Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, hace poco más de un año y medio, Estados Unidos ha logrado controlar el hemisferio occidental, por la vía militar y política, una de las ambiciones explicitadas en la Estrategia de Seguridad Nacional, publicada en diciembre de 2025, en la que se enfatizaba que el continente americano debía ser la esfera de influencia de Estados Unidos y que debería ser expulsada cualquier “injerencia extranjera”, en una clara alusión a la persistente influencia de China en América Latina.

Washington ha desplegado aceleradamente la nueva versión de la doctrina Monroe, la llamada ‘Donroe’ por el juego de sílabas con el nombre de Trump, para consolidar su dominio en lo que vuelve a ser su patio trasero con los objetivos de frenar a Pekín, controlar el acceso a las materias primas esenciales y mejorar la cooperación contra el narcotráfico y las corrientes migratorias.

Estados Unidos ha usado la fuerza para atacar durante meses a supuestas ‘narcolanchas’ y ha depuesto y secuestrado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Políticamente se ha visto beneficiado por siete victorias electorales consecutivas de candidatos conservadores, del centro a la extrema derecha, en todo caso dóciles con Washington. En muchas de esas citas con las urnas, Trump ha aupado a su candidato. En Honduras supeditó la ayuda de EE.UU. al triunfo de Nancy Asfura, que ganó por menos de un punto tras un escrutinio de tres semanas. En Argentina acudió al rescate de Javier Milei con un préstamo de 20.000 millones de dólares antes de las legislativas. Y también respaldó repetidas veces a Abelardo de la Espriella, otra victoria muy ajustada por menos de un punto.

Queda por ver qué táctica utiliza Trump en Cuba, isla a la que tiene asfixiada con un bloqueo energético, para derrocar al régimen comunista, la última reliquia de la guerra fría junto a la Nicaragua de Daniel Ortega, que acaba de proclamar su decisión de no volver a convocar elecciones libres. Cuba sería la guinda del control estratégico del hemisferio occidental, tras haber neutralizado a China en la gestión del canal de Panamá y de coaccionar en Canadá y México con aranceles comerciales y, en el segundo caso, de amenazar constantemente de intervenir militarmente para luchar contra los cárteles de la droga.

Estados Unidos, nada más empezar el mandato del ultraderechista Abelardo de la Espriella, anunció una ayuda de mil millones de dólares a Colombia y el nuevo presidente ha correspondido con la decisión de integrar a Bogotá en el Escudo de las Américas. La cifra es muy inferior a los 9.600 millones de dólares que Washington invirtió en el Plan Colombia durante 16 años. Pero ahora la Casa Blanca desdeña este tipo de convenios. Tiene un ‘plan América’, diseñado a partir de este peculiar escudo que celebró su primera cumbre en Miami en marzo pasado. Esta iniciativa de Estados Unidos, a la que se han apuntado 18 países –incluidos algunos con gobiernos progresistas como Guatemala, Jamaica o Guyana– permite a Trump disponer ya de un corredor geográfico y de libertad plena para extender sus tentáculos en América Latina.

La plataforma ha alumbrado un primer hijo, la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), una herramienta que concede barra libre a Trump para organizar operaciones conjuntas. Su primera decisión ha sido finiquitar la Operación Lanza del Sur de destruir ‘narcolanchas’. Con un balance de 60 embarcaciones atacadas y 221 muertos –según la oenegé independiente Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)–, se ha transformado en el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental, definido por el comandante del Southcom, el general Francis Donovan, como el brazo ejecutor del Comando Sur “para enfrentar las amenazas”.

Hasta el momento, las únicas operaciones conjuntas llevadas a cabo por Estados Unidos en territorio sudamericano fueron lanzadas en Ecuador y, aunque apenas han trascendido detalles, esta semana el Washington Post revelaba un programa encubierto de la CIA con operaciones de vigilancia de aviones que despegaron desde El Salvador e insólitos bombardeos con drones a barcos pesqueros en las islas Galápagos. De las escaramuzas en suelo ecuatoriano, la organización Human Rights Watch publicó un informe en julio pasado donde documentó ataques y torturas contra civiles. “La cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador ha sido demasiado opaca y peligrosa para los ecuatorianos”, afirmó Juanita Goebertus, directora para América de la oenegé.

