Dieciocho días después de la llegada de migrantes, las Administraciones han empezado a ampliar los espacios de acogida en Ceuta. El Gobierno ha anunciado este lunes la habilitación de 1.500 plazas temporales distribuidas en cuatro emplazamientos, tres de titularidad estatal y uno cedido por la ciudad autónoma.

La medida llega después de casi tres semanas en las que la falta de plazas ha obligado a cientos de personas a permanecer en las calles, las playas y asentamientos improvisados. “Las condiciones en las que sobreviven los migrantes son cada vez peores debido a la falta de comida, agua potable, asistencia sanitaria o un techo en el que dormir”, denunciaba María Jiménez, presidenta de la asociación Elín, en declaraciones a Público hace unos días.

Las organizaciones que trabajan sobre el terreno llevan semanas reclamando más recursos de acogida para hacer frente a la emergencia humanitaria. Aunque valoran positivamente la ampliación anunciada ahora, advierten de que las nuevas plazas siguen siendo insuficientes para atender las necesidades de todas las personas migrantes que se encuentran en Ceuta. “Nos queda la duda de qué es lo que van a hacer con el resto de la población migrante, que son miles”, apunta la ONG Luna Blanca a Público.

Estos nuevos espacios están destinados a personas adultas o familias con niños, ya que el Gobierno central es competente en la acogida de migrantes adultos. Así, la medida no resuelve la situación de los menores no acompañados, cuya protección corresponde a la ciudad autónoma y que, según reclama Save the Children, siguen necesitando recursos específicos.

Catalina Perazzo, portavoz de la organización, explica a Público que los equipos de la ONG continúan encontrando niños y niñas en situación de calle, tanto en campamentos improvisados como en playas, bosques y calles. “Hay muchos niños y niñas que necesitan ser filiados. Se deberían reforzar los mecanismos para identificarlos y que se lleven a cabo valoraciones individuales para ver qué es lo mejor para cada uno de ellos”, señala.

En estos casos debe primar el interés superior del menor, por lo que cada situación debe valorarse de forma individual. La primera opción es la reagrupación familiar siempre que exista un entorno seguro y que sea lo mejor para el niño, de no ser así deben contemplarse otras alternativas de protección.

Las estimaciones de los colectivos en el terreno sitúan en alrededor de 4.000 el número de menores que se encuentran actualmente en Ceuta. De ellos, solo unos 1.500 estarían dentro del sistema de protección, según los cálculos de Save the Children. La mayoría, por tanto, permanece todavía fuera de ese sistema, en campamentos improvisados, playas, bosques o calles, a la espera de ser identificados y derivados a un recurso adecuado.

“Hay niñas que están asustadas y se esconden en los bosques porque creen que si les coge la Policía les van a devolver. Pero luego hay muchos otros, que sí se sabe dónde están”, explica la portavoz. Palazzo asegura que tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como el Gobierno ceutí conocen que hay menores en algunos de esos asentamientos, pero muchos todavía no han sido identificados ni derivados a los recursos de protección.

Una situación que es especialmente preocupante en el caso de las niñas, ya que, según Save the Children, estas menores “están expuestas a violencias e incluso muchas de ellas han sufrido abusos durante el trayecto migratorio” y necesitan una atención especializada. La organización también ha detectado niños con golpes y problemas de salud, incluidas enfermedades infecciosas como la sarna. “Es necesario fortalecer la atención sanitaria porque, además, en las condiciones en las que viven, en los bosques, en la playa o en la calle, no hay condiciones de higiene suficientes”, denuncia Perazzo.

Las niñas comienzan a ser realojadas
Mientras la respuesta institucional empieza a llegar, durante estas semanas han sido los vecinos de la periferia quienes se organizaron primero para ofrecer una solución, especialmente a las mujeres y menores. En el barrio de El Príncipe, los vecinos habilitaron un polideportivo como refugio improvisado para ofrecerles un techo seguro y mantenerlas en un espacio diferenciado, de manera provisional, mientras esperaban las medidas de los gobiernos.

Desde este viernes algunas de las menores han empezado a ser reubicadas a dos naves habilitadas por la ciudad y dos centros escolares, aunque estos últimos deberán quedar libres en unas semanas para el inicio del curso.

Mientras esperan a ser trasladadas, algunas menores siguen durmiendo en el polideportivo sobre colchones donados o directamente sobre la pista, al no haber suficientes para todas. Además, la falta de baños está produciendo problemas de salubridad. “No tenemos baños en el polideportivo. La ciudad ha puesto un baño para 400 personas y se forman colas de 100 personas para entrar. Hay gente que no puede aguantar y va a la zona aledaña a realizar sus necesidades y el olor sube a los vecinos. La situación es muy insalubre, ya está habiendo infecciones”, relata Abdellah Mustafa, presidente de la asociación de vecinos de Sidi Embarek.

Asegura que la voluntad de ayudar sigue intacta, pero que cada vez tienen menos medios para seguir haciendo “un trabajo que deberían realizar los Gobiernos”. “Todos los vecinos del barrio estamos ayudando desde el primer momento a estas personas que solo buscan sobrevivir, pero ya nos estamos quedando sin recursos y sufrimos un agotamiento físico y psicológico”, manifiesta.

Según explica, las autoridades han agrupado a los migrantes en la periferia intentando que no se desplacen al centro de la ciudad. De hecho, el presidente ceutí Juan Jesús Vivas, ha asegurado en una comparecencia extraordinaria este lunes, que se opone a ceder espacios para el realojo de personas migrantes en zonas céntricas debido a las “quejas” de los vecinos.

Así, Mustafa denuncia que la respuesta a la emergencia ha recaído especialmente sobre unos barrios que ya parten de una situación económica más desfavorable, el barrio de El Príncipe es una de las zonas con menor renta media por habitante de España.

Mónica García reclama un plan similar al de 2021
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado que el Gobierno de Ceuta no haya habilitado espacios suficientes para las personas migrantes, como sí hizo en 2021 durante la pandemia para poder acoger a estas personas y garantizar el control de la salud pública. “Nos estamos jugando, en el caso de mis competencias, una prevención de la salud pública y de la transmisión de enfermedades”, ha asegurado este domingo durante su visita a la ciudad autónoma.

García ha recordado además que es la séptima ministra que se desplaza a Ceuta, junto al presidente, Pedro Sánchez. “El Gobierno está ahí desde el minuto uno, no ha habido abandono y sí intento de solucionar una situación muy compleja”, ha defendido.

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha acusado a la ministra de “desviar el foco” y ha endurecido su discurso asegurando que acudirá al Poder Judicial ante la “pasividad” del Gobierno. Además, ha censurado que todavía no se conozca con precisión cuántas personas de las que entraron los días 30 y 31 de julio permanecen en la ciudad ni cuántos expedientes de devolución o expulsión se han iniciado y ha vuelto a insistir en que la vuelta a la normalidad pasa por el retorno a Marruecos de las personas adultas que accedieron ilegalmente a Ceuta durante aquellos días.