La cuestión sumaria de este breve artículo es si el régimen democrático, un conjunto algo mayor que su gobierno, está en condiciones de hacerse cargo de Ceuta y Melilla, golpeadas como nunca, desde el 30 de julio, en su voluntad de ser marcas territoriales europeas. Su ilusión por alcanzar del Ejecutivo ventajas fiscales y de turismo, al envidiable modo del vecino Gibraltar, no ha escapado en cincuenta años de relaciones de la democracia con Marruecos a su largo pasado de fortificaciones periféricas en constante situación de peligro.

Por lo pronto, de la espiral de ansiedad y desmoralización acerca del futuro como ciudades viables solo puede sacarla en estas primeras semanas quien, en marzo del 2022, jugó una carta muy personal, la de una paz duradera en las plazas de soberanía, a cambio de la absorción por Rabat del antiguo Sáhara español, territorio distante y distinto para Madrid. No ha sido mucho, ni un lustro, el tiempo de calma ganado con esas letras del presidente español, que invertían la posición ­diplomática tradicional, solícito Sánchez de una audiencia con el rey marroquí –“con impaciencia” se decía en ella– días después de saltar en Melilla la valla varios miles de inmigrantes africanos. La carta, que nos fue dada a conocer por el destinatario, es otro episodio en la que el conjunto del Estado pivota sobre decisiones, acertadas o no, estrictamente personales, de las que no tuvo conocimiento el resto del Gobierno.

En otro giro de no menor calibre que la amnistía a Puigdemont, y sin conducirse por los canales institucionales de una democracia parlamentaria, quedaba afectada la zona cero de nuestra ­política exterior y de seguridad: el Estrecho. Por cuya otra orilla campaba satisfecho el acuerdo que suprime la frontera con el Peñón, firmado a primeros de julio, donde España pasa a un segundo plano. Negociación de la que resulta inimaginable que Marruecos no haya seguido con toda atención, y alarma quizá, viendo en ella un marco de relaciones inédito, entre la Unión Europea y el Reino Unido, con transferencia de responsabilidades sobre Gibraltar a Bruselas por parte española.

El colapso de confianza en el gobernante español, pero no menos respecto al monarca alauí, merece un nuevo viaje­ a Rabat, cinco años después. En concreto, a cambiar que el punto 1 del “partenariado” sea, de una vez, la cooperación económica y policial en frontera, bien por delante del reconocimiento a un Sáhara marroquí, como concede el de 2022. La sostenibilidad de las dos pequeñas ciudades lo merece tras una conmoción sin igual, que echa a rondar la memoria de los desastres en el norte de África, ahora en una variante postcolonial de aquellas guerras. Si no, que lo haga otro jefe de gobierno.