De la Espriella ha declarado el fin de la política de diálogo y parte de ese paquete de ayuda de mil millones prometido por Trump incluye operaciones coordenadas entre los dos países y la erradicación de los cultivos de coca. “El nuevo gobierno ha identificado correctamente muchos de los desafíos de seguridad que enfrenta Colombia, pero es poco probable que un enfoque de mano dura, por sí solo, logre resolverlos y podría provocar un repunte de la violencia”, afirma Renata Segura, directora del Programa para América Latina y el Caribe del Grupo Internacional de Crisis (ICG), que acaba de presentar el informe El fin de la ‘paz total’ y los riesgos de una política de mano dura en Colombia . “El presidente entrante también debería evitar repetir los errores del pasado, cuando los despliegues militares provocaron ciclos de violencia y minaron la confianza de la ciudadanía en las fuerzas del Estado”, advierte Segura.

De Centroamérica a la Tierra del Fuego, la cordillera andina queda a expensas de la voluntad de Trump. Keiko Fujimori quiere mejorar relaciones con Washington y ha prometido desbloquear la compra de 24 aviones F – 16 Block 70 a EE.UU. –por valor de 3.500 millones de dólares–. Fujimori, cuyo padre abrió el país a China, el gigante asiático que se ha convertido en el primer socio comercial de Perú, ha nombrado también como ministro de Exteriores a Carlos Espá, un antiguo trabajador de la embajada de EE.UU en Lima. Si en octubre Lula da Silva perdiera la presidencia de Brasil frente a la ultraderecha de la familia Bolsonaro, el conjunto de Sudamérica quedaría en manos de gobiernos conservadores excepto la Venezuela chavista, un país intervenido de facto por Washington, y Uruguay.

Tras el triunfo de De La Espriella, una tercera parte de la población de América Latina vive bajo gobiernos de ultraderecha y la mitad bajo las directrices de partidos de derecha, aunque las barreras de las esferas políticas son difusas, con opciones en los que importa más el populismo y el caudillismo que las afinidades ideológicas. El ecuatoriano Daniel Noboa ganó las elecciones con una propuesta de centro, pero ha entrado en una deriva autoritaria con postulados dignos de la ultraderecha, frenado parcialmente por la derrota en un referéndum con el que pretendía ampliar su poder y la instalación de bases militares de EE.UU. reformando la constitución.

Los gobiernos de la ola conservadora en América Latina comparten su lenguaje de mano dura contra el crimen organizado y la migración, y la promesa de revertir el lento crecimiento económico, que promedió un 1,5% entre 2016 y 2025, según datos de Cepal. Chile y Perú van a militarizar sus fronteras. Y los líderes de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá han prometido la construcción de megacárceles al estilo Bukele. Pero otro rasgo que les une es la fidelidad de Trump.

La profunda brecha ideológica que divide ahora el continente se percibe en detalles como el rechazo del gobierno de Colombia a permitir la ayuda de los equipos de rescate de México, que gozan de reputación internacional, durante el terremoto de esta semana. Colombia solo aceptó personal especializado de EE.UU., Ecuador, Israel y El Salvador, todos ellos gobiernos afines.

Aunque más de la mitad de los habitantes de América Latina está gobernada por la izquierda, gracias al peso demográfico de México y Brasil, a nivel territorial Estados Unidos ha logrado establecer un corredor para controlar los países de producción de cocaína y de rutas de narcotráfico. Sólo le falta encontrar una fórmula para poder actuar en México, que produce el fentanilo que se infiltra en EE.UU., pero Claudia Sheinbaum finalizará su mandato en 2030, después que lo haga Donald Trump, y confía en el éxito de su táctica dilatoria.