A punto de cumplirse tres semanas de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes en Ceuta la situación está lejos de volver a normalidad. La presión migratoria que sufre la ciudad autónoma ha recrudecido el enfrentamiento entre el Gobierno y el PP que se cruzan continuos reproches por la «inacción» de unos y el supuestos afán por «tensionar» de los otros mientras el Consejo General del Poder Judicial ve necesario reforzar los juzgados locales para hacer frente a la crisis.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, acusó este martes a Génova de instrumentalizar la crisis al imponer «directrices» partidistas a las comunidades que «complican» la colaboración necesaria entre las distintas administraciones y advirtió de que estará «vigilante» por si el presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas, decide «cortar la línea de subvención» de las entidades sociales que están ayudando a los extranjeros en situación irregular. «Nosotros no estamos aquí para calentar nada. Aquí nosotros estamos para exigir, para demandar y para reclamar para Ceuta la normalidad», le replicó la vicesecretaria de Regeneración del PP, Cuca Gamarra, de visita este martes en el enclave africano.

En el segundo día de su estancia en Ceuta, Saiz afeó al PP haber virado hacia un discurso migratorio radical, afirmando que los populares son ahora «presos de su alianza con la ultraderecha». Desde la perspectiva de Moncloa, el partido de Alberto Núñez Feijóo no acude a la ciudad autónoma a cooperar, sino a buscar rédito electoral mediante la confrontación con el Ejecutivo. «Cuando vemos la presencia del Partido Popular, aquí en Ceuta, la pregunta para mí es muy clara. Vienen a colaborar, a mejorar la situación en Ceuta o vienen a hacerse fotos con agitadores o a tensionar», criticó la también portavoz gubernamental en una entrevista en la Ser.

Saiz reprochó a Vivas que tras el salto masivo de la valla de 2021, en el que llegaron al menos 10.000 personas de forma ilegal hubo «una colaboración» para la habilitación de espacios de acogida que ahora han tardado 18 días en empezar a instalarse. El Ejecutivo trabaja para poner en marcha cuatro nuevos emplazamientos con capacidad para acoger a 1.500 migrantes y no descarta ampliarlas a un total de 4.000. Las cifras oficiales aproximan todavía una presencia en las calles de la ciudad autónoma de unos 8.000 ilegales, muchos de ellos menores.

Según Interior, 2.168 niños y adolescentes ya han sido identificados y puestos a disposición del Gobierno local, que mantiene su intención de acudir a la justicia si Pedro Sánchez y su Gabinete no adoptan las medidas que permitan recuperar la normalidad en la ciudad autónoma.

Lejos de rebajar el tono, el líder nacional del PP aprovechó un acto público en Ribadeo para conmemorar el aniversario del nacimiento de Leopoldo Calvo Sotelo para elevar la crisis a una dimensión estructural y de Estado. Feijóo arremetió contra la gestión de Moncloa, describiendo al gabinete de Pedro Sánchez como un Gobierno «ausente, inerte e indiferente» ante la integridad territorial y la soberanía nacional en Ceuta. El expresidente de la Xunta ridiculizó la actitud del presidente del Gobierno, reprochándole estar más centrado en promocionar vídeos informales en redes sociales que en atajar la «ocupación» de una parte del territorio español.

La crítica del líder de la oposición fue mucho más allá de la gestión fronteriza y Feijóo enmarcó la inacción en Ceuta y los recientes pactos del Gobierno dentro de una estrategia global mucho más alarmante: un supuesto «programa destituyente» diseñado para liquidar el consenso de la Transición. A su juicio, el Ejecutivo está operando una mutación constitucional clandestina con el fin de sustituir el actual Estado autonómico por uno plurinacional de carácter confederal. Y lo está haciendo «por la puerta de atrás», gobernando a golpe de real decreto ley, arrinconando al Congreso y careciendo por completo de una mayoría social que respalde dicha transformación.

El líder popular también cargó contra el menoscabo que, según él, sufren los pilares del régimen de 1978, denunciando los ataques «sin precedentes» proferidos hacia la Corona por el titular de Transportes, Óscar Puente, y la progresiva colonización partidista del Poder Judicial y las instituciones públicas. El ministro calificó públicamente de «ignominia» el hecho de que Felipe VI accediese a hacerse una fotografía con el agitador Javier Negre en el marco de la toma de posesión del presidente de Colombia. Para el político gallego es «inadmisible» que un miembro del Consejo de Ministros ataque el arbitraje y la neutralidad del Rey con un lenguaje «tabernario» que degrada la dignidad institucional.

Para el PP, el Gobierno de Sánchez ha entregado las llaves del Estado a las fuerzas soberanistas, quebrando el sistema de garantías jurídicas y dividiendo activamente a la ciudadanía en dos bandos irreconciliables con vistas a plantear los próximos comicios generales , previstos para el verano de 2027 si no se convocan antes, como un plebiscito divisivo.