En febrero de 2020, Turquía abrió las puertas a más de 13.000 personas en las fronteras con Grecia, con el objetivo de aumentar la presión sobre la UE para obtener más recursos para la acogida de refugiados y apoyo a las operaciones militares en el norte de Siria. En mayo de 2021, Marruecos permitió la entrada en Ceuta de más de 10.000 personas en dos días, en plena crisis diplomática por la hospitalización de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. A finales de ese mismo año, Bielorrusia provocó una crisis migratoria en las fronteras de Polonia, Letonia y Lituania, enviando a más de 200.000 personas para presionar a la UE.

Esta forma de coerción se conoce como instrumentalización de la migración como arma: el uso de los movimientos de población como herramienta de presión política o geopolítica. En los últimos días, tras la llegada de miles de personas a Ceuta —que el Ministerio del Interior ha situado en torno a las 72.000—, hemos vuelto a escuchar esta expresión. También hemos leído y escuchado análisis sobre las motivaciones de Marruecos, el papel de las redes de tráfico y la responsabilidad de los distintos actores. Sin embargo, hay una pregunta que nadie está respondiendo: ¿qué elementos de nuestro propio modelo de gestión fronteriza hacen posible esta instrumentalización?

La Unión Europea está obsesionada con reducir los flujos migratorios de manera rápida. Una de las principales respuestas ha sido externalizar el control migratorio: llegar a acuerdos con terceros países para que contengan los movimientos antes de que lleguen a territorio europeo. Marruecos es hoy uno de los socios fundamentales de esta política, junto con otros países del norte y el oeste de África y del Sahel, como también lo fue Níger, donde se establecieron controles policiales y militares en zonas desérticas para dificultar el cruce hacia Argelia o Libia.

Así, se desvían los flujos hacia itinerarios más difíciles y peligrosos, reduciendo su afluencia, pero también incrementando la mortalidad y reforzando el mercado de las mafias, que se convierten en la única opción para cruzar.

De esta manera, se ha conseguido, a finales de 2025, que las entradas en situación administrativa irregular se hayan reducido en más de un 25% gracias a los acuerdos con terceros países. Pero esta reducción no se debe a cambios estructurales en los patrones migratorios, ni al refuerzo de los sistemas consulares para facilitar la solicitud de visados, ni a una mayor capacidad para atender a solicitantes de asilo en origen. Depende, sobre todo, de las buenas relaciones con estos países y de la intensidad con la que implementen estas políticas.

Y estos países cuentan con que el miedo a las tensiones entre los socios europeos que surgen tras cada crisis migratoria garantizará, en muchos casos, el éxito del chantaje.

Por eso, es una amenaza para la seguridad nacional ceder la gestión de un talón de Aquiles europeo a terceros países. Les garantiza la capacidad de ejercer coerción de manera constante —aunque la mayor parte del tiempo sea invisible para el público— y nos condena a episodios de instrumentalización como los que hemos visto estos últimos días en Ceuta.

Ante esta situación, es necesario un cambio en la gestión de las fronteras: recuperar capacidades propias y apostar por un modelo resiliente, capaz de hacer frente a los shocks, que garantice la defensa de los derechos humanos y, al mismo tiempo, refuerce la capacidad consular.

Actualmente, la estructura diplomática del Estado español es muy débil para afrontar este reto. La capacidad de gestión de solicitudes es muy limitada, el sistema de citas está externalizado en empresas alrededor de las cuales han proliferado redes irregulares y, sobre todo, no existe una opción real y generalizada para solicitar asilo desde el origen. Todo ello contrasta con un mercado de trabajo que no solo requiere más migración cada año, sino que, al mantener sectores estructuralmente instalados en la economía sumergida, genera también una demanda de trabajadores en situación irregular.

Si un joven, con el apoyo familiar que le permite reunir los miles de euros que cuesta un viaje irregular, pudiera solicitar un visado de búsqueda de empleo durante seis meses y solo tuviera que gastar 500 euros en vuelos y viajar de manera segura y cómoda, si su proyecto migratorio no prosperara, podría volver a casa. Pero cuando una persona pasa años preparándose para cruzar una frontera y endeuda a toda su familia durante mucho tiempo, fracasar deja de ser una opción.

Del mismo modo, si una persona perseguida por su etnia, en medio de una crisis humanitaria, pudiera acudir a una oficina consular, solicitar asilo y contara con un sistema internacional de reparto de cuotas que implicara a los países con capacidad de acoger, no tendría que arriesgar su vida en una ruta irregular.

Incluso un sistema de green card lottery, como el de Estados Unidos, que distribuye cada año decenas de miles de permisos de residencia mediante un sistema de selección aleatoria, mostraría a las personas que existen mecanismos para llegar a Europa sin convertir cada movimiento en una batalla fronteriza.

Acabar con la externalización de las fronteras es una de las pocas cuestiones en las que diferentes espacios políticos e intereses —como la dicotomía entre la seguridad humana y la seguridad nacional— pueden encontrar un punto de coincidencia.

Europa debe renacionalizar sus fronteras, no para cerrarlas, sino para hacerlas menos vulnerables. Debe construir un modelo resiliente, con vías legales y seguras de migración y protección internacional, una red consular con capacidad real y mecanismos de reparto de responsabilidades entre los Estados.

Porque la movilidad humana no desaparecerá. La cuestión es si Europa será capaz de gestionarla sin convertirla en su propio talón de Aquiles.