Si algo quedó claro el sábado es que el control de la frontera por Marruecos hace imposible una avalancha como la que vivió Ceuta el 30 de julio. De la llamada a intentar de nuevo el día 15 la entrada masiva en España, y por lo tanto en Europa, solo quedan imágenes de la represión marroquí a las largas filas de personas que pretendían acercarse a la valla de la playa del Tarajal, y a los soldados españoles blindando el acceso por si alguno se colaba. Ninguno lo consiguió. No se puede ver como un triunfo que, pese a lo que sucedió en julio, cientos o miles de personas sigan intentándolo, porque demuestra la desesperación de tantísima gente. ¿Qué será de ellos? La forma en la que actúa el país vecino no augura nada bueno. Y en el caso de los subsaharianos será mucho peor.

No podemos acogerlos a todos y, si no, que se lo pregunten a los que siguen en Ceuta esperando escapar de la devolución a Marruecos, sea a través de las mafias que pululan por la ciudad autónoma, en especial por la playa del Trampolín, donde se han congregado sobre todo subsaharianos, sea en los bajos de un camión de feria, como hemos visto otras veces, o sea por un traslado, sobre todo de menores, a la ­Península.

Lo que hemos constatado después de quince días es que Marruecos no es un socio tan fiable como se ha dicho, aunque la avalancha de julio les sorprendiera a ellos también, o al menos sus consecuencias, haciendo que al final le fuera imposible frenarla, después de hacer la vista gorda para ¿darle un toque a España? La jugada les salió mal, porque la imagen de su rey y del país entero ha quedado tocada. Pero el prestigio de España también, por mucho que el eclipse haya vuelto a poner al país en todos los informativos internacionales, porque el eclipse pasa y la situación que vive Ceuta continúa.

Ceuta no aguanta más. No es racismo, ni xenofobia ni falta de solidaridad, es que una ciudad no puede suplir a un Estado, en casos como este, por mucho que los servicios sociales dependan de una administración y el control de fronteras de otra. Si uno falla, el problema es de todos, y no se soluciona con visitas diarias de ministros que se van y todo sigue igual. Al menos eso parece, y al carecer de explicaciones estamos en el derecho de pensarlo. Sería más fácil informar y trabajar mano a mano todas las administraciones, como si fuera uno de los incendios que estamos pade­ciendo.

También sería bueno que Gobierno y Senado no se enzarzaran en la pelea de si compareces el miércoles o si voy el mes que viene. No se trata de que la Cámara Alta tenga o no potestad para controlar al Ejecutivo, que la tiene, está en la Constitución, y que los ministros no se puedan negar a acudir, no pueden. En estos 48 años de historia democrática a nadie se le había ocurrido, y por eso no hay mecanismos coercitivos para obligarles.

No se trata de eso. Se trata de que los españoles, y más los ceutíes, tienen derecho a una explicación, a saber qué ha pasado, por qué, qué ha fallado, qué se va a hacer con los dos mil o diez mil que aún deambulan por la ciudad. No se trata de unir inmigración y delincuencia, pero cuando los inmigrantes no tienen ni qué comer, la seguridad peligra.

Sería bueno que el Gobierno actuara con la misma celeridad con la que convocó una reunión con las autonomías para hablar del reparto de los menores cuando aún no se sabe cuántos son. Supongo que fue para poner en evidencia a los gobiernos del PP en los que Vox tiene la competencia de los menores no acompañados. Objetivo conseguido. Inaceptable que se negaran a acudir los responsables de Castilla y León, Extremadura y Aragón, con presidentes del PP, que tenían que haber mandado a alguien aunque no fuera su competencia. No se puede dejar que un partido minoritario marque la política de una comunidad. Si no, que se atenga a las consecuencias.