El PP eleva la presión sobre el Ejecutivo por su «indolencia, incapacidad e inacción» en la crisis de Ceuta y registra en el Congreso una proposición no de ley (PNL) exigiendo un mando único y la activación de la Ley de Seguridad Nacional en la ciudad autónoma. Los populares mantienen sus críticas contra Pedro Sánchez por continuar de vacaciones, «en su hamaca con sus bermudas», mientras el enclave español afronta «un desafío directo a la soberanía e integridad territorial de España». «No se puede subcontratar ni ceder nuestra soberanía a un tercer país», aseveró la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, remarcando que el Estado debe defender sus fronteras con estructuras propias.

El texto registrado por el primer partido de la oposición contempla un paquete urgente de once medidas que serán sometidas a votación en la Cámara baja a la vuelta del parón de agosto. Entre ellas, el «retorno inmediato» de todas las personas que han accedido irregularmente a la ciudad autónoma en las últimas semanas y que aún permanecen allí, que el Gobierno central estima en 5.000 migrantes y las autoridades locales suben hasta 8.000. Una devolución, que el PP reclama desde hace semanas y que debe aplicarse «tanto a adultos como a menores». Respecto a los menores no acompañados, Gamarra defendió que «no están desamparados», puesto que han sido reclamados por Marruecos, e instó a activar los convenios bilaterales de repatriación familiar existentes con el país vecino.

Una reivindicación contra la que cargó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien apeló desde Ceuta a que los de Feijóo rompan su «sumisión» a Vox en cuestiones migratorias y sea un partido de Estado «a la altura de la situación». «El PP ha dado un giro que se va intensificando. No paran de poner palos en la rueda para no cumplir el principio de solidaridad», criticó la también portavoz gubernamental tras reunirse con Vivas.

Para aliviar la asfixia institucional que padece el territorio ceutí, el PP propone también un plan nacional de normalización. Dicha estrategia incluye el envío inmediato de 50 funcionarios especializados en extranjería procedentes de comisarías de toda la geografía nacional, denunciando que el último refuerzo gubernamental se limitó a tan solo seis agentes. Asimismo, la iniciativa demanda la implicación formal de la Unión Europea mediante el despliegue de Frontex en la zona, recordando que los límites de Ceuta constituyen las fronteras exteriores del espacio europeo.

La comparecencia de Gamarra sirvió también para cerrar filas con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, quien esta misma mañana lanzó un ultimátum de 30 días a Sánchez antes de emprender acciones legales si no resolvía por completo la situación, y para poner en el punto de mira a la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien el PP pide «soluciones» ante la «situación sanitaria». La dirigente conservadora cargó tintas contra ella por «insultar a los ceutíes» y negar un colapso sanitario que los propios médicos de la ciudad denuncian de forma desesperada.

La también responsable de Justicia de los populares exigió una vez más «transparencia informativa total» al Ejecutivo para esclarecer qué alertas específicas emitieron los servicios de Inteligencia, civiles y militares, semanas antes de que estallara esta crisis fronteriza. El PP insiste en que el Gobierno Central poseía datos de primera mano y decidió ignorarlos. Vox ha pedido ya la desclasificación de los informes del CNI y de las comunicaciones con Rabat.

Con esta ofensiva, Génova busca forzar un cambio drástico en lo que definen como una «política migratoria equivocada» basada en regularizaciones masivas, prometiendo llevar el debate a las Cortes en cuanto se reanude el periodo de sesiones. Pero antes de que eso suceda, los de Feijóo exigen la convocatoria urgente de la Diputación Permanente – está prevista para la próxima semana – para que se debata la comparecencia en el Congreso de la ministra Saiz para que explique el impacto que las políticas desarrolladas por el Ejecutivo, como la regularización masiva, han tenido sobre la gestión de la inmigración irregular.

También quieren que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, explique la «ausencia total de medidas» en relación a los menores, y con especial atención a las niñas. «Es una absoluta irresponsabilidad, una absoluta indolencia y una absoluta vergüenza que con los datos que se tienen de ataques sexuales a mujeres y a niñas se esté mirando hacia otro lado por parte del Gobierno de España», critico Gamarra.