El periplo migratorio de quienes buscan una vida mejor no concluye al cruzar el mar ni al superar el espigón fronterizo de Ceuta. Para miles de personas que abandonan sus países de origen huyendo de la falta de horizontes, la violencia o la miseria, la frontera no es un mero punto geográfico delimitado por vallas o patrulleras; es una realidad fluida e invisible y móvil que les acompaña a lo largo de todo su trayecto por Europa.

La decisión del alcalde de Donostia (racista y aporófoba) de prohibir las cenas solidarias en la vía pública constituye un claro reflejo de cómo la frontera exterior se desplaza y reconfigura en el seno de las ciudades europeas, mutando en barreras administrativas, estigmatización y restricción del espacio público común.

Ceuta: El primer filtro de la desigualdad global.

Durante años, las costas e instalaciones de acogida en Ceuta han sido el rostro visible de una crisis de acogida estructural. Decenas de personas, muchas de ellas jóvenes solos, arriesgan a diario la vida en el mar con la esperanza de acceder a territorio europeo. Sin embargo, la respuesta institucional en el punto de entrada tiende a centrarse en la contención y la seguridad, ofreciendo itinerarios de integración a menudo saturados o fragmentados.

Cuando estas personas logran avanzar hacia el norte peninsular o el resto de Europa, se topan con un vacío institucional significativo. Sin permiso de residencia ni trabajo, y ante la escasez de recursos habitacionales y sociales de emergencia, la calle se convierte en su único refugio.

«La frontera ya no está únicamente en los espigones de Ceuta ni en las aguas del Estrecho; se reconfigura en las plazas de nuestras ciudades cuando se penaliza dar un plato de comida a quien no tiene donde dormir».

Donostia y el veto al apoyo comunitario.

En este contexto, la prohibición en Donostia de las reparticiones informales de comida —que atendían diariamente a alrededor de 300 personas en situación de extrema vulnerabilidad, muchas de ellas jóvenes migrantes— ilustra una dinámica preocupante. Al argumentar razones de “seguridad ciudadana”, “salubridad” o “uso no autorizado del espacio público”, las instituciones locales corren el riesgo de criminalizar la pobreza y la respuesta solidaria de la sociedad civil.

Vincular la delincuencia o la degradación urbana a las iniciativas de reparto de alimentos desplaza el foco del verdadero problema: la falta de viviendas accesibles, la rigidez de la Ley de Extranjería y la insuficiencia de los comedores sociales públicos.

Dos caras de una misma lógica.

Tanto en el rechazo en Ceuta como en la persecución de la solidaridad en Donostia subyace una misma premisa: invisibilizar la exclusión en vez de resolverla. Se pretende que la vulnerabilidad no ocupe ni las playas ni las plazas principales.

Sin embargo, prohibir un plato de comida en la calle no erradica el sinhogarismo ni detiene los flujos migratorios motivados por la búsqueda de dignidad. Al contrario, despoja a las personas recién llegadas de un espacio fundamental de socialización, respeto y apoyo mutuo, dejándolas en una situación de aún mayor desamparo y vulnerabilidad ante redes de explotación.

El debate abierto en Donostia está conectado con la realidad de Ceuta y las fronteras del sur: no se puede exigir una gestión humanitaria en las costas mientras se aplica la exclusión y el control punitivo en los barrios del norte. La construcción de ciudades acogedoras e inclusivas exige reforzar los servicios públicos de inclusión, pero también respetar y colaborar con la solidaridad comunitaria, reconociéndola no como una amenaza al orden urbano, sino como un síntoma imprescindible de empatía y justicia social.