De personas titulares de derechos a amenazas para la seguridad y la integridad territorial

La crisis de Ceuta ha vuelto a poner de manifiesto un fenómeno que se repite de manera recurrente en las fronteras europeas: la transformación de las personas migrantes en objetos de sospecha, amenaza y confrontación política. Esta transformación constituye uno de los principales efectos y defectos del proceso de securitización de las políticas migratorias desarrollado por la Unión Europea durante las dos últimas décadas. La migración deja de ser abordada como una cuestión de derechos humanos para ser interpretada como una amenaza que exige respuestas excepcionales.

En este contexto, las personas migrantes dejan de ser reconocidas como sujetos de derechos y pasan a ser tratadas como cifras, flujos, riesgos o presiones sobre la frontera. Se trata de un proceso psicológico, social y político que refleja la necesidad permanente de construir el “enemigo” en el imaginario colectivo europeo. Occidente históricamente ha necesitado un enemigo, empieza a ser simbólico y se convierte en real. El migrante o la migrante criminalizada es el enemigo de la Europa del siglo XXI.

La criminalización no se limita a la aprobación de leyes más restrictivas. También se construye mediante el lenguaje mediático. Escuchamos conceptos como “avalancha”, “invasión”, “asalto”, “efecto llamada”, “presión migratoria” o “crisis migratoria”, que generan la percepción de que Europa se enfrenta a una amenaza criminal organizada y permanente.

Diversos estudios sobre comunicación política muestran que este tipo de narrativas producen una asociación automática entre migración, inseguridad y pérdida de control del Estado, aunque la evidencia empírica no respalde esa relación de forma generalizada.

En el caso de Ceuta, durante los primeros días de la crisis, numerosos responsables políticos y medios de comunicación utilizaron expresiones como “invasión”, “ataque a la soberanía” o “amenaza para Europa”. “Avalancha” también se ha empleado, circulando videos sobre peleas y enfrentamientos, desplazando el foco del elevado coste humano de la tragedia hacia un marco eminentemente securitario.

Este cambio de enfoque y de perspectiva tiene consecuencias profundas. Cuando la prioridad política y nacional pasa a ser proteger la frontera antes que proteger a las personas, el sufrimiento humano queda relegado a un segundo plano. De tal forma la criminalización de personas migrantes es un proceso psicológico estudiado consciente que se sustenta, además, en procesos de deshumanización, donde las personas dejan de ser identificadas por sus nombres, trayectorias o historias vitales para convertirse en categorías impersonales: “ilegales”, “irregulares”, “avalanchas”, “flujos” o “masas”. “Cifras”, en definitiva, haciendo olvidar que detrás de los números hay historias, duelos, daños, lágrimas y violencia.

Esta despersonalización facilita la aceptación social de medidas que, aplicadas a cualquier otro colectivo, resultarían difícilmente compatibles con los principios del Estado de derecho: devoluciones sumarias, internamientos prolongados, restricciones al acceso al asilo o el uso de la fuerza en contextos fronterizos.

Como señaló Zygmunt Bauman, las sociedades contemporáneas tienden a convertir al extranjero en el depositario de sus incertidumbres colectivas. En contextos de crisis económica, polarización política o inseguridad, el migrante incluyendo a la infancia migrante, se transforma en un chivo expiatorio sobre el que se proyectan miedos que tienen un origen mucho más amplio que la propia movilidad humana.

Frantz Fanon ya advertía en muchos de sus ensayos que la deshumanización constituye una condición previa para justificar sistemas de dominación y exclusión. Cuando determinados grupos dejan de ser percibidos como iguales en dignidad y derechos, resulta más sencillo legitimar políticas excepcionales sobre ellos.

Desgraciadamente, que la situación de Ceuta pase de ser una crisis humanitaria a una confrontación política ayuda mucho al proceso de criminalización de las personas migrantes en los inconscientes colectivos de occidente.

De facto la entrada masiva de personas en Ceuta generó una emergencia humanitaria sin precedentes recientes, está claro, y las organizaciones presentes sobre el terreno denunciaron la insuficiencia de recursos para atender adecuadamente a miles de personas, entre ellas menores de edad, mujeres y personas heridas o en situación de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, gran parte del debate público se desplazó rápidamente hacia cuestiones relacionadas con la seguridad, el control de fronteras, criminalización de los y las migrantes mediante la normalización del discurso xenófobo y el uso habitual de terminología como “remigración”, “deportaciones masivas”, “fronteras impermeables” o “preferencia nacional” para etiquetar humillar y deshumanizar a la persona migrante.

El gran error histórico es que la criminalización de quienes migran no reduce las causas de la movilidad ni evita nuevas tragedias. Por el contrario, contribuye a justificar políticas de contención que desplazan las rutas hacia itinerarios más peligrosos, incrementan el número de muertes y desapariciones y alimentan un clima de polarización que dificulta la construcción de respuestas sostenibles.

Desde una perspectiva de derechos humanos, la obligación de los Estados es gestionar las fronteras respetando el derecho internacional, garantizando el acceso efectivo al asilo, evitando las devoluciones contrarias a las garantías legales y protegiendo la vida y la dignidad de todas las personas.

La defensa de unas fronteras compatibles con los derechos humanos exige sustituir la lógica de la amenaza y la criminalización de la persona del migrante por una política basada en la protección de las personas, la cooperación internacional, la creación de vías legales y seguras y el abordaje de las causas estructurales que impulsan la movilidad humana. Solo desde ese enfoque será posible responder a desafíos complejos sin erosionar los principios democráticos, desarraigar a personas y destruir vidas.