La

inmigración representa uno de los grandes desafíos políticos de nuestro tiempo. Y no lo es porque sea un fenómeno nuevo, sino porque nunca, hasta ahora, había adquirido una dimensión tan global, tan permanente y con una capacidad tan profunda para transformar las sociedades de acogida.

Hablar de inmigración exige abandonar los extremos. No vale instalarnos en el buenismo que parece ignorar los problemas reales derivados de una inmigración descontrolada, ni tampoco en los discursos simplistas que identifican cualquier proceso migratorio con una amenaza. Entre ambos planteamientos, existe una posición sensata, responsable y profundamente democrática, que defiende una inmigración legal, ordenada, vinculada a las necesidades del país y plenamente compatible con el respeto a la dignidad de las personas y con la seguridad de nuestras fronteras.

Controlar las fronteras y respetar los derechos humanos no son objetivos incompatibles

, sino dos caras de una misma responsabilidad. Un Estado incapaz de controlar quién entra en su territorio tampoco puede garantizar adecuadamente la integración de quienes llegan legalmente, ni ofrecer seguridad jurídica a sus propios ciudadanos.

Es de justicia recordar que España no siempre fue un país de destino. Durante gran parte del siglo XX fuimos, sobre todo, una nación de emigrantes.

Miles de españoles hicieron la maleta con destino a Francia, Alemania, Suiza, Bélgica o Luxemburgo buscando aquello que aquí no encontraban: un empleo,

un salario digno y la posibilidad de ofrecer un futuro mejor a sus familias. Aquellos hombres y mujeres levantaron carreteras, trabajaron en fábricas, en minas y en el campo, y lo hicieron con esfuerzo, sacrificio y un profundo respeto por las leyes y las costumbres de los países que les acogieron. No exigían privilegios. Simplemente aspiraban a una oportunidad.

Esa memoria colectiva debe servirnos para afrontar el debate migratorio con humanidad, porque

sabemos lo que significa abandonar la propia tierra por necesidad

, pero también con responsabilidad, porque nuestros emigrantes comprendieron que integrarse significaba respetar las normas del país que les abría sus puertas, compartiendo un proyecto común basado en el trabajo, el esfuerzo y la convivencia.

La política migratoria no puede organizarse desde la improvisación

, ni desde los mensajes que terminan incentivando la inmigración irregular. Cada decisión adoptada por nuestro Gobierno tiene consecuencias que trascienden nuestras fronteras. Los episodios vividos en Ceuta, con la llegada masiva e irregular de personas desde Marruecos, han evidenciado hasta qué punto el control de las fronteras constituye una cuestión de Estado y cómo la presión migratoria puede convertirse incluso en un instrumento de tensión diplomática cuando no existe una respuesta firme, coordinada y respaldada por las instituciones nacionales y europeas.

España no puede permitirse transmitir la imagen de que sus fronteras son vulnerables.

Defender nuestras fronteras no significa levantar muros contra las personas, sino proteger el Estado de derecho

, combatir a las organizaciones criminales e impedir que miles de personas arriesguen su vida en travesías extremadamente peligrosas.

Pero, también, una política migratoria responsable debe ser consciente de la realidad demográfica y económica de nuestro país.

España envejece y determinadas actividades presentan serias dificultades para cubrir sus demandas de empleo. Negar esa realidad sería tan irresponsable como ignorar la necesidad de controlar nuestras fronteras.

La respuesta, por tanto,

no pasa por abrirlas sin límites ni cerrarlas completamente, sino por ordenar los flujos migratorios con vías legales de acceso vinculadas al empleo

, reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito, agilizar los procedimientos administrativos y exigir, al mismo tiempo, el cumplimiento de nuestras leyes.

Integrar consiste en compartir derechos y asumir deberes.

Significa aprender nuestra lengua cuando sea necesario, respetar nuestras leyes, aceptar los principios constitucionales, reconocer la igualdad entre hombres y mujeres

, garantizar la libertad religiosa dentro del marco constitucional y contribuir al sostenimiento del Estado del bienestar mediante el trabajo y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Pero es también imprescindible aceptar que la convivencia se construye desde la proximidad y que la solidaridad no puede imponerse desde un despacho sin tener en cuenta la realidad de quienes deben gestionarla sobre el terreno. Son los ayuntamientos quienes escolarizan a los menores, atienden los servicios sociales, gestionan el padrón y conocen, de primera mano, las necesidades de cada barrio y de cada municipio. Con esto,

resulta imprescindible que cualquier política migratoria tenga en cuenta la capacidad real de acogida de los territorios

, dote a las administraciones locales de los recursos necesarios para afrontar ese desafío y considere a la coordinación institucional como una condición indispensable para que la acogida sea eficaz y la integración tenga éxito. Sin reglas no existe esa posibilidad, y, sin una inmigración ordenada, terminan perjudicándose tanto quienes llegan como quienes ya viven aquí.

Y, por último, cabe recordar que una parte de la sociedad percibe que el acceso de los inmigrantes a determinadas ayudas públicas genera situaciones de agravio comparativo con quienes llevan toda una vida contribuyendo con sus impuestos. Con independencia de que esa percepción responda siempre o no a la realidad, lo cierto es que cuando un ciudadano siente que el esfuerzo realizado durante años no recibe el mismo reconocimiento que quien acaba de llegar, se resiente la confianza en las instituciones y se debilita la cohesión social. El Estado del bienestar debe evitar esa sensación de injusticia, protegiendo a quien más lo necesita, pero

desde criterios de objetividad, transparencia y equidad

, y garantizando que las ayudas respondan a circunstancias sociales y económicas, y no al origen de las personas.

Por todo esto, frente a quienes reducen este debate a consignas,

es necesario promover una política de Estado, que combine firmeza y humanidad

, proteja nuestras fronteras sin perder de vista la dignidad de las personas, combata la inmigración irregular y, al tiempo, facilite la inmigración legal que nuestra economía necesita, garantizando la seguridad sin renunciar a la solidaridad.

Ese equilibrio, alejado tanto de la demagogia como del inmovilismo, representa una forma de entender la política basada en la responsabilidad. La solidaridad necesita orden para ser sostenible y la integración necesita justicia para ser aceptada. Solo desde ese equilibrio, podremos construir una España abierta, segura y cohesionada,

donde nadie se sienta extranjero por venir de fuera, pero tampoco por haber nacido aquí.