respecto al futuro de los menores migrantes levantó, una vez más, molestias dentro del Gobierno. La ministra Sira Rego, a través de un mensaje en redes sociales, criticó la postura sostenida por los populares. Aseguró que es “una barbaridad” querer deportar a unos jóvenes que “vienen de situaciones de violencia o abuso que impiden su retorno” bajo el principio de “los niños con sus padres” y defendió que su departamento realizarás las gestiones pertinentes “respectando el marco jurídico vigente” y siguiendo todas las “garantías”. La dirigente de Sumar acusó, además, a Feijóo de caer en “generalizaciones para encubrir oportunismo político y sumarse a las posiciones racistas de Vox” y de estar “criminalizando” a los jóvenes migrantes.

Los populares registraron este lunes una proposición no de ley en el Congreso en el que reclaman, entre otras medidas, el «retorno inmediato» de todas las personas que han accedido irregularmente a la ciudad autónoma en las últimas semanas y que aún permanecen allí. Una devolución, que los de Feijóo reclaman desde hace semanas y que debe aplicarse «tanto a adultos como a menores». En el caso de los menores, desde Génova se insiste en que «no están desamparados» puesto que han sido reclamados por Marruecos por lo que instan a activar los convenios bilaterales de repatriación familiar existentes con Rabat.