El Palacio de la Carrera de San Jerónimo registrará una actividad frenética a partir del próximo martes. Hasta siete ministros desfilarán por sus salas en apenas tres días tras la decisión del Gobierno de esquivar el escrutinio del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y canalizar exclusivamente en esta Cámara las explicaciones sobre la crisis que vive Ceuta desde hace tres semanas, cuando sufrió la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos.

Según el calendario oficial, el desfile de ministros comenzará el 25 de agosto con la comparecencia de Margarita Robles, quien este miércoles plantó a la Cámara alta tras cancelar la cita alegando la necesidad de disponer de «más tiempo» para elaborar un informe «preciso y exhaustivo» sobre el despliegue del Ejército en la frontera ceutí. La decisión traslada sus explicaciones parlamentarias al periodo ordinario de sesiones, ya en septiembre, profundizando más si cabe el choque institucional entre el Gobierno y el Senado.

La Cámara que preside el popular Pedro Rollán estudia ya emprender «acciones políticas y legales» y exigir responsabilidades formales a través de los órganos internos por lo que considera «rebeldía democrática» y un menosprecio al control parlamentario por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La principal vía que se valora es la presentación de un nuevo conflicto de atribuciones – llevan ya más de una docena esta legislatura – que debe resolver el Constitucional, aunque exploran también otras «fórmulas jurídicas».

Al frente de los reproches se sitúa el ministro del Interior, Fernando Grande – Marlaska, quien ignoró las peticiones de comparecencia argumentando supuesta «falta de tiempo» en la preparación. La misma línea fue adoptada por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, provocando acusaciones de desprecio institucional desde la Mesa del Senado. Sendas citas a las que también faltaron la mayoría de grupos parlamentarios con la excepción de PP, Vox y Junts.

Para reconducir el control de la agenda política, el Gobierno ha articulado un macrodespliegue en el Congreso para la última semana del mes. El calendario previsto sitúa el peso principal de la gestión internacional y de seguridad nacional en las jornadas del martes 25 cuando defenderá la actuación del Ejecutivo la ministro de Defensa; el jueves 27 será el turno del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el viernes 28 de agosto del jefe de la diplomacia española y de Grande – Marlaska. El objetivo conjunto de este bloque es coordinar un relato firme ante el desafío fronterizo y la presión diplomática con Rabat.

Sin embargo, el despliegue del Ejecutivo no se limitará al núcleo duro de la seguridad. Debido al fuerte impacto humanitario y social que la situación genera en la ciudad autónoma, el Congreso acogerá también esa misma semana un segundo bloque de comparecencias específicas. A las ya conocidas se sumarán la titular de Sanidad, Mónica García, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Deberán responder a las exigencias de la oposición sobre la saturación sanitaria, la dotación de recursos de acogida temporal y el reparto de menores no acompañados.

La oposición, liderada por el PP y con una dura ofensiva de Vox, acusa a los socialistas de utilizar el Congreso como un «escudo protector» para esquivar la fiscalización real del Senado y le recuerdan que el Reglamento del Senado obliga legalmente a los miembros del Gobierno a acudir a sus comisiones. La confrontación política promete un cierre de agosto de alta tensión en las Cortes Generales, donde la crisis fronteriza de Ceuta se cruzará de lleno con un conflicto institucional de imprevisibles consecuencias jurídicas.